A espaldas de la Virgen de Chiquinquirá

Con todo respeto por la tradición, Chiquinquirá es más que la ciudad de la patrona de Colombia. Esta ciudad es la capital del occidente de Boyacá, una región conformada por 12 municipios. Es también una víctima de la guerra esmeraldera con miles de desplazados en la miseria. Allí está el único hospital de la región y, de no haber ocurrido tanta violencia, tendría 15 o 20.000 habitantes, pero por el éxodo son más de 70.000.

Desde hace 60 años, la seguridad regional cuenta con una suerte de ejército privado –permitido por la ley– que no franqueó la entrada a guerrilla alguna, pero que, al calor de confrontaciones por la variada minería, consolidó clanes con grandes fortunas que son los mandamases.

No solo los Carranza, también, Quintero, Sánchez, Murcia, Molina y Triana, entre otros. Ahora están en la palestra las segundas generaciones, quienes exportan gemas y adelantan prósperas empresas agropecuarias, además de participar en política.

A esa cohorte pertenecen el representante a la Cámara por el Centro Democrático Eduard Triana y su primo Wilmar Triana, alcalde de Chiquinquirá desde el año 2020, quien fue avalado por Cambio Radical, ASI, Liberal, La U y Mais, revoltijo que denominó “Coalición sí es posible” luego de ser concejal en dos períodos.

Wilmar Triana ha provocado especiales reacciones de la ciudadanía chiquinquireña por tres decisiones, consentidas por el Concejo, que, fuera de lesionar el patrimonio público, dan el sabor de adjudicaciones a dedo. Mire la primera: convertir la Secretaría de Tránsito en una empresa de economía mixta, con lo cual el “inversionista-socio” seleccionado disfrutará, entre otras, del 48 por ciento de los ingresos por distintos conceptos. Contará con el provecho del convenio previo que Triana firmó con la Policía de Tránsito de Boyacá por 300 millones de pesos.

Es el truco de constituir ese tipo de entidades, conocidas en casos corruptos en Tocancipá y Barranquilla, para trasladar rentas públicas a un tercero particular, que aquí “aportaría 3.174 millones de pesos”. El elegido fue Sinntec S.A.S.-Soluciones Integrales de Innovación y Tecnologías en Movilidad, constituida apenas el 27 de junio de 2023, cuatro meses antes de la escogencia y con solo 1.000 millones de pesos de patrimonio. Huele feo (datacreditoempresas.com.co).

La segunda: la concesión al consorcio de Ecosangil SAS ESP-Empsacol SAS ES, para prolongar la vida útil del relleno sanitario Carapacho por lo menos a 25 años. Firmas con relaciones, según voces regionales, con Fredy Anaya, zar de las basuras de Santander, politiquero, negociante, ducho en saltar legislaciones, que eligió una represente a la Cámara para Petro y maneja “en cuerpo ajeno” la Contraloría de ese departamento. Proyectan en Chiquinquirá un botadero regional similar a El Cucharo en San Gil, un desastre ambiental con basuras de 13 municipios.

La tercera decisión, que tiene en pie a la mayoría de Chiquinquirá, inclusive al alcalde electo, Jefferson Caro, es el proceso de concesión por 20 años y por 3.000 millones de pesos de retribución de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Empochiquinquirá, de los mayores patrimonios públicos, con 17.000 usuarios, la mitad de estrato 2 y la mayoría de ingresos bajos, con tarifa plena por metro cúbico de 3.183 pesos (tanto como el de Bogotá de 3.275) para una facturación anual de casi 11.000 millones.

Dio utilidades en 2018 por 981 millones de pesos y pérdidas en 2019, 2020 y 2021 por -372, -805 y -669. En 2022, merced a subvenciones y transferencias, volvió a resultados positivos. Triana nunca resolvió los problemas técnicos, como la pérdida de agua en redes del 55 por ciento. Las obras por 24.000 millones de pesos, hechas en la captación y en la planta y que aumentaron el costo del bombeo, están glosadas por una veeduría y mantuvo decenas de contratos por servicios, por favores politiqueros, a cargo de la administración de Empochiquinquirá.

Triana no mejoró el recaudo ni la labor comercial, que es muy irregular, pero amplió el objeto social a Empochiquinquirá para pavimentar calles y con ese fin direccionó un contrato por más de 7.000 millones. Lo dará en concesión, con facultades otorgadas por el Concejo, para lo cual están inscritos siete consorcios y cuyo ganador se sabría en diez días, “exprés”, aunque un juzgado de Tunja admitió el 13 de diciembre una acción popular para proteger los derechos colectivos presentada por Sintraemsdes.

Chiquinquirá quedó sin amparo, el Gobierno de Petro se desentendió, la Superservicios en una comunicación aseveró que todo funcionaba bien y Wilmar Triana se apresta a ponerle la cereza a la torta de negociados que horneó. No será la Virgen quien haga el milagro de detener este desastre, solo puede hacerlo una sólida movilización cívica.