Cadena Perpetua: Fácil aumentar penas, difícil mejorar el Estado

Hace más de 10 años, Gilma Jiménez promovió el referendo para imponer cadena perpetua a violadores de niños, en aquella época se hablaba de más de 200.000 niños violados. En 2011, el Partido Verde se dividió a favor y en contra, lo que obstruyó el trámite de la convocatoria a referendo. Recientemente, el presidente Iván Duque revivió la propuesta.

Distintos casos han escandalizado a la opinión pública, Juan Carlos Sánchez quien habría abusado de más de 500 niños y fue dejado en libertad; Luis Alfredo Garavito Cubillos, abusado sexualmente a los 13 años, quien se convirtió en uno de los mayores agresores y asesinos de niños, habiendo confesado más de 200 crímenes. Aún resuenan las muertes de los menores Luis Santiago Pelayo y Yuliana Samboni.

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante los primeros ocho meses de 2018, se han abierto 9.102 procesos por abusos sexuales a menores, lo que equivaldría a 38 casos diarios, muchos de ellos cometidos por familiares y allegados, con lo cual se aumenta la tragedia familiar.

Sin embargo, nos debemos preguntar si la solución y reacción a esta alarmante situación es derogar la garantía constitucional que prohíbe la prisión perpetua y si se debe hacer mediante referendo.

Primero, advertir los altos índices de impunidad donde solo se condenan 8 homicidios de cada 100, lo que significa la incapacidad del Estado para imponer la sanción penal, cualquiera que ella sea. Segundo, el hacinamiento carcelario muestra que los cupos de las cárceles está rebasados en casi el doble, y las condiciones son inhumanas. Entonces, resulta más pertinente fortalecer la capacidad del Estado y mejorar el sistema carcelario, de manera que se supere el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde 1998.

De otra parte, los procedimientos de participación ciudadana son trámites complejos, costosos y de resultados inciertos. El referendo propuesto en el primer gobierno de Álvaro Uribe solo aprobó una pregunta; el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz, rebajó el umbral y fue negado; y, la consulta anticorrupción no alcanzó el umbral. Así las cosas, en este caso parecería que su efecto más inmediato es la movilización política.

El Código Penal, para el acceso carnal abusivo en menor de 14 años, establecía prisión de 4 a 8 años, posteriormente, incrementada de 12 a 20 años. La primera disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, sin cuestionar la proporción y magnitud de la pena. Ahora bien, con la propuesta de prisión perpetua, cómo diferenciar a un abusador que solo comete un delito con otros que cometen decenas o cientos de violaciones, como ya ha ocurrido, ¿todos tendrían la misma pena?

En resumen, son alarmantes las cifras de abusos sexuales a menores, sin que se hayan tomado medidas efectivas para su prevención, pues se vienen incrementando durante la última década. Lo fácil es aumentar las penas ante la indignación ciudadana y de paso hacer movilizaciones políticas, lo difícil es mejorar la capacidad punitiva del Estado y el sistema carcelario, aquejados por múltiples males desde hace mucho tiempo.