La Fundación Natura y la organización CDP plantearon varias recomendaciones para que la ganadería sea más amigable en Colombia. Liberar áreas ganaderas para fomentar la conservación y herramientas tecnológicas que mejoren la información pecuaria, son algunas de las propuestas. Y la intención es razonable.
Pero, en Colombia cerca de 34,4 millones de hectáreas son dedicadas a la ganadería, mientras las zonas aptas para esta actividad no superan los 15 millones de hectáreas, lo cual significa que 19,4 millones de hectáreas se sobreutilizan en relación con su vocación, con graves daños ambientales en el corto y en el largo plazo.
Se trata de un problema de gran magnitud, cuya solución requiere acciones de fondo y de amplio espectro, máxime cuando la deforestación anual, de seguir la tendencia, supera las 200.000 hectáreas. Es decir, en cinco años se sumarían un millón de hectáreas al mal uso de la tierra en Colombia.
Para atacar este problema, es necesaria la mayor claridad posible sobre sus causas, con la respuesta de interrogantes como ¿por qué se deforesta? y ¿cómo esos suelos desnudos se dedican a la ganadería? En lo primero, tres son los principales factores: la colonización de tierras baldías o frágiles por parte de campesinos para lograr su sustento, mediante cultivos de pancoger y la extracción de madera, así como esta última actividad por parte de empresarios; los cultivos ilícitos; y la minería ilegal, de daños casi irreversibles.
Al final, estas tierras terminan, en la mayoría de los casos, compradas o apropiadas violentamente para ampliar o constituir fincas ganaderas; o abandonadas por su escasa productividad. En realidad, la ganadería extensiva es un gran negocio para el empresario, pero un pésimo negocio para el país. Los costos ambientales superan con creces sus beneficios privados.
La solución exige varias acciones, dirigidas a buscar que los campesinos y colonos cambien su actividad depredadora, por una de preservación, para lo cual será necesario garantizarles un ingreso básico o que sus predios se destinen a cultivos sostenibles y rentables, especialmente en zonas cercanas a los centros de consumo.
También es necesario promover e incentivar a los ganaderos para que adopten prácticas de manejo pecuario sostenible y lograr la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y, en los casos protuberantes, hacer erradicación forzosa; enfrentar la minería ilegal y formalizar la tradicional.
Avances a media marcha
No se puede negar que se han hecho y se hacen esfuerzos en ciertas zonas, como en Cesar y Caquetá, como los que menciona el artículo de la revista Semana Sostenible del 28 de enero, titulado “Pinceladas para reducir la deforestación por ganadería”. Pero en realidad, como se reconoce en el mismo artículo, “el país aún está lejos de hacer masivas las prácticas sostenibles para esta actividad.” No se trata de seguir con “pinceladas”, sino con grandes brochazos, si de verdad se quiere atacar el problema.
Loables los esfuerzos de las entidades mencionadas, que, desde 2013, con 13 fincas en Caquetá, desarrollan procesos de transformación a ganadería lechera sostenible. Pero cinco años después apenas cuentan con 5.800 hectáreas de bosque bajo conservación. Es decir una extensión muy modesta en relación con los problemas de mal uso del suelo en el mismo Caquetá.
Además, este proyecto piloto podrá ser replicable en algunas partes, que cuenten con condiciones adecuadas para que los suelos soporten una explotación ganadera. Pero existen otras áreas en que esto no será posible, sino que se requieren diversas modalidades de conservación, revegetalización, reforestación, prácticas silvopastoriles y aún agrosilvopastoriles.
Inversión para reverdecer
El punto esencial radica en que, para lograr que Colombia reverse la tendencia de la deforestación, es necesario formular y ejecutar un plan de gran calado, que permita anualmente una conservación o recuperación de no menos de 200.000 hectáreas para evitar que se agrave el problema.
¿Dónde están las propuestas para una recuperación de esta magnitud? ¿Seguimos en Colombia pensando en términos micros o, de verdad, abocamos con agresividad la solución de este, uno de los grandes problemas ambientales del país?
