2021: un año de fortalecimiento de las finanzas departamentales

Si bien es cierto, varias de las soluciones aplicadas en este ámbito tuvieron origen en la contingencia, su aplicación e implementación ha trascendido, demostrando la posibilidad de flexibilizar los recursos de los departamentos y municipios para garantizar su estabilidad y sostener -dentro de límites razonables- la inversión estratégica contemplada en sus planes de desarrollo.

Durante este 2021, desde la Federación Nacional de Departamentos trabajamos hombro a hombro con los gobernadores, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República para lograr, a instancias de la Ley de presupuesto, al menos tres iniciativas fundamentales. La primera, la reorientación de las rentas que los departamentos destinan al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales para que, independientemente de la fecha de autorización otorgada por las Asambleas, comprendieran el valor total programado para toda la vigencia fiscal. Se abrió así una importante fuente para financiar proyectos clave de inversión. Esa reorientación, refrendada para 2022, permitirá a los departamentos disponer de recursos del orden de los 450.000 millones de pesos para inversión y gasto.

El segundo logro fue la autorización para contratar créditos de tesorería durante las vigencias fiscales 2021, 2022 y 2023, pagaderos hasta la siguiente vigencia fiscal. Adicionalmente, los créditos de tesorería contratados en el marco del Decreto 678 de 2020, expedido en virtud de la emergencia, pueden ahora ser cubiertos con operaciones de crédito de largo plazo. Adicionalmente, gracias a esta ley, la nación podrá ahora celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales sin las limitaciones impuestas en el pasado reciente por la Ley de garantías. Sin lugar a dudas, la medida legislativa promoverá la reactivación económica por medio de la continuación y activación de obras de inversión que resultarán en la generación de empleo en las regiones y el apalancamiento de diferentes sectores.

Por último, un nuevo instrumento para la flexibilidad fiscal de los departamentos fue habilitado con el PGN 2022, pues, de manera innovadora, es ahora permitido pignorar las asignaciones de regalías de los fondos regionales -antes solo se podía hacer con las directas- para proyectos de inversión declarados por los departamentos y el Gobierno nacional como de importancia estratégica regional. Este tipo de instrumentos dan un respiro para la planeación de grandes obras, pues permitirán los cierres financieros de importantes megaproyectos.

La sinergia nación-región sirvió para modificar el indicador de sostenibilidad, definido por la relación entre deuda e ingresos corrientes, que pasó del 80 al 100 %. Al propio tiempo, el indicador de solvencia, definido por las variables intereses y ahorro operacional, subiera del 40 al 60 %, con lo cual aumenta la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales en condiciones financieras que favorecen su pago.

En otras medidas, la gestión concertada entre la nación y el trabajo de la FND impidió incluso que algunos departamentos bajaran de categoría al mejorar los indicadores de responsabilidad fiscal, al ajustarse a los límites de gastos de funcionamiento definidos por la Ley 617 de 2000. La estrategia para conseguir este objetivo consistió en que, derivado de los mayores recursos provenientes de la venta de ACPM girados por la nación, de manera excepcional la Contaduría General de la República modificara las certificaciones de ingresos corrientes de libre destinación y al incluir estos recursos pudiese existir esa equivalencia.

En cuanto a los ingresos propios de los departamentos, vale la pena revisar las cifras del impuesto al consumo de cerveza, licores, cigarrillos y tabaco, quienes siguen significando la mayor fuente de financiación de las entidades territoriales. Aún faltando el balance del cierre de año y época decembrina, el recaudo por este tributo ha alcanzado los niveles de prepandemia y esperamos superarlos.

Lo anterior no es solo un signo de reactivación, sino del gran esfuerzo de las entidades territoriales por prevenir el contrabando y el consumo ilegal. En este ámbito la Federación ha avanzado desde varios frentes, lo primero, fortaleciendo las Secretarías de Hacienda, pues actualmente todas las entidades territoriales, incluyendo Bogotá D. C., cuentan con su propio equipo operativo gracias a la inversión de la FND que supera los 5.400 millones. Además, hemos impulsado el Código Único para la identificación de los productos gravados con el Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Elaborado, cervezas, sifones, refajos y mezclas el cual permitirá en el año 2022 su individualización y estandarización en los actos relacionados con el registro, declaraciones y movilización. La puesta en marcha de la tornaguía electrónica y la actualización de los formularios de declaraciones de los impuestos que administran los departamentos, permitirán más y mejor control y fiscalización de la mano de la tecnología.

Está claro que el proceso de la modernización y fortalecimiento financiero y fiscal de los departamentos es, pues, un proceso que no tiene reversa.