Paramilitarismo

Ya Rodrigo Uprimny en su columna de El Espectador hace ocho días, y Gustavo Gallón en la suya hace quince, explicaron con claridad jurídica que prohibir el paramilitarismo no es superfluo ni redundante, y mucho menos peligroso, como pretenden ahora, entre otros, la periodista María Isabel Rueda y el politólogo Pedro Medellín cuando critican el Acto Legislativo 04 de 2017. Por el contrario. Reiterar

la prohibición puede no ser estrictamente necesario, pero es conveniente; y protestar contra tal reiteración es peligroso.

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Porque aunque el paramilitarismo sea ilegal, es un hecho sabido (y a menudo condenado por la justicia) que ha sido impulsado bajo apariencias de legalidad por las autoridades del Estado. La creación de las organizaciones armadas llamadas Convivir no es otra cosa que eso: creación de organizaciones armadas no gubernamentales, que por el arte de birlibirloque de un mero cambio de nombre se convirtieron en Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, comúnmente conocidas como paramilitares o paras, y que bajo el pretexto de combatir a las guerrillas se dedicaron a matar campesinos inermes, defensores de derechos humanos, militantes de partidos de izquierda y a veces también, muy ocasionalmente, algún guerrillero en armas. Para usar la terminología maoísta: se dedicaron a eliminar, no a los peces, sino el agua en que nadaban los peces: a pescar con dinamita. Lo que hace el discutido Acto Legislativo 04 de 2017 es prohibir explícitamente y sin ambigüedades la organización de cuerpos armados al servicio de una empresa privada o de un partido político, sea de izquierda o de derecha; de cuerpos armados tanto subversivos como progubernamentales, tanto comunistas como fascistas. Prohíbe tanto las AUC como las Farc o el ELN. Insiste en salvaguardar el monopolio de la violencia por el Estado, que es el pilar fundamental del Estado de derecho, en un país que no ha sabido respetarlo.

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En cambio negarse a reiterar su prohibición, como lo predican Rueda y Medellín, es reconocer que el paramilitarismo puede ser un útil recurso que es mejor no descartar. Para poner un par de ejemplos: un recurso como el que utiliza ahora el chavismo en Venezuela con sus ‘colectivos bolivarianos’ encamisados de rojo o el que usaba el fascismo italiano hace 80 años con sus ‘camisas negras’ de combate. Sin salir de Colombia: como los ‘pájaros’ y los ‘chulavitas’ de la gran Violencia desatada por los gobiernos conservadores de los años cuarenta y cincuenta. O más recientemente: como las Convivir organizadas por el ministro de Defensa Fernando Botero Zea en tiempos del presidente Ernesto Samper. Se lamenta el politólogo Pedro Medellín: el Acto Legislativo 04 “no tiene otro objeto que admitir que el Estado colombiano fue complaciente con la creación de los grupos armados al margen de la ley denominados paramilitares”. Pues sí: de eso se trata. De impedir que se vuelvan a crear. O que sigan operando.

Porque el paramilitarismo, aunque siga operando y sea oblicuamente defendido, sigue siendo negado. El gobierno de Santos y la Fiscalía de Martínez Neira se empeñan en refutar la evidencia de que los paramilitares existen, y siguen matando gente: “No hay sistematicidad”, aseguran, en los asesinatos de dirigentes comunitarios, defensores de los derechos humanos, militantes de izquierda y exguerrilleros desarmados. El fiscal Martínez ni siquiera los quiere llamar asesinatos, fea palabra: los bautiza púdicamente como “afectaciones a la integridad de los líderes sociales”. Y él y los suyos llaman asépticamente “Bandas criminales”, pleonásticamente ahí sí, a las pandillas de las autodefensas que quedaron en pie tras la entrega de sus jefes y su extradición a los Estados Unidos bajo el gobierno de Uribe para que fueran juzgados, no por sus múltiples masacres contra los ciudadanos colombianos, sino por su delito de contrabando de droga contra el fisco norteamericano.

No es novedad, por otra parte: siempre fueron llamados los paramilitares “mal llamados paramilitares”, como si no lo fueran. Y eso, desde la creación de las Convivir en tiempos del gobierno de Ernesto Samper y su ministro de Defensa Fernando Botero, que muchos, en su momento, denunciamos como el embrión del paramilitarismo.

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(Todavía varios años después, y ya vistos los resultados siniestros de las Convivir, su más activo promotor, el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, trató de convencerme -en la única conversación que hemos tenido- de que sus Convivir eran tan sanas e inocentes como los boy scouts o los niños cantores de Viena. Cuando yo había tenido el atrevimiento de llamarlas “Conmorir”, en vista de sus, ya dije, siniestros resultados).

NOTA SOBRE OTRA COSA: Tola y Maruja, es decir, Mico, es decir, el humorista Carlos Mario Gallego (y ya son cuatro) acaban de publicar un libro de entrevistas chistosas bajo el título de Sin agüeros. Los chistosos no son ellos cuatro, sino sus entrevistados: Ernesto Samper, Piedad Córdoba, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Noemí Sanín, Gustavo Petro y unos cuantos más. Con solo leer sus nombres dan ganas de llorar.n