Atentado a la justicia

Para la Corte Constitucional de Colombia, la justicia es la “Virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. En sentido jurídico, la justicia consiste en determinar a quien le pertenece alguna cosa conforme a derecho. Implica el deber ser de las cosas”. Esta definición, llevada al campo estructural, convierte a la justicia en el bastión sobre el cual se erige la democracia. Difícilmente pueden existir sistemas democráticos y que no exista justicia, y precisamente esa existencia no es una mera formalidad, se trata de una realidad viva e imperante, en que los atributos de imparcialidad, objetividad e independencia marcan la pauta en el desarrollo de las funciones que le son propias a esta importante rama del poder.

Es importante destacar que la acepción de justicia trasciende a la mera composición de cargos de altos magistrados y jueces de instancia; su significado, además, posee un intangible y es justamente lo que hace que, en la justicia, descansen las preocupaciones del pueblo cuando el tirano, la delincuencia, la paraestatalidad y demás actores pretendan corroer los cimientos de un Estado. Ese intangible oferta un sistema de justica en el que podemos confiar y depositar nuestras angustias e incertidumbres esperando que, frente a estos flagelos, nuestros jueces defiendan los derechos y las garantías del pueblo y les regalen el saber que sus asuntos están bajo control y escrutinio de la digna facultad de darle a cada quien lo que le corresponde.

Conforme a lo anterior, no deja de angustiarnos y preocupar la noticia de hace varios días sobre un posible plan para atentar contra el Palacio de Justicia, noticia que prendió las alertas de todas las autoridades al tiempo que revivió los dolorosos recuerdos de 1985, cuando se produjo el asalto criminal al Palacio de Justicia liderado por el entonces grupo terrorista M-19. Es de recordar que este doloroso evento cobró la vida de muchos magistrados, personal de la justicia y demás trabajadores de este emblemático edificio. Hoy, 39 años después, el episodio revive el terrible fantasma del pasado y alerta sobre la necesidad de aunar esfuerzos para reducir y llevar a su eliminación el temor, la zozobra y el desdén al que están expuestas nuestras altas cortes.

Recordemos que en el Palacio de Justicia funcionan nuestras altas cortes: el máximo órgano de administración de justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, integrado por seis magistrados/as; la Comisión de Disciplina Judicial, encargada del control disciplinario sobre abogados, jueces y fiscales, integrada por siete magistrados; el Consejo de Estado, máximo rector de la justicia contenciosa administrativa con 31 magistrados; la Corte Suprema de Justicia, máximo estamento de la justicia civil, agraria y de familia, laboral y penal con 23 magistrados, y la Corte Constitucional como órgano de cierre en materia constitucional, integrada por nueve magistrados. Asimismo, en dicho recinto existe otro gran número de servidores judiciales, empleados y personal al servicio de la justicia.

El contexto en que se presenta esta información no puede ser peor. La asociación farmacéutica de Colombia informa sobre el desabastecimiento de 20 medicamentos para controlar la epilepsia; el país escucha una vez más las ya reiterativas e incongruentes acusaciones del presidente hacia la gente “rica y asesina de este país”; se produjo la materialización de un decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel al tratar de genocida a su primer ministro, al tiempo que se pide mesura y no injerencia en los asuntos internos de la “democracia venezolana”; surge el llamativo pedido de la USO para reactivar la exploración de hidrocarburos en Colombia; somos testigos del reporte de la masacre número 43 en lo que va de 2024; se conocen las denuncias ciudadanas sobre pagos de exorbitantes en las declaraciones de renta producto de la reforma tributaria vigente, y nos invitan al anuncio de una nueva reforma que busca implementar un 5x1.000 como gravamen a las transacciones bancarias y un proyecto de “inversiones forzosas”, entre otras noticias poco alentadoras.

Este contexto nos permite arrimar a una conclusión y es que, conforme avanza este período constitucional, se hacen más visible los riesgos para las funciones que le son propias a la administración de justicia, por lo que debemos procurar resguardar nuestra justicia y protegerla a como dé lugar.

Finalmente, y como resultado de los operativos desplegados por la policía nacional a orden de una investigación judicial obtenida con información de inteligencia, las altas cortes sostuvieron una reunión con la fiscal general de la nación, el director general de la Policía, el comandante de la Policía de Bogotá y el alcalde de Bogotá, en la que se concluyó de manera conjunta de parte de los altos tribunales de justicia que esta rama del poder público debe actuar sin presiones y amenazas, que se debe valorar y proteger –de parte del Estado y la sociedad– la independencia del poder judicial, así como debe promoverse la protección a todas las instituciones de nuestra república.

La sagrada y magna administración de justicia debe ser respaldada y protegida en todos sus ámbitos, no debemos dar lugar y cabida a todo atentado que pretenda socavar la integridad y probidad de este estamento. Es cierto que en el recinto del palacio yace una llama incandescente que nos permite recordar el holocausto al Palacio de 1985, pero también es un mensaje claro y contundente que el fervor y la llama de la justicia debe estar siempre encendida e irradiando en todos los sectores del poder.