¿Alternatividad penal o proyecto de perdón, olvido e impunidad? (II)

Los finales de las guerras de los siglos XIX y XX no han estado acompañados de procesos de memoria, verdad, justicia, reparación y reconciliación que conduzcan a una selección de lo memorable para vivir el presente y afrontar el futuro sin el peso de esos conflictos o disputas. Pero el problema de memoria, verdad, justicia y reparación no es sólo sobre las guerras, porque hechos como la masacre de las bananeras, el 9 de abril y recientemente los homicidios de dirigentes políticos de izquierda y de derecha no han sido esclarecidos. "En Colombia estamos pues, frente a un problema de memoria no sólo con respecto a un acontecimiento temporalmente determinado, sino con respecto a toda la historia nacional". Esto hace que la reconciliación sea esquiva y que sigamos enfrentados en una guerra degradada que se alimenta de muchos intereses y cuyas causas son igualmente complejas, pero que encuentra justificación por parte de actores armados en hechos como la venganza por la matanza de unos cerdos y gallinas por parte de la acción del Estado o por el secuestro y asesinato de un ser querido. Sánchez dice que hemos vivido unas guerras inconclusas que llevan a memorias circulares en donde la relación entre memoria y perdón ha sido resuelta por un pacto de perdón y olvido entre las élites o las clases dirigentes, como ocurrió en el caso del Frente Nacional, que puso fin a la llamada época de la violencia y donde, a través de una amnistía general y amplia (1957), se renunció a toda consideración de verdad, justicia y reparación, y donde no hubo fuerza de oposición política capaz de profundizar el contenido de la amnistía o de ejercer presión para que Colombia hubiera asumido su pasado y su historia. Sin embargo, vale la pena mencionar que actualmente vivimos en un mundo más globalizado, en donde la comunidad internacional, como ya lo dijimos, juega un papel fundamental y las presiones de estados, organismos intergubernamentales y ONG de derechos humanos hacen que sea más difícil que un Estado, por más soberano que sea, permita el perdón y olvido sobre una base de impunidad frente a las graves violaciones de los derechos humanos y del DIH. Las guerras circulares o los conflictos no resueltos pueden activar venganzas que alimentan los intereses de los llamados empresarios de la guerra o de la coerción, que aprovechan los resentimientos de las víctimas por daños no reparados y por hechos no esclarecidos. Pero el culto a la memoria no siempre sirve para las buenas causas y en guerras como la de la ex Yugoslavia se ha abusado de la memoria para activar nacionalismos e identidades con el propósito de justificar las acciones armadas. En el otro extremo están las amenazas de la memoria, las cuales son constantes en todos los conflictos. Tzvetan Todorov dice que las tiranías del siglo XX sistematizaron su apropiación de la memoria y aspiraron a controlarla hasta en los rincones más recónditos, logrando, en algunos casos, su eliminación a través de prácticas como la exhumación de cadáveres en los campos de concentración para quemarlos y luego dispersar sus cenizas; la manipulación de fotografías, pruebas y documentos reveladores de la verdad, y la eliminación física de víctimas y testigos como ocurre en Colombia. Pero ahora no sólo los tiranos atentan contra la memoria, lo hacen todos los actores en conflicto y hasta el consumismo, propio de una sociedad del ocio que no tiene en cuenta las tradiciones ni se familiariza con las grandes obras del pasado. "Estaríamos condenados a festejar alegremente el olvido y a contentarnos con los vanos placeres del instante. En tal caso, la memoria estaría amenazada, ya no por la supresión de información sino por su sobreabundancia", afirma Todorov, quien agrega que la memoria no se opone al olvido. Las comisiones de la verdad en los casos de Argentina, Chile, Suráfrica, Ruanda, Guatemala, Nicaragua y El Salvador son esfuerzos de búsqueda no sólo de la verdad, sino también de la memoria, que en casos como el Centroamericano no han sido tan exitosos como en los del Cono Sur. Priscilla B. Hayner dice que de la capacidad que tengan las sociedades en conflicto para articular la búsqueda de verdad con mecanismos de justicia y reparación va a depender que las divisiones y enfrentamientos del pasado permitan construir un presente y un futuro sin resentimientos ni rencores que imposibilitan la reconciliación. Autodefensas y paramilitares La respuesta armada de autodefensas y paramilitares a las acciones de la insurgencia en Colombia