Agro, Ingreso Seguro 2.0

En 2006, Álvaro Uribe lanzó el programa de crédito agropecuario subsidiado Agro, Ingreso Seguro, presentado para “promover la productividad y la competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” (DNP).

Jorge Enrique Robledo demostró lo contrario: “El gobierno nacional tomó los escasos recursos del sector agropecuario (…) y los distribuyó de una manera concentradísima, en beneficio de unos pocos muy poderosos, a quienes les dio mucho, mientras que a casi todo el resto de los colombianos no les dio nada y a unos cuantos tan solo alguna cosa”.

Desde el comienzo se sabía que, dentro de las dadivosas entregas a la cúpula de beneficiarios, se violaron las normas en cerca de 40 casos por valor de 16.567 millones de pesos, por lo que los implicados debieron devolver esa suma (El Espectador). El ministro Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por 17 años, inhabilitado y multado por organismos de control, y con él llevados a juicio más de una decena de funcionarios. Varios de ellos y un número similar de los particulares aventajados irregularmente se acogieron a sentencia anticipada (El Espectador).

Resulta absurdo que, en 2020, 15 años después, el Gobierno de Duque repita la historia, al menos con la concentración del crédito. Informes de Finagro y glosas de analistas y gremios del campo lo demuestran. De 24,2 billones de pesos que se colocaron, 17,2 billones, el 71 por ciento, se prestaron apenas al 2 por ciento de los solicitantes, calificados como “grandes”. En la otra orilla, el 75 por ciento de los prestatarios, los “pequeños”, apenas recibieron 14 por ciento de las colocaciones, 3,4 billones (Finagro).

En números absolutos significa que “el saldo promedio de cartera de un pequeño productor es de cerca de $7 millones; el de un mediano, de $60 millones, y el de un grande, de $1.202 millones” (Finagro, 2020, p. 86). Luego 14.309 “muy poderosos” disponen de casi 18 billones de pesos, en tanto 60.000 medianos se hacen a 3,6 billones, y 485.714 campesinos y menores productores acceden entre todos apenas a 3,4 billones. Como las unidades de producción agropecuaria son casi 2 millones, resulta que cerca de tres de cada cuatro no acceden a ningún tipo de crédito. ¿Así o más desigual? (Dane- ENA-2019).

Ahí no para la iniquidad. Cuando se mira el objetivo de los créditos, el dato es aterrador. Sabiendo que los escasos recursos son solo 2,4 por ciento del PIB, mientras el agro es casi el 7 por ciento de la economía, tres de cada diez pesos colocados van a “normalización”. Es el nombre técnico para “refinanciación”, que no es para nuevas actividades, sino para sujetos cuyas obligaciones “no han podido cumplir con el cronograma de pagos acordado”. No fomenta la producción, sino que prorroga a mayor costo los recorridos de crédito sobre morosos entrampados, lo que es evidencia de las gigantescas dificultades del campo.

Un documento de Fedegán denuncia quiénes son los “muy poderosos”: “Dentro de una distorsionada concepción de cadena, incluyen rubros de Comercialización y Servicios de Apoyo, por donde se cuelan hasta grandes superficies, multinacionales de agroquímicos e industrias procesadoras” y que, en cuentas gruesas, capturan casi la mitad de todos los créditos, 45 por ciento. El hecho es conocido por los arroceros, que ven “fugar” ingentes paquetes hacia el oligopolio de los molinos, vía “comercialización” (Agameta). En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

El manejo del crédito está puesto en alto porcentaje en las entidades privadas, como banca de primer piso, a las que se entregan recursos del Gobierno, de Finagro, a tasa de DTF + 1 por ciento y los colocan a DTF + 10 por ciento, por ejemplo, al mediano productor, vuelto así en “vaca lechera” de la banca. Un margen confiscatorio.

Las distorsiones son inconcebibles: la tasa de interés, para el pequeño productor, oscila alrededor del 11,5 por ciento; la del mediano, en torno al 10,5 y la del grande, donde hay libertad a los bancos para negociarla, del 8,5 real (Fedegán). ¿Es posible mayor asimetría? ¿Habrá en las generosas tarifas a los “grandes” una reedición de los desaguisados del original Agro, Ingreso Seguro? En manos de la Contraloría General y del control político del Congreso queda averiguarlo.

Iván Duque anhela ser recordado por la “equidad”. El caso del crédito para la agricultura será uno más donde ocurrirá al revés: lo añorarán el sector financiero y los “muy poderosos” favorecidos también con la promovida Agricultura por Contrato, donde el agricultor queda sometido por el intermediario, como acaeció con la Philip Morris y los tabacaleros, hasta que los extinguiera.