¿Acuerdo nacional o constituyente?

Como ya expresé en recientes mensajes, quisiera reiterar que, en la búsqueda de una Colombia mejor, en paz y reconciliada, es preferible la iniciativa del acuerdo nacional que la de una asamblea constituyente. Mientras el primero une a Colombia en su diversidad social y política, la segunda, en estos momentos, tensiona, polariza y nos divide.

Desde el respeto y la abierta sinceridad, he expuesto desde hace tiempo algunas ideas y sugerencias que podrían servir para un deseable acuerdo nacional entre diferentes. Un acuerdo que, para lograrse, debe partir de una premisa: creer en él, creer firmemente en que nuestro país lo necesita y es posible alcanzarlo. Sin esa convicción, será muy difícil lograrlo.

Ignoro la fe que el presidente Petro ha depositado en la necesidad de alcanzar ese acuerdo nacional e igualmente desconozco los pasos que ha dado para tratar de conseguirlo.

En mis alusiones a este acuerdo, vengo diciendo desde hace tiempo que no es fácil, pero tampoco imposible lograrlo. La búsqueda del mismo, requiere de muchas dosis de paciencia, generosidad en el diálogo entre diferentes, apartarse de las verdades absolutas y tener una gran capacidad de saber ceder y de sabiduría para encontrarse en lo fundamental. En otras palabras, un amplio diálogo promovido por la Presidencia de la República, en el que estén presentes, entre otros, los expresidentes y exvicepresidentes de la República y los más diversos sectores de la sociedad civil, del diálogo social, de los tres poderes del Estado y de las administraciones regionales y locales.

Como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, soy consciente de que nuestra Constitución puede ser objeto de algunas reformas puntuales, pero no debemos olvidar que la Constitución vigente fue un enorme esfuerzo de generosidad de diversas fuerzas políticas, sociales, étnicas y religiosas, en principio impensables en un posible acuerdo, pero que fueron capaces de redactar una Carta Magna que permitió superar deficiencias democráticas arrastradas desde el siglo XIX, algunas tan notables como la no elección de los gobernadores departamentales por el sistema democrático del voto popular.

Esa garantista Constitución de 1991 es el marco jurídico que, a mi modo de ver, nos da sosiego democrático y seguridad jurídica para regir los destinos de Colombia. No niego que la misma pueda necesitar algún retoque que la perfeccione. Pero, por ahora, lo que más se requiere es el entendimiento entre diferentes, bajo la forma de un acuerdo nacional.

Más allá de las dificultades que se hayan presentado en el intento de ese diálogo por el acuerdo nacional, admitido por unos y rechazado por otros, según el Presidente Petro, pero sin saber misteriosamente quiénes son, parece lógico preguntarse, si no hay condiciones para un acuerdo nacional, ¿cómo puede haberlas para una asamblea constituyente? Máxime cuando aún no sabemos exactamente qué se quiere cambiar de la Constitución y para qué.

Dicho de otro modo, si las organizaciones sociales, políticas, económicas y jurídicas de nuestro país, si la sociedad civil no está dispuesta a entenderse concretando un gran acuerdo nacional con una serie de hitos a conseguir, ¿cómo puede explicarse que estén dispuestas a hacerlo para un cambio constitucional para el que el país no esté probablemente preparado y cuyo objeto ni está claro ni se ha explicado?

Por mi experiencia como exgobernador del Valle y exvicepresidente de la República, considero que el presidente Petro, con su equipo de gobierno, debería evitar quedar atrapado en el remolino del debate de una asamblea nacional constituyente y mejor dedicar el tiempo que le queda de mandato presidencial, hasta agosto de 2026, a gobernar en favor de la gente y, de manera especial, en todo lo relacionado con sus derechos fundamentales en materia de educación, salud, seguridad alimentaria, de un medioambiente sano y sostenible, de paz y reconciliación nacional. De igual manera, seguir desarrollando esfuerzos dirigidos a la construcción de un acuerdo nacional.