La normalidad de la excepción: cuando nos acostumbramos a que no podemos hacer nada

La muerte de la joven María Pilar Hurtado es excepcional de muchas maneras. Es excepcional, primero, porque la mataron por ejercer liderazgo. Siendo tan pocas las mujeres que ocupamos estas posiciones en las comunidades, y las instituciones, somos también pocas en las estadísticas de asesinatos políticos.

De acuerdo con la Fundación PARES, que cita datos de USAID, CDC y CHDES, el 24% de los líderes son mujeres y de los líderes asesinados en los últimos dos años, el 20% son mujeres (La Defensoría del Pueblo no ha considerado importante reportar este dato). También es excepcional porque había sido mencionada en una lista de amenazados y la Defensoría del Pueblo había advertido a las autoridades pertinentes para que adoptaran medidas para proteger a quienes estaban en la lista.

De acuerdo con la información recogida por El Espectador (¿Se podía prevenir el asesinato de María del Pilar Hurtado? Junio 28, 2019), no hay evidencia de que se hubiera hecho algo para impedir la muerte de esta joven o de ningún otro de los que aparecían en la amenaza. Finalmente, es excepcional porque el territorio donde ocurrió ha sido objeto de múltiples intervenciones orientadas a la pacificación, reconstrucción y retorno. Recientemente la comunidad de los Montes de María ha pedido al Centro de Memoria Histórica hacer un informe sobre la región que explique bien todos estos procesos y los integre en una sola narración. El informe está en su segunda fase, de acuerdo con el Centro. 

Lo difícil es que estas excepciones se están volviendo más comunes; vamos dejando que la excepcionalidad se nos vuelva la normalidad. Dos mujeres más han aparecido en la prensa indicando que están en peligro. La primera de ellas es una compañera de María del Pilar. Dice que no acude al estado porque el Estado no puede hacer nada; es mejor la auto protección. La segunda de ellas, en la prensa esta semana, es una líder que trabaja por los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual. Dice que ella ha recibido muchas amenazas pero nadie le ha ofrecido ayuda ni protección. Sabe bien del impacto de las amenazas sobre su propio trabajo y sobre su comunidad porque es de El Salado. Tampoco confía en que nadie va a protegerla. 

En 2011 el gobierno nacional creó la Unidad Nacional de Protección precisamente para atender casos como estos. El decreto 4912 de 2011 señaló que la Unidad Nacional de Protección se encargaría de situaciones de riesgo extraordinario y extremo de líderes, testigos, periodistas y víctimas del conflicto armado. Según la página web de la entidad, para pedir protección debe llenarse un formulario, que se puede descargar en la misma página, y enviarse por un correo electrónico o entregarse en una de las oficinas regionales.

La persona amenazada debe, además, adjuntar los documentos que dan cuenta de las amenazas que le han hecho. Se promete dar respuesta en menos de tres meses de recibida la solicitud. Esto parecería bastante sencillo, al alcance de cualquiera en cualquier lugar. Pero también aparece casi como rutinario. ¿Tres meses? Si una persona está en lo que se clasifica allí como riesgo “extraordinario” es difícil pensar que pueda/tenga que esperar tres meses. No sorprende que la mayoría de las solicitudes que se hacen a la Unidad sean solicitudes de petición de información sobre solicitudes que se han radicado en el pasado. ¿Por correo electrónico? Parecería que quien diseña estos protocolos no cree que de verdad las personas están amenazadas.

No todos los ciudadanos sabemos o contamos con cuentas aseguradas y lo primero que pueden hacer quienes amenazan es controlar las cuentas de correo. Cualquier alerta que se le dé a un agresor de que se busca seriamente ayuda puede poner en mayor riesgo al amenazado. Documentos que sustenten la solicitud? No se trata de la homologación de un diploma. Esta aproximación fría y burocrática puede adecuarse a ciertos estándares de calidad pero ciertamente no se compadece con lo extraordinario y extremo que debe demostrar el ciudadano. Tenemos prueba además de que no convence a las personas que están en riesgo de que el Estado puede y quiere hacer algo para protegerlas. 

Lo peor de rutinizar la protección a líderes, periodistas, testigos y víctimas, sin embargo, es que concedemos que podemos vivir en una sociedad en la que reclamar un derecho por las vías institucionales (el derecho a la participación política, el derecho a la propiedad de la tierra, el derecho a la justicia, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad de expresión…) puede ponerlo a uno en riesgo de morir.

Recientemente, a propósito de algo que leímos sobre la muerte de Pablo Neruda, traté de explicarles a mis hijas la profunda desazón que produce haber confiado en las reglas, esperar por más de treinta años, y ser traicionado cuando finalmente uno gana el juego o parece que va a ganarlo. Es difícil entenderlo cuando uno no tiene muchos años. Lo que si se entiende es el dolor de las promesas incumplidas. Tenemos que tomarnos mucho más en serio estos casos, estos miedos, a estas ciudadanas. Tenemos que seguir viendo lo extraordinario como extraordinario y asumirlo con la gravedad que demanda. Entender esto no es solamente tarea de la Unidad de Protección o de quienes redactan sus protocolos. Es tarea de todos construir instituciones fuertes y asegurarnos de que las promesas tienen significado.