JORGE HUMBERTO BOTERO

Opinión

Alerta naranja

Lo previsible es que aumente el ataque a las instituciones.

Jorge Humberto Botero
11 de junio de 2024

Hay un aspecto singular en el ideario de Petro: su obsesión por convertirse en el líder planetario de la agenda ambiental. En lo demás, sigue el repertorio común de la izquierda populista, tan vecina a la tiranía que a veces en ella se transforma. Ese modelo consiste en una radical alteración del reparto de la riqueza y el ingreso, en el protagonismo del Estado como motor de la economía y árbitro supremo de la vida social.

Como si lo anterior fuera poco, el modo de realizar la agenda gubernamental no encaja con los valores y normas constitucionales. Frente a la sociedad liberal y pluralista que tenemos, se nos ofrece una monolítica; en vez de la fidelidad de las autoridades al pueblo de los ciudadanos, que somos todos, el eje de la acción estatal sería el pueblo de los elegidos, aquellos que siguen al caudillo.

La democracia constitucional está edificada sobre la representación política, aunque con elementos importantes de democracia directa. Es en el Congreso, organismo elegido en comicios populares, en el cual recae el poder de hacer las leyes, cuyo cumplimiento por el presidente es mandatorio. Este responde ante ese cuerpo y no al revés, tanto que puede destituirlo en circunstancias específicas. Es absurdo decir que estamos en una crisis insondable porque el Congreso no se pliega ante el Gobierno. Es aquel quien expide las normas que este debe cumplir. Los pájaros no le disparan a las escopetas.

Contamos, además, con unos mecanismos de democracia directa, de los cuales tres tienen efectos vinculantes por su carácter comicial: la elección de ciertas autoridades, el referendo y la asamblea constituyente. Existe también el derecho de segmentos del pueblo para congregarse a protestar, pero sus petitorios carecen de consecuencias jurídicas. El tumulto no decide, presidente, salvo cuando la revolución triunfa. Los cabildos abiertos son mecanismos para discutir asuntos locales y tampoco son obligatorios.

Petro y los suyos descreen de esta estructura. Para sus fines revolucionarios necesitan un colectivo ciudadano de suficiente entidad que se movilice detrás de un caudillo hasta lograr que gane, bajo las reglas del “antiguo régimen”, las elecciones. Logrado este cometido, el pueblo desaparece del escenario, salvo para refrendar, en elecciones no competitivas, el poder absoluto del líder, sin que exista fecha de caducidad para su poder omnímodo.

Estos cruciales debates son antiguos. En su relato sobre La guerra del Peloponeso, ocurrida en el siglo V a. C., Tucídides escribe que en el desarrollo de la confrontación, una delegación de Atenas llega a la isla de Melos, que ya había sido derrotada, para negociar el armisticio. Sus integrantes pretenden dialogar directamente con la plebe. Las autoridades de ese pequeño país se oponen por una razón poderosa: bajo ese esquema los triunfadores se impondrían con facilidad. Logran de los atenienses una concesión significativa: negociar en representación de los vencidos para lograr condiciones menos oprobiosas. Esa es la gran virtud de la representación política: que puede lograr que los poderosos accedan a negociar.

Petro está lejos de haber logrado su cometido de desmantelar nuestro sistema democrático, aunque tiene varias acciones en curso. Conviene explorarlas.

Con el respaldo “intelectual” de Leyva, el Presidente sostiene que, cuando le venga en gana, puede convocar una constituyente para resolver una crisis, la cual, ¡vaya paradoja! Él mismo ha creado. A esa conclusión arriba tomando, fuera de contexto, un párrafo del Acuerdo Final con las Farc, que refiere a la convocatoria de un acuerdo nacional para impulsar sus estipulaciones, que nada dice sobre reformas a la Constitución.

Se trata de una falacia por varias razones: (i) Un acuerdo político puede tener múltiples objetivos, no solo reformar la Constitución; (ii) La Constitución señala con claridad cuáles son los mecanismos idóneos para reformarla; (iii) La Corte Constitucional ha definido que ese Acuerdo carece de efectos jurídicos; justamente por ese motivo se recogió en reformas constitucionales y legales. Las recientes palabras del presidente de la Corte Constitucional corroboran este punto de vista.

Con ese mismo propósito, está buscando crear un escenario de erosión de las instituciones como el que dio lugar a la convocatoria de la Asamblea Constitucional de 1991. Uno de los catalizadores de ese proceso fue una gran movilización estudiantil. El propósito, no por implícito menos claro, consiste en reproducir ese antecedente. Ya está en ejecución la toma del campus de la Universidad Nacional: los grupos violentos, las antiguas “primeras líneas” petristas, están de regreso. No existe semejanza alguna con las marchas estudiantiles, pacíficas y plurales, que impulsaron la “séptima papeleta” en 1991.

Y en tercer lugar, anoto que en las negociaciones con el ELN para “refundar la patria” se ha pactado que el eventual acuerdo de paz que se celebre “tendrá carácter vinculante”. La verdad es otra: el gobierno puede negociarlos, pero no ponerlos en vigor. Esa es competencia indeclinable del Congreso. En cierto sentido, no hay de qué preocuparse. La convicción generalizada es de escepticismo sobre la posibilidad de que los Elenos se comprometan a desmovilizarse y dejar las armas.

Otro es el escenario probable. Que lleguemos a las elecciones de 2026 con esa organización criminal en un cese al fuego indefinido, que es el camino óptimo para fortalecer su poder en una porción importante del territorio nacional. Este exorbitante privilegio le permitirá jugar un papel definitivo en esos comicios. Ningún partido distinto del Petrismo podrá competir. Entonces resultará claro que quienes hoy, en apariencia, negocian, en verdad militan en el mismo bando.

Para terminar diré con todas las letras que si el presidente cree que Colombia padece un grave bloqueo institucional, y considera que tiene facultades autónomas para convocar una constituyente o, como también lo ha dicho, un referendo, debemos pedirle que proceda según su parecer. Lo enfrentaremos en el proceso de homologación judicial del acto de convocatoria; y, en el remotísimo evento de que triunfe, en las calles y en las urnas. Llega un momento en que a los chantajistas es necesario enfrentarlos. Sacudírselos de encima.

Briznas poéticas. Recordemos a Franz Kafka en el centenario de su muerte: “A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar.”

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