Año rural a la brava

El servicio social obligatorio (SSO) -o año rural- se creó en 1949 para apoyar la organización de equipos de atención para puestos y centros de salud ante la carencia de condiciones mínimas de atención para la población en las zonas rurales del país. Desde entonces, se han llevado a cabo diferentes ajustes al programa. Sin embargo, el que plantea hoy el Ministerio de Salud es el más radical y de mayor repercusión en la formación de médicos en el país.

Esa cartera pretende imponer una resolución que obligue a los egresados de los programas de salud a prestar el servicio social obligatorio, eliminando la exoneración mediante sorteo que venía haciéndose desde 2014, ante la evidente baja disponibilidad de plazas disponibles y el crecimiento en el número de egresados de los programas de ciencias de la salud.

¿Cuál es la realidad? Al año se realizan cuatro sorteos. Por ejemplo, en 2023 se dispusieron alrededor de 4.000 plazas. En el primer sorteo de 2023 se asignaron 1.313 plazas y se tuvieron que exonerar 4.466 egresados de bacteriología, enfermería, medicina y odontología. La nueva obligación que se pretende imponer de esperar a los siguientes sorteos generará una inmensa acumulación de recién graduados esperando a que una plaza les sea asignada.

La resolución plantea duplicar las plazas, reduciendo la obligación a seis meses. Eso no es de manera alguna suficiente y no necesariamente va a lograr la expansión buscada. En el Ministerio de Salud conocen de sobra que los procesos logísticos y de contratación en los territorios rurales son complejos, muchos seleccionados imponen recursos de traslado o exoneración por motivos personales, de salud, y de seguridad personal. Acortar el periodo conducirá a que muchas plazas queden desocupadas por tiempos prolongados, reduciendo la presencialidad de los recursos en servicio social obligatorio.

Para los estudiantes y sus familias, el tiempo de espera para lograr una plaza será absolutamente incierto. Tomemos el ejemplo de medicina. Para 2024 egresarán cerca de 7.000 nuevos profesionales de 62 facultades. Las plazas que estarán disponibles apenas superan las 2.000, que duplicadas podrían llegar a 4.000, lo cual generará un remanente de 3.000 médicos esperando su SSO. A lo largo de los próximos cinco años, tendremos más de 15.000 médicos esperando por una plaza rural. Valiente avance.

Esa política tiene dos consecuencias muy graves: una para el egresado, que verá limitado su derecho al trabajo por cuenta de las decisiones antitécnicas del propio gobierno. Inequitativo y discriminatorio escenario teniendo en cuenta los costos que asumieron la mayoría de ellos y sus familias pagando altas matrículas universitarias y viendo truncado su desarrollo profesional, que en el caso de los médicos los conduce hacia la especialidad. Profesionales injustamente frustrados en su carrera profesional será un resultado muy difícil de manejar para una de las profesiones que brinda el mayor beneficio a la sociedad.

La otra consecuencia nefasta es que se retrasará la entrada de esos profesionales al mercado laboral; en un país donde los índices de médicos y enfermeras disponibles por millón de habitantes son aún muy bajos. Será un alto precio que pagaremos los usuarios y pacientes del sistema, reflejándose negativamente en mayores tiempos de espera para consultas y procedimientos. No se entiende de verdad esta política incoherente, cuando el Gobierno impulsa una reforma que pretende ampliar la base de servicios extramurales y la atención primaria, lo cual requiere miles de profesionales de la salud.

Otra realidad que no quiere entender el Ministerio de Salud es que el mundo cambió en los 75 años transcurridos desde la implantación del año rural. Hoy, los problemas carenciales y condiciones infecciosas que los médicos rurales atendían han sido superadas en la mayor parte de nuestro país. Actualmente, los conocimientos y tecnologías médicas avanzaron sustancialmente y la mayor parte de las enfermedades que puede atender un profesional en el área rural requiere de acceso a técnicas de laboratorio y diagnóstico que no están a la mano de un médico rural.

La pandemia demostró que la telemedicina puede ser más efectiva frente a médicos rurales, sin apoyo de su universidad y red que los soporte, realmente no pueden resolver la mayor parte de los problemas de salud que les consultan; terminan remitiendo la mayor parte de los pacientes.

Con mucha razón, muchos jóvenes médicos están hoy preguntándose por qué después de invertir seis años de su vida en una de las carreras más largas y teniendo como horizonte alrededor de cinco de especialización para entrar al mercado laboral, tienen que pagar el precio de una política lesiva que los discrimina frente a otras profesiones y les pone a cargar sobre sus hombros y su futuro una responsabilidad del Estado, como es la atención en zonas rurales, frenándoles la posibilidad de avanzar en sus carreras.

La incoherencia de este gobierno del cambio cada vez es mayor, y lo peor es que parece que hubiésemos regresado a 1949. Es también notorio el silencio de antiguos representantes de los internos y residentes que llegaron a ministerios y superintendencias, en el presente gobierno, gracias al apoyo de muchos médicos recién egresados.