Autogolpe de Estado

La narrativa presidencial ha sido constante en la idea que al Gobierno nacional se le ha impedido gobernar de parte de sectores ideológicamente opuestos y, más concretamente, de parte de una ultraderecha a la que acusa además de “sabotear” las reformas sociales desde los fallos judiciales y el Congreso de la República.

Por desgracia para nuestro pueblo colombiano, las frustraciones que afronta el Ejecutivo perjudican sobre manera al común de los ciudadanos que, contario a encontrar soluciones a nuestros problemas cotidianos, ve incrementado el costo de vida, es testigo a diario de enfrentamientos hostiles entre sectores políticos y, además, padece de la falta de expectativa frente a un gobierno que es culpable de su propio fracaso y autor de un autogolpe de Estado. El miedo que ha rodeado al Gobierno parte de la imposibilidad de defender la financiación de la campaña Petro Presidente 2022-2026 y de un manejo torpe de las finanzas públicas.

Ha trascendido que la campaña superó por mucho los límites. En principio, se habla de más de 5.300 millones de pesos; no obstante, se discute que existe otra serie de gastos e irregularidades tampoco reportados que exceden la cifra mencionada. Por su parte, la estrategia comunicativa gubernamental ha buscado por todos los medios posibles ocultar la realidad financiera de la campaña presidencial y enfrentar más bien desde lo jurídico y lo político al Consejo Nacional Electoral.

La estrategia se ha diseñado a partir de confundir al espectador promedio diciéndole que el CNE “quiere destituir al presidente”, “que los derechos políticos no pueden ser limitados por una autoridad administrativa”, “que quieren a través de un concepto de la sala de consulta y servicio civil que no es vinculante, sancionar al presidente”, “que a través de la decisión del Consejo de Estado se ha despojado al presidente de su fuero constitucional integral”. Las premisas anteriores sólo distraen la realidad jurídica del tema.

Debe reiterarse que la única autoridad legitimada para investigar y enjuiciar al presidente por causas constitucionales —disciplinarias y penales— en su orden son: la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, el Senado de la República y, al tratarse de asuntos de implicación penal, la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior no obsta para que, conforme lo dispuso la Sala de Consulta y el Servicio Civil del Consejo de Estado, el CNE pueda definir si existió responsabilidad administrativa de la campaña, el candidato y el gerente por la anunciada violación a los topes.

Se itera, cuando la Sala de Consulta y el Servicio Civil del Consejo de Estado dirimen un conflicto de competencias administrativas, no se trata de establecer una competencia jurisdiccional, no ejerce como órgano consultivo, sino que su decisión es estrictamente vinculante a las partes.

Por el otro lado, el proyecto de presupuesto para 2025 incluía, entre otros, 28,6 billones de mayor recaudo por “gestión” de la Dian que —según la proyección de los expertos— podría oscilar entre unos máximos de siete u ocho billones de pesos. Lo expuesto deja un panorama incierto sobre los 20 billones de pesos restantes que, producto de una indebida planeación presupuestal y un derroche financiero, ha dejado al Estado colombiano con un déficit aproximado de más de 30 billones de pesos, sumándole así la afectación a otros sectores del presupuesto general.

Este fatídico, pero esperado escenario, obligó al Gobierno a buscar un financiamiento al presupuesto de 2025; en esta ocasión, con una “oculta” reforma tributaria —con nombre de ley de financiamiento— radicada el pasado martes 10 de septiembre. Se conoce que la nueva reforma tributaria no cuenta con las mayorías en el Congreso y que busca, luego de su anunciado fracaso, expedir una reforma por decreto, vestida de ley de presupuesto.

Es así que el fantasma del golpe de Estado es realmente producto del delirio paranoide del Gobierno, que busca culpables más allá de sí mismo. El país debe conocer la realidad de la financiación de la campaña y debe permitirse que la institucionalidad y el Estado de derecho actúen de forma armónica y articulada a efectos de tener —en grado de certeza— la claridad del panorama en estos 22 meses restantes del fatídico proyecto del cambio.

El orden de las finanzas debe ser prioridad y el Gobierno de Colombia debe orientar sus esfuerzos a solucionar con criterios de austeridad y eficiencia la crisis advertida por el desfinanciamiento de los recursos públicos al tiempo que se requiere conocer la verdad acerca de la legitimidad de la campaña y de este gobierno.