Lograr una cobertura de esa dimensión, que involucra miles de campesinos, requiere la combinación de diversas formas de lucha, como dirían los grupos guerrilleros hace unas décadas. El reto técnico es enorme pero el financiero mucho más. No sabemos cuántas familias están en las zonas de colonización, cuántas atentan contra los páramos, cuántas en cultivos ilícitos, es decir, no sabemos la magnitud del problema.
Pero si hacemos un cálculo hipotético de atender 100.000 familias (que cubran 200.000 hectáreas), a las cuales se les garantiza un ingreso no inferior a dos salarios mínimos, con el propósito de que no depreden el bosque o acaben con los páramos, sino que los cuiden, significa la inversión anual de no menos de 2 billones de pesos.
Si se agregan los equipamientos sociales, productivos y de infraestructura de transporte, la inversión es de no menos de 6 a 8 billones de pesos año, si se quiere detener la pérdida de la cobertura vegetal y de biodiversidad en el país.
Pago por cuidar el bosque
De tal suerte que se trata de un reto enorme, sobre el cual no tenemos conciencia. Es hora entonces de “estrujarse el caletre”, como decían los antiguos, para diseñar fuentes de financiación para tamaño reto. Por ejemplo, implementar un programa de pago por servicios ambientales para cuidar los bosques, especialmente las cuencas abastecedoras de acueductos y los páramos, a partir de una tasa a los usuarios urbanos del servicio de agua, (del estrato 4 hacia arriba, claro está) para este PSA a las familias campesinas.
En el caso de Bogotá, por ejemplo, con una tarifa entre 3.000 a 10.000 pesos mensuales, se recaudarían alrededor de medio billón de pesos. Si lo mismo se hiciese en las 32 capitales de departamento, no sería difícil recaudar una suma muy importante. Se debe agregar el concurso del sector eléctrico, las CAR y las empresas mineras, así como continuar con los esfuerzos de la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y la sustitución para producción alimentaria con recursos de crédito en zonas de fácil acceso a los mercados.
Además, ya es posible promover otras actividades en estas zonas frágiles, como el ecoturismo, con base en la experiencia de algunos grupos de ex militantes de las FARC, y otras iniciativas, con base en la información técnica y la experiencia de los campesinos, o la creación de reservas naturales de la sociedad civil, con el patrocinio de las grandes empresas.
Lo importante es pensar en programas masivos, ambiciosos, no en pequeños proyectos que nunca se lograrán implementar. Este debería ser uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. Las universidades y los institutos de investigación ambiental pueden prestar un enorme concurso en el frente técnico de esta tarea.
Planes de ordenamiento
Con este panorama, el año 2020, primero de los nuevos alcaldes y gobernadores, y de los nuevos directores de las CAR, es clave porque existe el mandato legal de revisar los planes de ordenamiento territorial (más de 800 en todo el país), una de cuyas funciones esenciales es determinar los usos del suelo, dentro de los cuales están aquellos que se destinan a conservación de cuencas, etc.
De tal manera que la coyuntura es muy favorable para que, con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se formulen planes ambiciosos pero realistas para la conservación de los bosques del país.
Esos planes deben incorporar acciones del orden nacional de tanta importancia para esta finalidad, como completar la cartografía básica (1:25.000 para zonas rurales y 1:5.000 para zonas urbanas), sin la cual es imposible formular ningún plan de trabajo en ordenamiento, cambio climático o riesgos, en que el suelo tiene un papel protagónico para integrar los lineamientos de este ordenamiento con los planes de adaptación y mitigación del cambio climático y el manejo de riesgos. Todos los cuales están relacionados con la preservación de la cobertura boscosa del país.
Este es un verdadero propósito nacional para impulsar nuestro desarrollo de manera sostenible, antes de que sea demasiado tarde.
*Asesor en asuntos ambientales estatales