“A mis espaldas”

“Si se recibió plata de narcos, fue a mis espaldas”. Esta frase, pronunciada por el expresidente Ernesto Samper cuando estalló el escándalo por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña a la presidencia, se convirtió en un ícono de la historia de las vergüenzas políticas de nuestro país, que quedó bautizado en la memoria nacional como el Proceso 8.000.

Este escándalo se inició con los audios en los que el periodista Alberto Giraldo hablaba con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, capos del cartel de Cali, sobre la financiación de la campaña Samper. En el 8.000, terminaron investigados y condenados candidatos a elecciones regionales, congresistas y ministros.

Pero al presidente Ernesto Samper nada lo tocó. Aunque al principio dijo que eran montajes de sus enemigos, luego de la confesión de su tesorero, Santiago Medina, se sostuvo en que jamás tuvo conocimiento de todo lo que ocurría. Que todo fue a sus espaldas.

Hoy vivimos una especie de déjà vu.

Cada capítulo que se revela de lo ocurrido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en cabeza de Olmedo López y Sneyder Pinilla es más escandaloso que el anterior. Lo que empezó con la compra de 40 carrotanques en La Guajira, por cerca de 46.800 millones de pesos, es hoy el peor escándalo de corrupción de las últimas décadas. Según avanzan las declaraciones de López y Pinilla ante la Fiscalía y la Corte Suprema, se conoce que la UNGRD era la caja menor de los congresistas y el lugar donde se cocinaban sus apoyos en el Congreso a cambio del desembolso de dineros a sus regiones, disfrazados de proyectos de inversión, que hoy se sabe no se hicieron o se hicieron de forma incompleta.

En este escándalo, Olmedo y Sneyder han dicho que están involucrados el ministro Ricardo Bonilla, el hoy exministro Luis Fernando Velasco, el actual director de Inteligencia, Carlos Ramón González (antes director del Dapre), y la exdirectora de regiones Sandra Ortiz, todos funcionarios del círculo cercano al presidente Gustavo Petro.

Pero, además, ha mencionado a nueve congresistas: Wadith Manzur (conservador), Juan Pablo Gallo (liberal), Liliana Esther Bitar (conservadora), Karen Astrith Manrique (curul de paz) y Julián Peinado (liberal), todos ellos de la Comisión Tercera de la Cámara, encargada de Hacienda y Crédito Público. También se ha mencionado a Julio Elías Chagüi (Partido de la U, Comisión Sexta del Senado), Iván Name (Alianza Verde, presidente del Senado), Andrés Calle (liberal, presidente de la Cámara) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde, renunció a su curul).

Lo que se ha conocido es que estos congresistas, con el aval de Olmedo y Sneyder, habrían movilizado recursos hacia las regiones donde tienen sus fortines políticos para, con la excusa de atender distintas emergencias, utilizar el dinero a fin de apalancar a sus candidatos en las elecciones de 2023. Así que no fueron 40 carrotanques; fueron cientos de carrotanques, muros de contención, jarillones, ollas comunitarias, jagüeyes, horas de maquinaria amarilla y volquetas, compra de carros de bomberos, obras para prevención de inundaciones, construcciones de acueductos, compras de tanques de agua y un larguísimo etcétera que utilizaron como fachada para robarse los recursos de emergencia en favor de sus intereses políticos (y de sus bolsillos).

Tristemente, que los congresistas utilicen los recursos de sus regiones para financiar campañas y enriquecerse no es nuevo. El caso Marionetas, del exsenador Mario Castaño, del Partido Liberal, o el de Ciro Ramírez, del Centro Democrático, ocurridos ambos en el Gobierno Duque, son una muestra de que robarse los recursos de los proyectos destinados a las regiones es una práctica de muy larga data en Colombia. Lo que es nuevo acá es que estos señalamientos han ido hasta el círculo más alto del presidente de la república y han llegado incluso a conocerse detalles tan delicados como afirmar que algunos de estos dineros fueron a financiar al ELN.

Pero, a pesar de la aplastante evidencia de la magnitud de este robo de recursos públicos, el presidente Petro sigue vociferando que fue él quien frenó la corrupción de Olmedo al sacarlo de la Unidad del Riesgo y que nada de lo que dicen sus exfuncionarios ha sido comprobado (lo cual no es cierto. Fue la prensa quien destapó estos escándalos, la misma que Petro atacó entonces y tildó de mentirosa).

Pero, además, ahora Petro afirma que nada de la monumental corrupción que ocurría en esta entidad fue de su conocimiento, que Olmedo y Sneyder actuaron como lobos solitarios y que no hay por qué creerles a delincuentes del tamaño de estos dos personajes.

Si así es, ¿qué clase de responsabilidad le cabe al presidente Petro, que no tenía siquiera idea de lo que pasaba en la entidad más importante en este momento? Todos estos recursos fueron desembolsados en la época en la que el país afrontaba la peor emergencia por el fenómeno de El Niño, con incendios forestales, sequías extremas, ausencia de equipos de bomberos y que se sabía iba a ser la antesala del fenómeno de La Niña. ¿No había entonces ningún trabajo de supervisión del presidente o de sus ministros sobre cómo se estaban girando los recursos para atender las emergencias? Es que los funcionarios públicos, a diferencia de los particulares, no solo responden por acción, también por omisión a sus deberes.

Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de Samuel Moreno fue condenado por omitir su deber de asegurar el cumplimiento de las obras de la fase III de Transmilenio, que terminaron feriándose en ese carrusel de la contratación.

No se sabe en qué terminará este gran escándalo de corrupción, pero lo que sí se sabe desde ya es que será un nuevo caso de “todo fue a mis espaldas”.