tienen un historial que se remonta a 1965 con la expedición del decreto 3398, por el cual el Estado estimuló y permitió que los civiles se armaran como complemento de la defensa nacional. Los comandantes de batallones recibieron la directiva de armar a dichos grupos y posteriormente esos grupos, que salieron de las manos del mismo Estado, fueron marginados sin un proceso real de desmonte y se dejaron en la ilegalidad sin combatirlos, pero se les llamó "autodefensas ilegales". Considero que la diferenciación entre autodefensas y paramilitares es válida y por ello acojo la definición que hace Mauricio Romero en su libro Paramilitares y autodefensas: 1982-2002, al catalogar a los paramilitares como "grupos armados organizados para realizar operaciones de limpieza política y consolidación militar, previas al dominio territorial de un área", y a las autodefensas como "agrupaciones organizadas para defenderse de un agresor y mantener el control de un territorio, sin pretensiones de expansión". Romero pregunta ¿cómo explicar el florecimiento de organizaciones armadas paraestatales y de empresarios de la coerción en un Estado que aún no ha colapsado? Y ¿cómo explicar la consolidación de las AUC cuando sus diferentes grupos son responsables de violaciones masivas de derechos humanos y de la generalización de la violencia, precisamente bajo gobiernos civiles elegidos por voto popular? Las respuestas a estos interrogantes no son fáciles. Sin embargo, trata de encontrar explicación en tres hechos fundamentales: primero, en que las intervenciones del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) para negociar acuerdos de paz con la guerrilla desencadenaron dinámicas desestabilizadoras tanto en las regiones afectadas por la insurgencia armada y la movilización social, como dentro del mismo Estado. Las élites regionales rechazaron el reformismo emprendido por Belisario y desafiaron las políticas de paz de la Presidencia, se opusieron públicamente a las negociaciones y callaron frente a la violencia desatada contra comunistas, socialistas, radicales o reformistas. En segundo lugar, atribuye un peso específico al tráfico ilegal de drogas y a los narcotraficantes convertidos en propietarios rurales y terratenientes, quienes promovieron los grupos de vigilancia privada que atacaron a civiles sospechosos de apoyar a la guerrilla o a las movilizaciones de grupos que demandaban derechos y políticas de progreso social. El tercer elemento fue el rechazo de las Fuerzas Militares a las negociaciones, lo que favoreció el uso de técnicas contrainsurgentes. Estos hechos desencadenaron una mayor polarización, competencia y fragmentación dentro del propio Estado y la sociedad en general. Al margen de causas políticas, económicas, militares, idealistas, vengativas, etcétera, de la guerra en Colombia y de sus dinámicas y escalamientos, nos enfrentamos ahora a dos hechos que merecen toda la atención: la desmovilización de paramilitares y autodefensas y el estudio de un proyecto de alternatividad penal para favorecer a los responsables de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El 25 de noviembre de 2003, en un acto "espectacular" y publicitado se desmovilizaron en Medellín los miembros del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este hecho ha sido catalogado por ONG de derechos humanos como Human Rights Watch como una parodia, porque en lugar de entregarles micrófonos y cámaras de televisión a los cerca de 800 desmovilizados para que le mostraran su show al país, el Gobierno debe estar preocupado por arrestarlos y llevarlos a la justicia. Los contradictores y las críticas al proceso no son pocas. Desde congresistas, pasando por funcionarios públicos, analistas políticos, columnistas y ONG, hasta gente del común han expresado sus reservas sobre la real voluntad de paz de los paramilitares y la falta de claridad o de reglas de juego para asegurar que quienes hayan cometido abusos contra el DH y el DIH sean investigados y enjuiciados. Sin embargo, el proceso avanza y según el cronograma establecido en el acuerdo de Santafé de Ralito antes de finalizar el 2005, por lo menos unos 13.0000 hombres deben dejar sus armas y reincorporarse a la vida civil. Hoy, casi mes y medio después de la entrega de armas, las dudas siguen acompañando el proceso de desmovilización del BCN y de las autodefensas en general. Proyecto de alternatividad penal La falta de reglas de juego claras en materia de investigación y castigo para responsables de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad es lo que, a juicio del