La ministra con aval

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, debe renunciar porque no fue capaz de anteponer los intereses públicos a los privados. Una vez más, en este oscuro episodio quedó demostrado el poder de un banquero-constructor acostumbrado a que el Estado y los funcionarios estén a su servicio.

La ministra cometió un error inexcusable: cedió ante la presión del poder económico y estuvo a punto de hacer un acuerdo ilegal e inconveniente para el Estado. Las cifras que decidió manejar, casi que por antojo, estaban objetadas por las partes y por el propio Estado que ella representa. Sus cuentas alegres fueron destruidas por el laudo arbitral que resolvió que el Estado le debe al concesionario solo un saldo de 211.000 millones de pesos, y no la exorbitante cifra de 1,9 billones de pesos que ella pregonó, cuando pretendió desmentir la denuncia aparecida en mi columna en la que revelaba que se estaba fraguando un acuerdo clandestino para favorecer los intereses de los bancos, sin saber cuál era el costo real de la obra y a escasos días de que se pronunciara el Tribunal de Arbitramento.

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Mi denuncia y las confusas explicaciones de la ministra Orozco hicieron abortar este acuerdo, lo que salvó a la ministra de estar hoy respondiendo penal, disciplinaria y fiscalmente. Sin embargo, eso no la exime de la responsabilidad política que le cabe por no haber actuado en defensa de los intereses públicos.

La ministra cometió el error de sentarse a negociar un acuerdo con los bancos acreedores del concesionario, como si el contrato de la Ruta del Sol se hubiese ganado de forma limpia, tuviese una contabilidad transparente y un futuro judicial despejado. Y, cuando se produjo el laudo arbitral, en lugar de reconocer su error salió a reivindicarse de forma contraevidente. ¿Una ministra con ‘aval’ para feriar los dineros públicos?

El laudo arbitral demostró que la ministra analizó el caso de forma sesgada. Donde ella vio 1,9 billones de pesos, los árbitros vieron tan solo 211.000 millones de pesos. Y donde ella vio la posibilidad de un ahorro para el país –en el borrador del acuerdo, los bancos se comprometían a desistir de 200.000 millones de pesos en intereses–, los árbitros le terminaron enseñando que su “ahorro” la hubiese conducido a un detrimento patrimonial de más de un billón de pesos.

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La ministra acepta que fue asesora de uno de los bancos del grupo Sarmiento, pero dice que eso no la inhabilita para haberse metido a solucionar la deuda que los bancos tenían con el concesionario, del que el grupo Sarmiento era socio. Yo, en cambio, sí creo que este episodio deja a la ministra sin legitimidad para llevar las riendas de un ministerio que tiene que afrontar problemas como el de la caída del puente de Chirajara, los derrumbes de la vía al Llano y otros en los que, como constructor o banquero, se encuentran involucrados Sarmiento y sus empresas.

Pero, sobre todo, la ministra se equivocó al intentar avalar la idea de que las acreencias de los bancos debían ser asumidas con la plata de los colombianos. Afortunadamente, el laudo dejó clara una cosa elemental que ella ignoró: que las deudas del concesionario son del concesionario corrupto, no de los colombianos. Tanto es así que de los 211.000 millones de pesos que está condenado el Estado a pagarle al concesionario solo 26.000 millones serán pagados con cargo al presupuesto nacional.

Además, el laudo da las claves para saber dónde estaría la plata que los socios de la Ruta del Sol todavía le adeudan a los bancos. Esos dineros, según se deduce de esa sentencia, se habrían ido en el pago de “utilidades” repartidas de forma anticipada por 450.000 millones, sin que ni siquiera se hubiera terminado la obra; en más de 700.000 millones de sobrecostos que no fueron reconocidos; en las coimas y dineros desviados a campañas políticas por cerca de 150.000 millones; y, por último, en los 211.000 millones que es el saldo que deberá pagar el Estado para completar el valor de la obra ejecutada. Esto sin contar con los 1,4 billones de pesos que ya se le reintegraron a los bancos, la mitad de los cuales son controlados por el mismo constructor, que, aunque no lo crean, es también de Sarmiento. Si hacen estas elementales cuentas, los bancos sabrían hoy dónde es que está la plata que le prestaron al corrupto concesionario. ¿No sabía esto la ministra Orozco?

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Para los bancos que no pertenecen al Grupo Aval será muy fácil recuperar su plata. Bastará demandar a los bancos de Sarmiento para que sean declarados acreedores de mala fe, porque desde 2015, según las revelaciones de Jorge Enrique Pizano a Néstor Humberto Martínez, ya tenían información de que había una red de corrupción a través de la cual se sacaba plata del concesionario por medio de contratos ilícitos. Además de que se había firmado un contrato secreto entre Odebrecht y Corficolombiana en 2016, revelado por esta columna, que configuraba un pacto de silencio.

La ministra, por defender los intereses de los bancos, omitió contarnos otro detalle: que las empresas que hacen parte del concesionario, es decir, Odebrecht y Corficolombiana, esta última también de Sarmiento, firmaron como deudoras solidarias de los créditos financieros. Es decir, señores bancos, que la plata para pagarles a todos ustedes está en el patrimonio de Odebrecht y de las empresas de Sarmiento y que no había por qué recurrir a los dineros públicos.

A lo mejor todo este entramado explica el afán del Gobierno Duque y de su ministra por concretar este acuerdo entre el Estado y los bancos. Hoy, sin esa conciliación y con el laudo, quienes van a terminar respondiendo por las deudas que el concesionario contrajo, tanto con los bancos controlados por Sarmiento (Bogotá, Occidente, AV Villas y Popular) como con los que no controla (Bancolombia, Itaú y Davivienda), serán Odebrecht y el propio Sarmiento. Es que aquí no todos los caminos conducen a Roma, sino a Sarmiento.