ASUMIR LA REALIDAD

Ignorar o pretender ocultar las realidades no ha sido nunca una buena política. Por el contrario, encararlas objetivamente, reconocer los hechos y derivar de ellos sus consecuencias, es no solo conveniente sino indispensable si se quieren prospectar nuevos derroteros, enmendar errores y adquirir el derecho a reclamar el apoyo popular perdido o a refrendarlo en caso de haberlo logrado. Se requiere ciertamente una dosis de coraje para proceder de esa manera y no ha sido esto lo habitual en Colombia, donde por lo general un método defectuoso de pensamiento conduce a temer más las palabras que los sucesos. Buena parte de las desgracias nacionales ha estado ligada a esta particular manera de ver las cosas, despojándolas de sus contenidos, en un obstinado intento de tener siempre la razón.
Es algo de lo que ha venido ocurriendo con las elecciones del treinta de mayo, en el campo liberal. Los resultados de esos comicios no dejan lugar a dudas sobre lo acontecido: nuestro partido fue derrotado en sus dos vertientes representadas por las candidaturas de Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Galán, ante el empuje arrollador del movimiento nacional acaudillado por el candidato conservador Belisario Betancur. Es un mérito del discurso del doctor López Michelsen ante los parlamentarios liberales, haberlo reconocido así, sin ambages ni reticencias, en los términos exactos que permiten plantear el problema en sus rigurosas dimensiones. Las causas de esa derrota, aún no suficientemente analizadas, y que por supuesto van mucho más atrás que los episodios de la última campaña, no son materia de este artículo. No obstante, es oportuno reclamar desde ahora que sobre ellas se haga luz, no se pase a la ligera, sino que ocupen seriamente la atención del partido. Esto si se aspira a ser alternativa en el futuro, como lo planteaba López, y no sólo a sobrevivir penosamente por inercia, con los auxilios de las cuotas burocráticas, o con superficiales operaciones de maquillaje que ya a nadie convencen.
Si en Colombia funcionara normalmente el régimen democrático, las secuelas del 30 de mayo serían de meridiana claridad para todos. No estaríamos ante las expectativas e incógnitas actuales que, como es fácilmente comprobable, retienen más la atención de la dirigencia política que de la ciudadanía, o el llamado país nacional, acuciado por otras angustias y problemas más inmediatos.
En efecto en el sistema democrático conocido, sé hace la consulta al elector sobre diversas opciones acerca de las cuales debe pronunciarse para configurar una decisión popular que una vez producida indica qué partido o coalición de partidos ejercerá el Gobierno y cuál desempeñará la oposición. Sin esa relación dialéctica entre Gobierno y Oposición no puede decirse que haya realmente democracia. Es lo que vemos en Colombia, donde en la práctica la oposición ha desaparecido o ha quedado absorbida, dejando vacante el papel de fiscalizador, con letales consecuencias para la moral administrativa.
No son estas nociones originales ni tesis o afirmaciones que brillen por su novedad. Es algo que, desde distintos ángulos y con diferentes enfoques, se viene sosteniendo desde 1968, es decir, desde la fecha misma en que se introdujo a la Constitución en su artículo 120, la norma sobre la participación "adecuada y equitativa" del partido vencido que siga en votos al del Presidente de la República, y se dio con ello continuidad y permanencia al régimen transitorio del Frente Nacional. No haber tomado a tiempo como bandera el desmonte de esa disposición y no haber dado los pasos necesarios para su eliminación con la derogatoria por parte del Congreso, como lo propusimos algunos aisladamente, tenía que llevar de manera inexorable, tarde o temprano, a la victoria del partido conservador y el movimiento nacional encarnado por su candidato, pues sin duda hay más coherencia entre ese prospecto político y los gobiernos nacionales que ordena la Carta, que entre el 120 y un programa de partido. Por eso he sostenido que el liberalismo fue la gran víctima del Frente Nacional. Y aun cuando de nada vale tener aciertos póstumos, corriéndose más bien el riesgo de aparecer impertinentes, vale la pena recordar que esa fue la tesis central esgrimida en su época por el MRL, disidencia que congregó al liberalismo de izquierda.
En síntesis, si se eliminase el referido inciso del artículo 120, se contribuiría a un avance en la conformación de la democracia política --lo cual no es suficiente sin democracia económica y democracia social--, pero permitiría dar racionalidad a las instituciones y a la función y actividad de los partidos. Me hago cargo de que ello no va a ser fácil, no sólo por los intereses burocráticos vinculados a lo que se ha denominado clientelismo, que prospera en todos los partidos y sus distintas vertientes, sino además porque la mentalidad del colombiano se ha hecho a la idea de que lo que existe es lo natural y lógico, resultando ingrata tarea convencerlo de que es antidemocrático y en cierta forma absurdo obligar a los partidos, por mandato constitucional, a ser simultáneamente gobierno y oposición.
A pesar de su importancia, no es éste, sin embargo, el tema que agita a los colombianos de todos los partidos en vísperas del traslado de poderes y la posesión del doctor Betancur, como jefe del Estado. La gravedad de los problemas, especialmente en el órden económico y social, y la esperanza puesta por una gran mayoría de compatriotas en lo que haga el nuevo mandatario para afrontarlos, está en el centro de esas preocupaciones. Sólo una extrema insensibilidad de la impropiamente llamada clase política, de la que infortunadamente ya se han dado muestras en el pasado, podría desconocer ese sentimiento general.
Es inocultable el afán casi unánime de dar respaldo y rodear de confianza al doctor Betancur, sin regateos, para que pueda cumplir los puntos de su programa y afrontar la compleja etapa de la vida colombiana que le ha correspondido. No hay duda de que el nuevo Presidente está rodeado por la simpatía general y el ánimo de cooperar a que su gestión tenga éxito. Ello no impide que el liberalismo, dentro o fuera del Gobierno, ejerza la función crítica que le corresponde y a la que no puede renunciar, como no ha debido renunciar frente a Gobiernos del propio partido en nombre de una mal entendida solidaridad, y gane así el derecho a ser alternativa, si interpreta y aboga por lo que la gente quiere y necesita.
Ojalá las discusiones sobre la integración del Gobierno, interferidas por el parágrafo del artículo 120, como se ha dicho tantas veces no desvíen esos propósitos, ni la vorácidad burocrática, que tanto daño ha hecho, entorpezca la gestión del Presidente Betancur.