A Ulahi Beltrán le pagaban por charlar

Cuando fue asesor de la Contraloría con sueldo de 20 millones de pesos mensuales, a Ulahi Beltrán le pagaban por charlar. Lo dijo él mismo cuando describió la asesoría que prestaba: “Debe conocerse que el análisis antes citado, fue materia de consideración en el Despacho de la señora contralora, con quien se generaba la interacción al respecto, dándole la retroalimentación del caso como quiera que servía como referente de seguimiento al uso que se les estabadando a los recursos de regalías en los proyectos de salud en los entes territoriales una vez se aprobaban en los respectivos Ocad. Estas revisiones se realizaban sin llevar dicha consideración a actas de reunión ni soportes documentales de recibido de la información, sino únicamente los papeles de trabajo que me permito adjuntar al respecto”. Por charlar o conversar con la contralora Sandra Morelli, sin que de esas reuniones quedara constancia escrita, Ulahi Beltrán, hoy el superintendente nacional de Salud, ganaba hace un decenio 20 millones de pesos mensuales.

Ulahi Beltrán hacía en la Contraloría lo que se le antojaba. En marzo 7 de 2014, la supervisora del contrato, Zoraya López Díaz, le escribió este e-mail: “Doctor Ulahy (sic) me permito citarlo nuevamente a reunión el miércoles 12 en mi oficina a las 10 a. m. para tratar el tema de sus obligaciones contractuales”. Ese día, a las 10 a. m., Ulahi Beltrán le escribió por Blackberry a la supervisora: “Termino una gestión que me encargó SM (Sandra Morelli) sobre intervención clínicas Saludcoop y voy a tu office”.

La supervisora dejó constancia de que Beltrán no se apareció en su oficina. Cuatro meses después, la supervisora le escribió: “Me permito ratificarle hoy 18 de julio el incumplimiento de las obligaciones contractuales”. A Ulahi Beltrán no le importaba. Pasaron dos meses más y la supervisora dejó esta constancia adicional: “Hay incumplimiento de las obligaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15” del contrato. Cuando cambiaron a la supervisora por Jairo Gómez Buitrago, este funcionario señaló que no era idóneo porque no era profesional de la salud como lo era Zoraya López. “No se me puede obligar a lo imposible”, insistió Gómez Buitrago, pero el superior lo obligó a aceptar el nombramiento.

Luego, el funcionario autorizó el pago a Ulahi Beltrán, pese a que incumplió el contrato: “Se vislumbró una posible falta por parte del contratista al no presentar los informes en los plazos estipulados en el contrato, no resulta esto ser una causal de incumplimiento por parte del mismo”. Si esa interpretación fuera válida, ¿por qué en el contrato no se acordó que Ulahi Beltrán presentaría los informes cuando quisiera? Sandra Morelli autorizó el pago de más de 500 millones de pesos de dineros provenientes de los impuestos para cubrir tres contratos que le concedió a Ulahi Beltrán. Era plata ajena con la cual le pagaban a Beltrán por charlar, interactuar y retroalimentar. Además, le pagaban por recoger noticias de prensa sobre irregularidades en el sistema de salud, algo que podía hacer un periodista de la oficina de comunicaciones de la Contraloría.

Según Beltrán, él presentaba: “Notas de prensa que abordan casos de violación al derecho a la salud... Información elaborada y presentada al Despacho de la Contralora”. Ulahi Beltrán dijo que le llevó a la contralora noticias como estas: “Muerte de indígena tratada por EPS // Un joven epiléptico no es atendido en Valledupar // Le amputaron pierna que no estaba fracturada // Rivera, Huila, es el municipio con más casos de lepra”. ¿La doctora Sandra Morelli no podía ejercer a cabalidad sus funciones de contralora general de la república sin estar enterada de los casos de lepra en el municipio de Rivera, Huila? Estos contratos para favorecer a Ulahi Beltrán fueron una sinecura. La conducta de Ulahi Beltrán no podría ser descrita como seria o profesional en ninguna institución pública o privada. Ídem el comportamiento de la contralora.

En junio de 2023, Ulahi Beltrán tuvo que pagar una suma cuyo monto se desconoce para lograr el archivo de un proceso de cobro coactivo que le inició la Contraloría dentro del expediente DCC1-089. El ministro de Salud debería informar a la opinión pública a cuáles hechos corresponde ese cobro coactivo contra el superintendente nacional de Salud. No sería por una cháchara que lo iban a embargar.