A Petro no le comieron cuento

A ver si el Presidente se entera: la única impunidad es la de las guerrillas que siguen pontificando desde Cuba y desde sus curules gratuitas. Al M-19 y a otros grupos ilegales esta generosa nación les perdonó sus crímenes, incluidos los de la Farcpolítica y Elenopolítica, igual que a las ONG y sindicatos al servicio de ambas bandas. Militares, parapolíticos y paramilitares han pagado o están pagando con penas de cárcel sus atrocidades. Benévolas, unas, apegadas al Derecho, otras, pero barrotes a fin de cuentas.

El propio fiscal de la Corte Penal Internacional, al que Petro pretendía engañar, le paró en seco: no intervendrán en Colombia porque no es un Estado fallido, aquí hay justicia. Para muchos, lenta, tergiversadora o inexistente cuando interesa. Incluso corrupta en ocasiones. Pero justicia bastante independiente, no del bolsillo del gobernante de turno, como la del tirano de Miraflores, gran amigo del presidente. Lo visitó cuatro veces sin que sepamos qué temas trataron. Benedetti estaba dispuesto a destapar lo oculto, lo pestilente, pero le cerraron la boca, supongo que con jugosas arepas.  

De pronto Petro creía que la CPI es como sus compinches del CIDH, que corren a proteger a la extrema izquierda con cualquier denuncia inventada.

Pero nunca les llevan las reales, como los incontables casos de constreñimiento electoral en las presidenciales y los que habrá en las locales de octubre. Ahí sí reina la total impunidad, debieron encontrar loable obligar a votar por Petro en junio del año pasado.

Tampoco los de octubre serán unos comicios libres en muchas partes de Colombia. Si el Gobierno hace caso omiso a la grave amenaza de las guerrillas, será porque supone que les beneficia: menos opositores y más votos para los suyos. Tanto les conviene que en lugar de sanción, Petro solicitó impunidad para más jefes de las Farc a fin de nombrarlos gestores de paz.

Hay que reconocer que exigir el aval del ELN o las Farc ha sido una constante histórica en Arauca y en determinadas localidades y áreas rurales de otros departamentos. Ahora repiten el patrón, pero con un agravante: son tan descarados, se sienten tan poderosos, que las Farc hacen públicas sus prohibiciones.

Estuve en Guaviare, donde las huestes de Iván Mordisco ejercen control y han advertido que no podrán participar los partidos que no sean afines al Gobierno, sobre todo los de derecha.

Tanto han recuperado el poder de antaño que arrebataron a las Juntas de Acción Comunal la labor de dirimir diferencias entre vecinos, de resolver disputas. Son la única autoridad y la ejercen con puño de hierro. De ahí que hayan subido los homicidios, los desplazamientos y las extorsiones.

Vacunan a todo el que produce y trabaja en algo, incluso están asfixiando a los cocaleros, puesto que exigen 500.000 pesos por kilo de base de coca. Se volvió tan ruinoso el negocio, que los más osados la sacan a escondidas para venderla en Calamar sin pagarles, a riesgo de que los maten si los descubren.

En el vecino Miraflores, en marzo pasado y en solo ocho días, asesinaron a cuatro personas por otras causas. Dejaron los cuerpos en los caminos para que sirvieran de escarmiento. Son muertes que pasan desapercibidas en Bogotá, que les valen cinco al Gobierno y a los petristas del #NosEstánMatando. Como ya no está Duque para rentabilizarlas, ni las suman.

Una de sus víctimas era un indígena que prestaba servicio militar en el Batallón de Carurú. Intentaba pasar vacaciones en su resguardo de Miraflores, a unas seis horas de travesía por río. Cayó en un retén y lo descubrieron porque la guerrilla ahora pide la billetera y el celular sin clave. Revisan papeles, mensajes de texto y fotos. Lo amarraron de pies y manos y lo mataron.

Al igual que en Caquetá, en Guaviare están carnetizando a los vecinos de sus reinos, y entre sus normas figura la prohibición de vender lo que sea a los soldados. En una vereda de Miraflores, dieron 24 horas a cuatro familias de comerciantes y campesinos para que se desplazaran, en represalia por unas ventas a uniformados. Idéntico a lo que hacían las viejas Farc, como bien conocen Timochenko, sus congresistas y senadores.     

Por el miedo reinante y porque son los que de verdad mandan, muchos candidatos andan detrás de jefes guerrilleros para solicitar luz verde, así no figuren dentro de los partidos y movimientos proscritos.

En caso de conseguir el imprescindible aval guerrillero, más importante que el de la formación política legal, deben pagar una cantidad y comprometerse, si pretenden ser alcaldes o gobernadores, a entregar un porcentaje de los futuros contratos. En Arauca oscila entre el 4 y el 5 por ciento; en Guaviare puede rondar el 10 por ciento, la misma cantidad que cobran a vendedores y compradores de fincas.        

Y no venga el Gobierno con el cuento de que Policía y FF. MM. garantizarán elecciones libres. Además de imposible, no les dan respaldo ni herramientas (continuará).