Una multimillonaria deuda arriesgaría la seguridad social de los maestros

Los operadores del servicio de salud de los maestros afiliados al magisterio se preparan para librar una batalla jurídica y administrativa por los más de 230.000 millones de pesos que les adeuda la Fiduprevisora por tratamientos de alto costo y depuración de bases de datos desde hace casi dos años.

Según la IPS Emcosalud, las consecuencias de esta deuda vienen produciendo una situación tan apremiante en las entidades, que no está lejano el día en el que los profesores no puedan recibir atención por falta de disponibilidad financiera para el suministro de medicamentos, disponibilidad de equipos, camas hospitalarias y demás.

Sin embargo, hay un plan B que si bien evitaría el incumplimiento de los deberes asumidos con los pacientes, también podría afectar los intereses de estos.

Si bien la prioridad se centra en que las operadoras del sistema de salud de los maestros perciban los dineros de las facturas vencidas, que ascienden a 230.000 millones de pesos, la deuda total supera los 470.000 millones, un monto que podría afectar la sostenibilidad financiera para el pago de cesantías y pensiones de los maestros.

La demora en el pago de los servicios radica en que la Fiduprevisora tiene muchas dudas y las facturas de cobro están soportadas en procedimientos que realmente se hicieron. Por ejemplo, encontró cuentas de cobro por citologías o partos y a la hora de verificar quiénes recibieron los servicios, resultó que se trataba de pacientes hombres.

Como estas, se han registrado otras inconsistencias en las facturas, muchas de las cuales además no han sido radicadas oportunamente. Esta desatención por parte de los operadores también ha jugado un papel determinante en el retraso de la cancelación de las facturas. De hecho, los mismos operadores recuerdan que la Fiduprevisora anunció que se harían auditorías para verificar la validez de los cobros.

El problema es que el tiempo corre y no pasa una cosa ni otra. Ni pagan ni declaran que no lo harán. Según el gerente de Emcosalud, Abel Sepúlveda, ya van dos años desde cuando se anunció la auditoría y hasta ahora no ha pasado nada.

Así las cosas, no se ha podido verificar quiénes son los responsables de esos cobros inexistentes, si es que los hay, pero tampoco se ha hecho efectivo el pago de los dineros para el sostenimiento de clínicas y hospitales responsables de estos servicios.

Si no se encuentra una pronta solución, los operadores no descartan acudir a un tribunal de arbitramento y solicitar un embargo de las cuentas de la Fiduprevisora por 470.000 millones de pesos, lo que afecta la disponibidad para el pago de pensiones y cesantías.

Aun cuando esa posibilidad es remota debido a que la Constitución y la ley prohíben expresamente embargar dineros de la Nación dispuestos para el pago de ese tipo de obligaciones, lo cierto es que la deuda sigue creciendo y si las reclamaciones de los operadores de los servicios de salud son legítimas, el pago podría equivaler a casi medio billón de pesos, deuda que afectaría la sostenibilidad de las deudas de cualquier entidad.