Ajuste fiscal con vocación regional

La necesidad de una reforma de ajuste fiscal no está en discusión. Todos los sectores, incluso aquellos de los que provino una férrea oposición al proyecto que fue retirado recientemente, coinciden en que resulta vital para el cumplimiento de programas con enfoque social que han venido siendo desarrollados por el Gobierno y de aquellos que han sido concertados en medio de los nuevos escenarios de diálogo abiertos con ocasión de las protestas sociales.

En el caso de las regiones, empeñadas en un proceso de autonomía y descentralización que debe incidir en el fortalecimiento de su capacidad de recaudo, la reforma debe contemplar unos puntos sustanciales que no afectarán socialmente al contribuyente, pero que les permitirán en cambio a los departamentos y municipios asegurarse nuevas fuentes de obtención de recursos necesarios para la reactivación económica.

Creo que ha llegado la hora de considerar en serio la creación de un impuesto territorial a las bebidas azucaradas y de acoger las recomendaciones que en ese sentido hizo la Comisión de Expertos, que exploró a fondo la realidad de las finanzas territoriales. Las razones para justificar las propuestas son amplias, pero comenzaría por mencionar dos de las más importantes. El alto consumo de esos productos generará un recaudo alto y el impuesto incidiría en lo que los expertos llaman “externalidad en el ámbito de la salud”.

Países que han puesto sobre la balanza los efectos fiscales y la incidencia en la salud pública de las bebidas azucaradas han encontrado puntos de equilibrio. Dinamarca lo hizo desde 1930 y lo han hecho progresivamente España, México y Perú, por ejemplo. Desde el punto de vista fiscal, en el caso colombiano, se trataría de un recaudo cedido a los departamentos con una destinación específica para incrementar los recursos del sector salud. Desde la perspectiva social, interpretaría a cabalidad las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y del Ministerio de Salud y Protección sobre la necesidad de reducir el consumo de productos que inciden en problemas de obesidad, diabetes, hipertensión y trastornos cardiovasculares en jóvenes y adultos.

El tema ya ha sido discutido en el ámbito parlamentario, donde también los productores han expuesto sus respetables argumentos. Hay insumos para estructurar técnicamente un gravamen de manera que no resulte regresivo para los sectores populares y al mismo tiempo promueva la protección de la salud. Esos mismos insumos ofrecen además claves importantes para determinar su base gravable.

Otro aspecto crucial es la aplicación plena del catastro multipropósito que nos habrá de servir no solo para formalizar las tierras que abarcan un 60 por ciento del territorio nacional, sino para incorporarlas al circuito económico nacional. Esa formalización contribuirá al surgimiento de proyectos productivos con amplia capacidad de aporte fiscal. Se trata, sin duda, de un recurso para generar riqueza y desarrollo.

A la hora de definir prioridades, surge un tema adicional complejo, pero cuyo tratamiento legislativo no debería dilatarse más en el tiempo. Se trata de considerar un nuevo aumento en la tarifa del impuesto al tabaco, que, si bien ha crecido en los últimos años, aún deja un margen de maniobra. Si nos comparamos con países de condiciones similares, sigue siendo relativamente bajo. Vale considerar seriamente la posibilidad de incluir en el hecho generador el consumo de vapeadores, cigarrillos electrónicos y sistemas similares que cobran auge en la industria.

Aquí es preciso tener en cuenta que para los propios expertos no ha sido sencillo determinar los límites de una regulación a los Sistemas Electrónicos de Tabaco Calentado, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN). Pero lo que sí es cierto es que necesitamos de una legislación que defina las reglas del juego para su venta, comercialización y consumo y que deje en claro su importancia como fuente de recursos fiscales.

Hay otros temas asociados a una reforma tributaria con enfoque regional que no debemos dejar en salmuera. El impuesto al ganado menor, ya obsoleto según la Comisión de Expertos, no obedece a criterios técnicos y genera externalidades negativas. Es importante ponerse a tono con la tendencia actual y pensar en fuentes de tributación provenientes de quienes tengan real capacidad de pago.

De conformidad con las propuestas de la comisión y con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, modernizar el impuesto de vehículos, ya no solo por su propiedad, sino también por los kilómetros recorridos sería un mecanismo eficaz para conseguir recursos de utilidad pública.

El hecho concreto es que el ajuste fiscal debe ser hecho con criterio regional, como lo aconsejan las actuales circunstancias.