DIANA SARAY GIRALDO Columna Semana

Opinión

Aída y la realidad de compra de votos que nadie quiere enfrentar

¿Quiénes pueden pagar hoy las astronómicas sumas que cuestan las campañas? Solo estos grandes entramados de corrupción y maquinarias, que convirtieron las elecciones en el mayor de los negocios.

Diana Giraldo
12 de febrero de 2022

Aída Merlano no es simplemente una mujer bonita que terminó enamorada de dos grandes poderosos de la costa caribe. Aída Merlano es una testigo de primera mano de cómo se negocia la política en el país y de cómo los clanes regionales tienen una infraestructura montada para elegirse una y otra vez, hacer elegir a sus esposas o amigos, financiar sus campañas a través de contratistas y enriquecerse con dineros públicos. Ella misma logróformar parte de este entramado gracias al cual en solo siete años pasó de ser la líder de un humilde barrio de Barranquilla a senadora.

En este país de corta memoria vale la pena recordar quién es Merlano Rebolledo. Esta barranquillera de 41 años empezó desde muy joven su vida política de la mano de la casa Gerlein y por su capacidad de trabajo fue pronto visible para los hermanos Roberto y Julio Gerlein. El primero fue uno de los grandes caciques de la costa atlántica, senador por más de 45 años por el Partido Conservador y dueño de los hilos políticos del Atlántico hasta su muerte, el pasado diciembre. Su hermano Julio, ingeniero civil, se convirtió en uno de los grandes financiadores de las campañas del Caribe y uno de los grandes contratistas de megaobras del país. Fue con Julio Gerlein con quien Aída Merlano mantuvo una relación desde muy joven y quien impulsó su carrera política, primero como diputada (2011), luego como fórmula a la Cámara de Representantes de su hermano Roberto (2014), para luego hacerla senadora en 2018. Para esta última proeza, se unió a la llamada casa Char, que ya entonces había elegido senador a Arturo Char y a Alejandro Char (Álex) alcalde de Barranquilla. Pero entonces vino la debacle.

El 9 de marzo de 2018, dos días antes de elecciones al Congreso, la sede política de Merlano en Barranquilla fue allanada por la Policía tras recibir denuncias de corrupción electoral. Se encontraron 18 computadores con listados de votantes y sus cédulas, recibos de caja, títulos valores, libretas con nombres de líderes, una contadora de billetes y 261 millones de pesos en efectivo; además, una pistola, dos revólveres, una escopeta y munición.

La Corte Suprema de Justicia determinó que tras la candidatura de Aída Merlano existía una estructura criminal dedicada a la compra de votos para conseguir escaños en diferentes cargos de elección popular. Según la Corte, este método de compra de votos se venía utilizando desde 2014, cuando fue elegida representante a la Cámara y con el mismo modus operandi “se logra la elección como diputada en el departamento del Atlántico de Margarita Ballén y como concejales a Aissar Castro, Juan Carlos Zamora y Vicente Támara, entre otros”, se lee en el fallo de la Corte. “… Se sabe que la obtención ilícita de votos la realizaba un grupo de trabajo dirigido por los denominados ‘coordinadores’, entre los que se encontraba la investigada, particulares, políticos, como concejales y diputados, en un número de 21 personas dedicadas a esta labor. Todos ellos asignaban labores a los integrantes del segundo nivel de la estructura, denominados ‘líderes’… Los líderes de manera directa conseguían los votos, no solo en Barranquilla sino en otros municipios del Atlántico, así como en los departamentos de Bolívar y Magdalena…”.

Con base en múltiples testimonios, la Corte determinó que a cada ciudadano le pagaban 15.000 pesos para asegurar el voto, y luego, cuando verificaban la votación por Merlano, les daban 35.000 más. A algunos les pagaron 90.000 pesos, y a los líderes, 10.000 pesos por cada voto que ayudaran a conseguir.

Por estos hechos, la Corte ordenó investigar a 17 personas, entre ellos al senador Arturo Char, al representante Laureano Acuña Díaz, a la diputada Margarita Ballén y a Julio Gerlein. Lo que vino después todos lo saben. Aída Merlano fue condenada a 15 años, reducidos a 11 en segunda instancia. Fue capturada, pero luego escapó cuando asistía a una cita odontológica. Huyó a Venezuela, donde fue capturada en enero de 2020. Desde entonces está en el país vecino, a la espera de que Colombia la pida en extradición al Gobierno de Maduro.

Lo que verdaderamente importa del caso Merlano no es la revelación de que también fue amante del hoy precandidato presidencial Álex Char ni los lujosos brazaletes que este le habría regalado durante el tiempo en que vivieron su amor furtivo. Lo que importa aquí es entender, investigar y desenmascarar el alcance de la corrupción electoral de nuestro país. ¿Qué pasó acaso con las 17 investigaciones contra políticos por estos hechos? ¿Dónde están las condenas contra los demás congresistas mencionados?

Leer el fallo Merlano es asistir a la descripción perfecta de cómo se mueve la corrupción electoral en Colombia. Concejales, diputados, contratistas de prestación de servicios de entidades públicas se dedican en elecciones a conseguir votos para los caciques de cada región, al tiempo que los financiadores de campañas aportan miles de millones para comprar votos, pagar publicidad y hacer todo lo que se necesita para elegir a quienes luego les pagarán con la contratación de obras. ¿Quiénes pueden pagar hoy las astronómicas sumas que cuestan las campañas? Solo estos grandes entramados de corrupción y maquinarias, que convirtieron las elecciones en el mayor de los negocios.

Al momento de escribir estas líneas se conocía un audio en el que se escucha a Julio Gerlein reclamándole a Aída Merlano por lo invertido en su campaña. “Yo te puse 12.000 millones de pesos pa’ tus elecciones”. Y Merlano le replica: “No, pero si el mismo Alejandro (Char) dijo que iba a poner 6.000 y tú nada más 6.000”. Es esta realidad de compra de votos de la que tiene que hablar el país. No de un escándalo de amores prohibidos.