Fraude a Colpensiones: van tras la pista de 1.000 casos más

Si hay un acto de corrupción que le duela a los trabajadores colombianos son los desangres al sistema pensional. En un nuevo fraude con recursos públicos, se robaron el equivalente del dinero con el que Colpensiones le habría podido pagar un mes de pensión a más de 5.000 trabajadores jubilados con el salario mínimo.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, el caso habría comenzado el 8 de mayo del 2014, cuando la trabajadora Liseth Paola Arauza prestó su computador de trabajo a una compañera de Colpensiones para que esta escribiera su carta de renuncia a la institución. En este descuido, Tavera habría aprovechado para ingresar al sistema informático de la empresa sin autorización y realizar una modificación al historial laboral del afiliado Juan Afanador.

De esta manera, de un plumazo, Afanador se habría ganado tres años en su carrera por conseguir la pensión. El truco consistió en cambiar su fecha de ingreso a la institución de enero de 1984 a enero de 1981.

Lo que no sospechaba en ese momento la mujer hoy imputada, es que con esa acción puso al descubierto una modalidad de fraude que se venía fraguando dentro de la empresa.

La denuncia que interpuso Paola Arauza en junio de ese mismo año ante la Oficina de Control Interno de Colpensiones por el mal uso de su computador se remitió posteriormente a la Fiscalía, desde donde inició la cadena de investigaciones, liderada por la misma entidad. 

Con el tiempo, la Unidad de Delitos Informáticos de la Dijín recolectó suficiente información para que la Fiscalía capturara a 11 contratistas de Colpensiones que aparentemente beneficiaron de manera irregular a 174 personas.

Sin embargo, el caso podría ser mucho mayor, ya que las autoridades siguen la pista de casi 1.000 casos más de sujetos que hicieron trampa para acceder a su pensión o modificar su historial laboral a través de empleados de Colpensiones que todavía están en proceso de identificación.

Esta es la primera parte de un gran operativo por venir, anunció el subdirector de la Dijín, el coronel Pablo Ferney Ruiz Garzón en rueda de prensa. Lo cual fue confirmado por el servicio de prensa de Colpensiones. Ahora, la entidad comenzará las operaciones para recuperar los cerca de 5.000 millones de pesos que fueron concedidos en pensiones de manera irregular.

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El modus operandi del robo de las pensiones

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía explicó que los miembros de esta red eran presuntamente contratistas que pasaron del liquidado Seguro Social a Colpensiones. Sus contratos laborales fueron asumidos por la nueva entidad, considerando que se trataba de personas que tenían amplia experiencia en el manejo de los sistemas informáticos.

Sin embargo, en sus nuevos cargos, fueron señalados de organizarse en una red delincuencial que cobraba por la modificación de los historiales laborales entre 10 y 100 millones de pesos, según la complejidad del trabajo y el ingreso que representara.

Para lograr sus fines, los empleados habrían incurrido en dos modalidades: la primera, consistió en inventar desde cero el historial laboral de una persona que nunca hubiese estado afiliada al Seguro Social ni a Colpensiones; es decir, de la nada acreditaban mágicamente 20 años de trabajo (1.100 semanas) para poder pensionarse.

En tanto que la segunda consistía en modificar el número de semanas cotizadas por trabajadores reales para que se pudieran jubilar más pronto sin haber cumplido el total de tiempo requerido. En algunas ocasiones, lograban que la persona cumpliera repentinamente la edad para pensionarse.

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Los contratistas habrían logrado situarse en puestos estratégicos de la compañía, de manera que garantizaran tener injerencia en cada paso de la cadena sin ser descubiertos. Según el mapa presentado por la Fiscal, en este grupo participaron ocho generadores de historiales laborales, primeros responsables de acreditar a las personas que ingresaran a Colpensiones; un sustanciador, responsable de palomear las propuestas (quien presuntamente se saltó los protocolos de seguridad de la empresa) y tres revisores encargados de dar el visto bueno a los dos cargos anteriores.

El ente acusador les imputó los delitos de estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público, fraude procesal, violación de los datos personales y concierto para delinquir. Acusaciones aceptadas por dos de los sindicados.

Según Colpensiones y la Dijín, el desmantelamiento de la red delincuencial evitó la pérdida de 33.000 millones de pesos.

Sin embargo, aun están por darse a conocer los resultados de cientos de nuevos casos que podrían traer a la memoria épocas negras de corrupción en la institución. Como es el caso del escándalo de mediados del 2015, cuando el fondo de pensiones fue víctima de un detrimento de cerca de 75.000 millones de pesos por cuenta de abogados que creaban falsas historias médicas de enfermos graves para conseguir pensiones por invalidez.

Sobre todo si se tiene en cuenta que mirando un poco más atrás, la corrupción fue una de las enfermedades terminales que acabó con el Instituto de Seguro Social.

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