Aire para la Costa Caribe

La reciente historia de la Costa Caribe colombiana respecto del suministro del servicio público de la energía ha sido, por mucho, sufrida e insostenible. Desde los nefastos manejos de parte de la liquidada Electricaribe SA ESP hasta la hoy intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos de Air-e como comercializador mayoritario del servicio de energía, pasando por la administración y comercialización de Afinia como el otro gran proveedor del preciado servicio, esta importante región del país ha debido enfrentar los embates y retos que implica contrarrestar las altas temperaturas típicas de la región, generar competitividad empresarial y cubrir, en términos de eficiencia y prestación oportuna e ininterrumpida, los costos administrativos y financieros que demanda este servicio esencial.

Para comprender el contexto de la problemática en este importante y pujante sector de nuestro país, es de recordar que el 14 de noviembre de 2016 la SuperServicios tomó posesión de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., en razón a los problemas financieros que poseía al dejar de pagar la energía que compraba en bolsa y los problemas derivados de las constantes fallas del servicio, lo que a su vez generaba alteraciones del orden público por las constantes protestas de los usuarios afectados con la mala prestación del servicio de energía eléctrica. Electricaribe finalmente sería liquidada en marzo de 2017; luego de ello, el servicio de energía quedaría en manos de dos empresas, Caribe Mar de la Costa SAS ESP, también conocido como Afinia, y Caribe Sol de la Costa SAS ESP o, lo que es lo mismo, Aire-e SAS ESP, comercializadoras que estarían a cargo de los casi cinco millones de usuarios del servicio.

En honor a la realidad histórica, Electricaribe dejó un importante rezago de la Costa Caribe en materia energética al sustraerse de su deber de invertir en la sostenibilidad de la infraestructura dispuesta para este servicio; sin embargo, con la entrada en operación de Air-e y Afinia, el panorama no fue del todo favorable. Por un lado, estas empresas trasladaron los costos de pérdidas del servicio a los usuarios incrementando exageradamente y aplicando con un criterio diferencial y absolutamente desmedido, la afamada fórmula tarifaria que permitió ver un incremento del costo del servicio en los hogares y empresas. Asimismo, las empresas —al recaudar lo relativo al impuesto de alumbrado público— omitieron deliberadamente entregar los recursos a los entes territoriales dentro de los 45 días que dispone la ley, generando afectaciones a dicho servicio.

Ahora bien, a partir del mes de julio de 2021, y en aplicación de la Resolución Creg 010 del 30 de enero de 2020, el servicio de energía eléctrica pasó a ser de los más costosos del país, observándose que para el cuarto trimestre del año 2021, las tarifas del Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) para Afinia ($ 704,36) y Air-e SAS ESP ($ 717,38) estuvieron muy por encima del promedio nacional, que fue de $ 645,25, superándolo en un 111 %. Situación que se ha mantenido hasta el día de hoy debido al incremento exorbitante del índice de pérdida reconocida (PR) para la Costa Caribe, por una situación propiciada en gran medida por la falta de vigilancia de la SuperServicios. Esto desencadenó que el costo del Kwh en el mes de julio de 2021 —establecido en $ 569,66— pasara a enero de 2024 a $ 1.165,56.

Por las decisiones de la Creg, que —valga mencionar— han sido demandadas por los contralores del departamento de la Costa Caribe ante el Consejo de Estado, se ha trasladado a los consumidores los precios ineficientes de la energía, rubro que comprende las pérdidas mayoritariamente por fraude.

Lo anterior ha obligado al Gobierno nacional a adoptar medidas que, aunque tardías, por lo menos permiten avizorar una solución en el corto y mediano plazo al agobio que sufre la Costa Caribe por cuenta de la facturación del servicio de energía. Es importante hacer un llamado para que el Gobierno provea una solución definitiva a esta situación. Dentro de las medidas y propuestas a adoptarse, está la necesaria intervención y toma de posesión también de Afinia SA ESP o, en su defecto, que se exploren alternativas a fin de que esta empresa aplique las medidas de la suspensión de la opción tarifaria hasta tanto no se resuelva de forma definitiva el tema en la Creg.

A la Presidencia de la República le compete —con carácter urgente y sin más dilación— el cumplimiento de su deber constitucional y legal de nombrar a los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que, con ello, sea posible la aplicación de las normas y decisiones que conlleven a asegurar los recursos para suspender el cobro de la opción tarifaria. De la mano de la sostenibilidad financiera de la comercialización de la energía, es necesario pensar en la liquidación de Air-e, dada su notable ineficiencia para hacerse cargo del mercado de la energía eléctrica en la Costa Caribe. Otra de las opciones es la de promover la destinación de los recursos del orden nacional, por ejemplo, de las regalías, a cubrir el faltante de recursos.

Finalmente, se recibe de parte de los usuarios del servicio de energía el comunicado 84 del 16 de septiembre de 2024, en el que se anuncia la suspensión del cobro de la “opción tarifaria”, que no es otra que la posibilidad de obtener rebajas de la factura de energía en un 25 % y hasta un 30 %, o 250 kilovatio hora, a partir del 1 de octubre de 2024.

Se muestran primeras de cambio, pero se requieren más iniciativas que busquen el bienestar de esta región, que depende en gran medida de este suministro para dignificar las condiciones de vida de los ciudadanos y la competitividad en los diversos sectores de la micro, pequeña y mediada empresa en la amada región Caribe. Ya se adelantan las acciones constitucionales de rigor para alcanzar el objetivo de reivindicar los derechos colectivos amenazados y en peligro por las empresas prestadoras del servicio de energía de la Costa Caribe y las autoridades del orden nacional, encargadas de su inspección, vigilancia, control y regulación.