¿A un cacho de la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia?

En los próximos meses en el Congreso de la República se decidirá la suerte de una de las discusiones más importantes y polémicas de los últimos tiempos. Se trata de la reforma constitucional que busca autorizar la creación de un mercado legal del cannabis de uso adulto en Colombia.

Esta no es la primera vez que se discute esta iniciativa en el Congreso, lo que sí es novedoso es que tiene una oportunidad real de ser aprobada, pues conseguimos superar la primera vuelta en el Congreso y estamos a escasos cuatro debates de lograr la reforma constitucional. Hace cinco años, cuando llevamos la discusión del cannabis por primera vez al Congreso, teníamos la plena certeza de que, en un cuerpo legislativo con mayorías conservadoras, era virtualmente imposible aprobar un proyecto de esa naturaleza; sin embargo, en simultáneo con una derrota asegurada, siempre tuvimos la convicción de que algún día -mucho más temprano que tarde- nuestro proyecto iba a salir adelante. Bien, parece que ese día ha llegado.

La regulación del cannabis de uso adulto en Colombia es la puerta de entrada para una nueva política de drogas que abandone el paradigma fallido de la prohibición y que le abra el campo a una política guiada por los lineamientos de salud pública, la prevención del consumo y la garantía de atención de los usuarios consumidores. El abandono del prohibicionismo también conduce, irremediablemente, a la sustracción de las rentas ilegales que han sido la gasolina que ha permitido perpetuar la guerra y la violencia en el país. Este proyecto es un paso hacia la ‘paz total’.

La creación de un mercado legal del cannabis y sus derivados supone un debate que hay que afrontar con toda la altura del caso. El proyecto tiene varios detractores, muchos de ellos con preocupaciones válidas y razonables que se pueden resumir en tres puntos: la posibilidad de un aumento en el consumo, los posibles riesgos que la creación de un mercado pueda generar en los menores de edad y la falta de capacidad del sistema de salud para afrontar una posible crisis sanitaria derivada de un incremento en el consumo. Sin embargo, ninguno de estos tres argumentos encuentra sustento en la evidencia fáctica, de hecho, la literatura académica sugiere todo lo contrario. No hay un sólo estudio que demuestre que se le pueda atribuir a la regulación del cannabis un aumento en el consumo, por el contrario, se ha evidenciado unas edades de inicio de consumo más tardías y una disminución significativa en crímenes violentos. También hay que valorar que el consumo de una sustancia regulada es mucho menos riesgoso, lo que tiene un efecto directo en la posibilidad de que el sistema de salud pueda seguir atendiendo los casos de consumos problemáticos.

Si este fuera un debate puramente técnico, hace muchos años el mundo entero hubiera abandonado la prohibición. Pero es casi una obviedad decir que la naturaleza del debate es política, y que será justamente la configuración de las mayorías en el Congreso las que en los próximos tres meses decidirán si nuestro país va a empezar a corregir un error histórico que ha costado tantas vidas que se cuentan ya por varias decenas de miles.

La honestidad intelectual es una cualidad escasa y muy poco valorada en el áspero mundo de la política. Reconocer que las posiciones políticas propias pueden cambiar cuando la evidencia y la argumentación es contundente, representa el más puro espíritu democrático. En el debate del cannabis hemos visto eso una y otra vez; muchos parlamentarios que antes se oponían con fervor a la iniciativa se han dejado seducir por la evidencia. De hecho, esta iniciativa contó con apoyos en todos los partidos políticos, incluyendo al Centro Democrático, el Partido Conservador y a Cambio Radical.

La pedagogía y la exposición de la evidencia ha sido el mejor aliado en esta causa, por eso hace tanto daño cada vez que sectores afines a la regulación han usado la romantización del consumo para defender el proyecto. Seamos absolutamente claros en algo: el consumo de cannabis y de cualquier otra sustancia psicoactiva, lícita o ilícita supone unos riesgos importantes para la salud y esta realidad no debe ni puede ser despreciada.

Por eso lo que se busca con el proyecto de regulación del cannabis y con una nueva política de drogas es que sean el Estado y sus instituciones, no la ilegalidad, la autoridad que regule el mercado. Cuando un Estado decide actuar frente a un problema público, lo primero que hay que garantizar es que su acción no genere más daños. La regulación va a salvar las vidas que la prohibición no pudo.