Amenaza de “estallido social”

La actitud es el término que describe la respuesta de una persona ante las distintas circunstancias que se le presentan. La actitud —a su vez— se alimenta y es guiada, en muchas ocasiones, por aquello que adquirimos en las distintas etapas de aprendizaje, así, el que una persona responda con una actitud resiliente y valiente ante las situaciones, se debe en gran medida a que construyó, a través de la experiencia, un carácter que le permite guiar de forma ponderada, metódica y adecuada sus conductas. En contraste con ello, hay quienes no fueron enseñados a algo distinto que la violencia, la represión y la creación del caos. Con este sistema, este tipo de sujetos crean un escenario propicio para la conjunción de la anarquía, el ejercicio de la violencia y el autoritarismo. Estos patrones son la actitud de quienes suelen responder a todo a las malas, incluso, el reto de gobernar.

El mal llamado estallido social fue una de las épocas más cruentas de nuestra historia política y social reciente. Dentro de sus “logros” se cuenta la efectividad que tuvo a la hora de destruir la infraestructura y el equipamiento urbano de uso institucional y privado, la diligente estrategia para bloquear vías y —por ende— el comercio y transportes de alimentos, bienes y servicios, la conformación y reclutamiento de actores armados violentos como la primera línea y, entre su mayor logro, se cuenta la prolífica estrategia de desestabilización política que allanaría el camino para darle paso al fracasado gobierno del cambio que, luego de 26 meses de estar frente al Ejecutivo, corrobora el sabio aforismo que reza ‘lo que mal empieza, mal termina’.

De acuerdo con un informe presentado por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) sobre el impacto del paro nacional de 2021 —desde el 28 de abril de 2021 hasta el mes de junio de 2021— se determinó el 77,3 % mipymes con incremento en costos de insumos en las materias primas, el 69,6 % de ellas suspendieron las operaciones de producción. Diariamente, se registraron pérdidas causadas por la situación de orden público, así el 30,1 % de las mipymes perdieron hasta un millón diario, el 30,4 % perdió hasta cinco millones diarios; esto es, las empresas medianas perdieron hasta 350 millones por mes, las empresas pequeñas 97,3 millones por mes y las microempresas se vieron afectadas en 39,8 millones por mes.

Por si no fuera poco, la crisis de orden público facilitó la suspensión de contratos laborales. El 66,9 % de los empresarios manifestaron haber adoptado, o que existió, una alta probabilidad de suspensión de contratos laborales. En el 39 % de los casos en los que se cancelaron contratos, la escala salarial se ubica entre 1 y 2 SMLV. De otra parte, el 54,6 % de los empresarios manifestaron que han adoptado o existe una alta probabilidad para el cierre de empresas por causa de la situación de orden público, movilizaciones y paro nacional. Ahora bien, según datos de la Andi, el paro nacional significó una pérdida de 13 o 14 billones de pesos (unos 3.500 millones de dólares), mientras que la pandemia generó pérdidas en las empresas por un equivalente de 64 billones de pesos (17.300 millones de dólares).

Según datos aportados por el Ministerio de Defensa, en el lapso del estallido social se presentaron actos vandálicos, afectando: 151 infraestructuras gubernamentales, 28 peajes, 4 básculas de pesaje, 25 bienes culturales, 150 cámaras de seguridad, 55 cámaras de foto multa, 111 semáforos, afectación a 679 instalaciones policiales, 536 vehículos policiales, 438 establecimientos comerciales privados, 456 oficinas bancarias, 1.201 vehículos de transporte público, 236 estaciones de transporte público, 21 motos particulares, 91 estaciones de servicio y 432 cajeros automáticos. Finalmente, en Bogotá, el sistema de transporte público TransMilenio llegó a quedar afectado en un 44 %, con 103 de sus 139 estaciones inhabilitadas por “acción criminal”.

Debemos estar apercibidos sobre los conatos de estallido que quieran imponernos con miras al debate electoral de 2026. La ruina, la violencia y el descontrol parecieran ser las armas a utilizar nuevamente. No podemos permitirlo. La sociedad no aguanta otra catástrofe social y de orden público, ni mucho menos la imposición de una agenda política y administrativa como la que nos ha tocado padecer con el Gobierno Petro, basta recordar que —a la fecha— están en curso 970 noticias criminales por lesiones a 1.063 miembros de la Policía Nacional, dos policías murieron. Según el monitoreo de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se registraron 80 homicidios en el marco de las movilizaciones, de los cuales 44 se habrían cometido presuntamente por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), 10 por civiles armados y 25 sin identificar.

No merece la pena que más personas mueran por el capricho revolucionario de unos cuantos, la vida merece ser respetada en todo ámbito y contexto, así como también debe promoverse el respeto a nuestra Fuerza Pública y la institucionalidad, estas no pueden doblegarse ante el actuar criminal de a quienes les conviene este tipo de esquemas de desgobierno para aumentar su emporio y presencia en los frentes delincuenciales de nuestro país.

La nación, el pueblo colombiano, debe ser el juez neutro e imparcial que decida enrutar su causa común de prosperidad y bienestar general, o seguir arropado con la incómoda cobija de la desidia estatal que nos ha tocado padecer.