Violencia selectiva contra líderes sociales

Los casos más dramáticos se vivieron hace dos semanas, en prácticamente cuatro días se presentaron seis acciones, entre ellas dos homicidios. La mayoría de estos líderes asesinados son de minorías de izquierda, las cuales muchas de ellas han visto la luz a medida que el proceso de paz se iba consolidando.

La Fundación Paz y Reconciliación ha registrado en el año 2016, 92 homicidios (victimizaciones individuales), de los cuales, las víctimas se han categorizado como: defensores de derechos humanos, líderes afrodescendientes, líderes campesinos, líderes comunales, líderes de restitución de tierras, líderes de víctimas, líderes indígenas, líderes juveniles, líderes LGTBI, líderes políticos, líderes sindicales y líderes sociales. El registro arroja 14 homicidios hacia la organización política Marcha Patriótica. Las cifras son aterradoras, más aún cuando se acaba de firmar un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Esta serie de asesinatos rememoran el genocidio político que vivió la UP o Unión Patriótica, en los años ochenta y noventa del siglo XX, cuando un poco más de 4 mil militantes de este partido fueron asesinados en una alianza entre agentes estatales, paramilitares y narcotraficantes. A esa operación de exterminio sistemático se le denominó el baile rojo y el periodo histórico se conoció como la guerra sucia. (Para profundizar ver el link)

Uno de los mayores temores a medida que el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC se iba consolidando se refería a una nueva “guerra sucia”. Tanto las FARC como su base social habían advertido de situaciones complejas de seguridad para sus líderes, así como organizaciones sociales a nivel territorial.

Tres cosas son importantes mencionar. Lo primero que se observa es la estigmatización que continúa hacia dichos líderes en las regiones más afectadas del conflicto armado. Incluso miembros de la Fuerza Pública siguen considerando a estos pobladores como guerrilleros. Lo segundo que se observa es que la mayoría de atentados y homicidios a estos líderes están en la total impunidad, la captura de autores materiales es mínima y aún menor la de los autores intelectuales. Lo tercero es que el Gobierno Nacional aún no actúa frente a las preocupantes cifras de homicidios y amenazas en medio del proceso de paz. Las medidas que se toman no pasan de reuniones de emergencia.  

Es necesario recordar que ser un líder social en una región en donde la guerra está cesando y la paz está llegando, se convierte en una amenaza y un peligro inminente. Según el representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU: “este año han muerto mayoritariamente miembros activos de Juntas de Acción Comunal de regiones en las que las Farc han tenido fuerte presencia”. Si se llega a dar un nuevo baile rojo, el proceso de paz estaría prácticamente sepultado, así como las aspiraciones de profundización de la democracia colombiana. Hoy día se puede decir, que lo ocurrido en 2016 es básicamente un genocidio político mediante asesinados selectivos.

El siguiente cuadro discrimina la tipología de líderes sociales contrastado por el tipo de acción victimizante que sufrieron.

Lo que se evidencia en el cuadro anterior, es que aproximadamente el 20% de homicidios corresponden a Marcha Patriótica. Por otro lado, dentro de los presuntos responsables se encuentran, mayoritariamente: las bandas criminales, el ESMAD, el Ejército Nacional, y en otras aún no se ha podido identificar el actor.

Tal vez el asunto de los presuntos responsable es el tema central del análisis. Lo que ha podido recoger la Fundación Paz y Reconciliación es que diferentes estructuras de las denominadas Bandas Criminales estarían siendo contratadas para asesinar líderes sociales. Es decir, estarían funcionando como mercenarios. Serían agentes que se encuentran en la legalidad los que las estarían contratando a las BACRIM. Así las cosas habría sistematicidad en una buena cantidad de casos. Igualmente se debe aclarar que otro número importante de homicidios obedece a situaciones aisladas y venganzas políticas territoriales. En razón de lo anterior, todo se ha dado a causa de la no protección hacia los defensores de derechos humanos y la ocupación de nuevos grupos en zonas donde operaban las FARC-EP.

Así las cosas, o se toman medidas y por fin y de una vez por todas separamos las armas de la política o, con indiferencia de la ciudadanía y del Estado asistimos a un nuevo genocidio político.