Ejecutivo, se pretende subsanar con la presentación al Congreso, el 21 de agosto de 2003, del proyecto de alternatividad penal. La iniciativa consta de 19 artículos, repartidos en tres capítulos: definiciones, mecanismos procesales y penas alternativas a la prisión. El artículo 2 del Capítulo II (Mecanismos procesales), contempla expresamente la "suspensión condicional de la ejecución de la pena para miembros de grupos armados organizados al margen de la ley cuando se encuentre comprometida la paz nacional". Esta suspensión la deberá hacer el juez, previa solicitud "exclusiva y discrecional del Presidente", siempre que se cumplan siete requisitos, entre otros, que el condenado se comprometa a no delinquir y ejecutar actos que contribuyan efectivamente a la reparación de las víctimas, la superación del conflicto y la paz. Más adelante, en el artículo 6 se establecen los ocho "mecanismos de reparación a las víctimas, superación del conflicto armado o consecución de la paz", sin perjuicio a la indemnización a que haya lugar y los cuales son: -La reparación a las víctimas, de conformidad con los mecanismos establecidos en la ley; -La realización de trabajo social a favor de la recuperación de las víctimas; -La colaboración activa y efectiva con instituciones que se dediquen al trabajo social por la recuperación de las víctimas; -El aporte de bienes a instituciones que se dediquen al trabajo social por la recuperación de las víctimas; -La entrega de bienes al Estado para la reparación de las víctimas. Para este efecto créase el Fondo de Reparación. El Gobierno nacional reglamentará la organización y funciones del Fondo; -La manifestación pública de arrepentimiento; -La colaboración eficaz al esclarecimiento de los hechos ocurridos con ocasión del conflicto; -El aporte de información que contribuya eficazmente a la desarticulación de grupos organizados al margen de la ley. En el Capítulo III (penas alternativas a la prisión), el artículo 11 trae una gama de siete posibilidades para evitar que los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad vayan a una cárcel como ocurre con cualquier delincuente. Las penas alternativas a la prisión son: -La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas; -La inhabilitación para el acceso a cargos de elección popular; -La prohibición del derecho a la tenencia y/o porte de armas; -La privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos; -La expulsión del territorio nacional para los extranjeros; -La prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas; -La restricción geográfica de la libertad. Contrario a lo que piensa y argumenta el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, considero que este proyecto no es un instrumento eficaz para la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional y más parece, como lo han catalogado muchos, una iniciativa de perdón, olvido e impunidad para favorecer a los responsables de abusos contra el DH y el DIH. Las reservas son más que justificadas, sin embargo habría que abonarle al Gobierno su intención de abrir la discusión sobre un debate necesario, pero sobre el cual no habría muchas garantías en un Congreso en el que los mismos líderes de los paramilitares han manifestado que lograron el 35 por ciento de representación. El senador uribista Rafael Pardo, designado ponente en la Comisión Primera Constitucional del Senado, ha dicho sin tapujos que la política gubernamental y el proyecto de ley de alternatividad penal son parciales y no contemplan todos los elementos para poner fin a la guerra en Colombia y por eso propone retirar el proyecto y argumenta que la búsqueda de la paz tiene que considerar la naturaleza del conflicto y las características de por qué se alzaron en armas. Las tierras y bienes de los alzados en armas deben ir al Estado sin contraprestación, porque no es aceptable que se obtengan beneficios penales por la entrega de bienes adquiridos a sangre y fuego. El representante a la Cámara por Bogotá, Gustavo Petro, ha advertido sobre la posibilidad de que se esté facilitando un masivo "lavado de activos" de los paramilitares. El proyecto, según Pardo, no conducirá a la paz porque no exige una decisión de grupo para recibir los beneficios alternativos, permite el reciclaje de los grupos armados, no distingue entre quiénes dan y quiénes reciben órdenes, implica un perdón total de conductas que atentan directa y gravemente contra los derechos humanos y el DIH antes de haberse dado inicio a un proceso de paz, se perdonan hechos que no son parte del conflicto, estimula la delincuencia al