"99,9 por ciento Gaitanista": Polícía de Tarazá

“Sabe qué, 99,9 Gaitanista” le dice un agente de la Policía Nacional destacado en la estación del municipio de Tarazá a un mando medio de la llamada banda criminal emergente los Gaitanistas, meses antes de convertirse en la estructura armada ilegal que hoy es conocida como los Urabeños y que opera en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño, así como en diversas regiones del Caribe colombiano.

La afirmación del agente policial, escuchada a través de una interceptación telefónica, es reveladora por cuanto demuestra hasta dónde llega el compromiso de sectores de la Fuerza Pública con las llamadas bandas criminales emergentes (Bacrim).

Esta llamada cobra especial relevancia hoy cuando se ha conocido que los Rastrojos tienen en su nómina a varios miembros de la Policía y el Ejército, así como a funcionarios públicos de varios municipios de esta subregión de Antioquia.

Los archivos que contienen referencias a esos pagos fueron encontrados en zona rural de Cáceres, hasta donde llegaron las autoridades conducidas por dos ex miembros de esta estructura criminal que horas antes habían asesinado a Ángel de Jesús Pachecho Chancí, alias ‘Sebastián’, máximo jefe de los Rastrojos en una amplia zona del Bajo Cauca antioqueño.

Si bien las cuentas evidencian cómo los Rastrojos incorporaron en su nómina a servidores públicos, el fenómeno no es nuevo y se repite en diversas zonas del país, particularmente allí donde las Bacrim necesitan proteger sus actividades ilegales, anticiparse a la persecución de la justicia y dominar a sus anchas determinados territorios.

La conversación telefónica fue interceptada el año pasado por organismos de seguridad en desarrollo de una investigación a través de la cual pretendían desvertebrar las redes de apoyo que estaban construyendo los Gaitanistas a su llegada a Tarazá para disputarle el territorio a los Rastrojos y apoderarse del negocio del narcotráfico, tanto en su componente de siembra y procesamiento de la hoja de coca, como en el componente de rutas hacia el departamento de Córdoba y la región Caribe. (Escuchar grabación)

En ese diálogo queda demostrado que los nexos de las Bacrim con sectores de la Policía Nacional no son supuestos, que en esas redes hay agentes de todos los rangos y que también son objeto de disputa entre estructuras criminales, pues sin su colaboración es improbable que un grupo armado ilegal de origen paramilitar alcance el dominio de una zona en particular, sobre todo si en ella hay cultivos de hoja de coca o es una ruta clave para el narcotráfico.

La estrategia de reclutamiento de miembros de la Fuerza Pública es sencilla: personas en el pueblo que están articuladas a las Bacrim ubican agentes de la Policía vulnerables a la corrupción y los integran a las redes, y a través de ellos logran permear la institución e involucrar a otros más, a cambio de una compensación económica.

“Si usted ve que hay dos, tres pelaos firmes me los dice”, le dice el mando medio de los Gaitanistas al agente de Policía que está a su servicio. “Péguese una estudiadita de sus manes y dígame a quién hay que darle para que no lo dejemos por fuera y cuadramos”, le reitera el integrante de los Gaitanistas o Urabeños al uniformado. Y agrega: “No queremos cantidad sino calidad”.

La conversación también incluye una amenaza: “todo aquel (policía) que trabaje con estos manes (los Rastrojos) y les colabore a estos manes va a ser enemigo de nosotros y nosotros tenemos con qué defendernos”.

En la conversación se hace alusión a una mujer que identifican como ‘La Mona’. Se trata, según informes de policía judicial, de Marelys Reyes Castillo, una mujer de Tarazá, que desde la llegada de Los Gaitanistas a la localidad se sumó a ellos en trabajos de inteligencia y reclutamiento de agentes de Policía. Hasta el momento no ha sido capturada, pero es la persona clave en la localidad que enlaza a los ahora Urabeños con algunos uniformados.

Tanto la conexión de algunos agentes de la Policía con los llamados Gaitanistas o Urabeños, como la que se viene revelando en el caso de los Rastrojos en el Bajo Cauca antioqueño, abren un debate sobre el papel de algunos sectores de la Fuerza Pública con las llamadas Bacrim, pues las evidencias poco a poco van mostrando una connivencia que afecta la institucionalidad en diversas regiones del país.

La discusión sobre este tema debería ser nacional e involucrar a diversos sectores sociales, políticos y académicos en la búsqueda de soluciones a un problema que, hasta el momento, no se le conocen sus reales dimensiones. Sugiero algunas preguntas: ¿Estas alianzas evidencian una línea de continuidad entre el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) del pasado y las Bacrim del presente? ¿Tiene la Dirección Nacional de la Policía Nacional una estrategia de control interno y de contrainteligencia para detectar aquellos sectores de la Fuerza Pública involucrados con estructuras criminales? ¿Cómo enfrentar la oferta económica que les hacen las Bacrim a los agentes de la Fuerza Pública?

No se trata de un simple problema de corrupción, sino de un asunto mucho más grave y complejo, pues detrás de esas macabras alianzas se perpetran numerosos homicidios, se presentan desplazamientos forzados, ocurren desapariciones forzadas, se intensifica el tráfico de alcaloides y de armas, y se expanden las redes de lavado de activos; además, se compromete la credibilidad de las instituciones, se socava la confianza de las comunidades en la justicia y se deteriora la relación del ciudadano con el Estado. Ese es el problema de tener policías 99,9 por ciento Gaitanistas, o Rastrojos, o Paisas, o Narcos…

*Periodista y docente universitario