El podrido sistema electoral colombiano

Se ha abierto el debate en torno al sistema electoral colombiano. Por un lado una serie de senadores como Armando Benedetti o Claudia López han manifestado que tal como se encuentra el sistema no sirve, pues incluso promueve el fraude electoral. Por su parte, el recién posesionado Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, manifiesta que la mayor debilidad es que este sistema no tiene los recursos suficientes para mejorar la planta de personal y aumentar la cobertura, sobre todo en jornadas electorales. También en La Habana, el tema electoral fue uno de los asuntos centrales en el punto dos de discusión. Mientras el gobierno nacional manifestó que el sistema electoral colombiano era el más fuerte de la región, un país sin dictaduras, con elecciones cada 4 años y con garantías de participación; para las FARC el sistema electoral es corrupto y no da garantías de participación.

Y es que los datos no son nada alentadores. Por ejemplo, para las elecciones locales de 2015 14 gobernadores y 29 alcaldes electos mantenían relaciones con la ilegalidad o capitales privados de dudosa procedencia. Quienes hoy gobiernan una buena cantidad de regiones del país son mandatarios en la lista Clinton, aparecen en fotos con narcotraficantes o en videos con jefes de BACRIM. El siguiente cuadro muestra el número de candidatos cuestionados discriminado por colectividad política.

Tabla 1  - Partidos y Movimientos Políticos con Candidatos Cuestionados

Vale la pena destacar que para los 10 casos en los que la persona electa fue por coalición encontramos colectividades como las del Centro Democrático, partido que en las regiones investigadas no tuvo candidato cuestionado con único aval. Hasta el año 2011, los políticos vinculados con las mafias recolectaban firmas y se hacían elegir por los movimientos significativos de ciudadanos. Sin embargo, para las elecciones de 2015, optaron por buscar los partidos tradicionales, quienes los recibieron sin problema y sin consecuencias jurídicas ni políticas.

Pero, ¿cuál es la realidad del Sistema Electoral Colombiano?, ¿qué tan corrupto es? La respuesta no es sencilla y además es amplia, por lo tanto, en lo que sigue, el texto se concentrará en lo que se denomina órgano electoral. Este se compone de tres partes. 1. La Registraduría Nacional, 2. El Consejo Nacional Electoral, y 3. La Sección Quinta del Consejo de Estado.

En cuanto a la Resgistraduría Nacional se puede decir que resulta muy complicado, o al menos no se entiende cómo una misma entidad es la responsable de emitir las cédulas e inscribirlas para elecciones, celebrar los comicios electorales y contar los votos. Este tipo de situaciones se presta para diferentes hechos de corrupción. De hecho, tres meses antes de cada jornada electoral el Registrador Nacional toma la decisión de rotar los registradores departamentales. Por ejemplo el de Caquetá lo manda al Cesar y el del Cesar a Putumayo y así sucesivamente. Esto se hace ya que, según la propia Registraduría, se le quiere quitar presión a estos funcionarios. En otras palabras, esta medida es una confesión de hecho: las presiones son tan grandes que en cualquier momento se puede dar un fraude electoral.  

Otro agravante es que muchos de los funcionarios departamentales de la Registraduría son amigos o familiares de políticos cuestionados. Entre otros ejemplos se puede mencionar a Nelcy Almario, hasta hace poco la registradora del Caquetá, quien es hermana del parapolítico Luis Alfonso Almario, recientemente condenado. También está Yolima Carrillo, quien hace parte del Consejo Nacional Electoral y a su vez es familiar del cuestionado Representante a la Cámara Antenor Durán, quien ha sido sindicado de pertenecer a la red de Kiko Gómez.  Además tiene un familiar en la Registraduría de Riohacha.

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es tal vez el nido más grande de corrupción. Se compone de 9 magistrados electos por el Congreso de la República. Es decir, los partidos eligen a sus militantes y amigos para que los vigilen, lo cual es algo así como poner al ratón a cuidar el queso. Estos niveles de politización llevan a que en el CNE prime la ley del “yo no te investigo y tú no me investigas”. A pesar de las fotos, videos y denuncias, a la fecha ninguno de los candidatos que participó en las elecciones locales de 2015 ha sido sancionado por gastos excesivos en campañas. Hubo gobernaciones que costaron hasta 5 millones de dólares, y con todas las pruebas no se ha hecho nada. Además, aun cuando el Consejo Nacional Electoral fuera independiente, éste no tiene capacidad presupuestal e institucional. De hecho, su nómina la paga la Registraduría y no tiene oficinas regionales.

La Sección Quinta del Consejo de Estado es la misma historia: un órgano politizado y sin capacidad de acción.  Lo cierto es que una vez firmado el acuerdo de paz habrá una apertura o posibilidad amplia de reforma al órgano electoral. De la movilidad ciudadana dependerá que Colombia avance hacia un proceso de democratización profundo o que nos quedemos con el mismo sistema corrupto.