no tener fechas ni plazos y la reparación simbólica cumple una exigencia formal pero no real de atención a las víctimas. Y más aún, no otorga real seguridad jurídica a los potenciales beneficiarios, porque a través de casos como los de Argentina y Chile se ha demostrado que las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad no tienen fronteras y cualquier Estado podría iniciar juicios contra los responsables, incluso la propia Corte Penal Internacional, creada en 1998 y que entró en vigencia recientemente. Aunque Colombia estableció una salvaguardia de siete años para que la Corte Penal Internacional pueda entrar a conocer sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los actores armados, eso no es obstáculo para la aplicación de una justicia penal universal que ha permitido el arresto y el juzgamiento de militares argentinos y chilenos. Paradójicamente, en medio del auge de corrientes de justicia transicional y restaurativa que buscan principios fundamentales como verdad, reparación y reconciliación, en el proyecto se contempla la prohibición del acercamiento entre víctimas y victimarios. Aunque el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, ha insistido en su defensa de la iniciativa que no habrá impunidad y que habrá "verdad, justicia y reparación", otra cosa piensan los líderes paramilitares, quienes como 'Don Berna', inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia y jefe máximo del Bloque Cacique Nutibara, han dicho que "no pagarán un solo día de cárcel", o el mismo Carlos Castaño, jefe político y máximo comandante de las AUC, que ha pedido un acuerdo de inmunidad frente a la Corte Penal Internacional para los paramilitares que se desmovilicen, similar al firmado por Colombia con el gobierno de los Estados Unidos, el cual evita que los ciudadanos norteamericanos que estén en el país realizando labores de ayuda y cooperación sean eventualmente llevados a la Corte Penal Internacional. También es contradictorio que en el proyecto de ley se prohíba la ocupación de cargos públicos y la participación en proceso de elección popular, hasta por 10 años, de los actores armados que se acojan a los beneficios alternativos, cuando guerrilla y paramilitares han manifestado públicamente su interés de influir en las decisiones políticas del país, porque precisamente justifican su lucha armada principalmente por objetivos políticos. Observaciones finales A manera de observaciones finales podemos decir que indudablemente la salida del conflicto armado tiene que ser negociada y que jurídicamente se deben plantear alternativas excepcionales para los actores armados, pero eso no tiene que significar perdón, olvido e impunidad como sería lo que ocurriría con el actual proyecto de ley de alternatividad penal. Las experiencias internacionales pueden señalar el camino, el cual tiene que ser ajustado a las dinámicas, particularidades y complejidades del conflicto colombiano. Como lo dijimos al principio, el debate sobre la alternatividad penal es necesario y hay que abonarle al Gobierno su decisión de poner sobre el tapete un tema tan difícil, que se podría decir ya ha producido sus primeras consecuencias con el anuncio de Carlos Castaño de aceptar una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, aunque sea después de que la guerrilla también se desmovilice, es decir sólo cuando la guerra haya terminado, fecha que por ahora no se vislumbra. El jefe paramilitar también se ha sumado a las críticas del proyecto de alternatividad penal y dice que no es la salida al conflicto. Finalmente, hay que indicar que la sociedad civil, a través de las ONG, distintos movimientos humanitarios y la academia, está llamada a jugar un papel fundamental en el proceso de encontrarle una salida negociada al conflicto y evitar las experiencias del pasado de guerras inconclusas que no han permitido el florecimiento de la verdad, memoria, justicia, reparación y reconciliación de los colombianos. Las audiencias que se inician este miércoles 14 de enero son una excelente oportunidad. Las principales víctimas de la guerra están en la población civil y por eso es necesario que se asuma un rol más protagónico en la discusión del pasado, presente y la reconstrucción del futuro. Pero el reto no es sólo participar en las audiencias y hacerse sentir, sino que va más allá e implica ser guardianes del proyecto final y de que las discusiones de las audiencias sean incorporadas de la mejor forma al texto que finalmente saldrá del Congreso para convertirse en Ley de la República. * Periodista e investigador del Iepri.