Bajo los efectos de una dictadura blanca

La situación política, económica y social del país se deteriora en forma acelerada; la seguridad se ha perdido tanto en el campo como en el ambiente urbano y el valor de la vida de los seres humanos se menosprecia por los bandidos.

El Gobierno parece que ha renunciado a ejercer su autoridad legítima en gran parte del territorio y los delincuentes se sienten respaldados por la impunidad que les ofrecen desde el centro del poder ejecutivo, así como la verdadera justicia debe sentirse menospreciada frente al libertinaje que favorece a los facinerosos.

El jefe de gobierno cree que representa a todo el pueblo colombiano y procede favoreciendo sólo a una minoría, a la cual maneja e ilusiona con un discurso populista que siembra el odio de clases, la discriminación, el racismo y la polarización, posiblemente para recoger tempestades que le permitan reinar sobre las cenizas que dejará una guerra fratricida. La incitación a la violencia y la estrategia de crear cortinas de humo frente a los probables actos de corrupción de su entorno familiar y político tienen ‘mamados’ a los colombianos.

Los funcionarios de bolsillo son cómplices del actual desbarajuste y documentos como el emitido por la Fiscalía que regula la protesta social, no solo despenaliza los delitos de la primera línea, sino que ponen en riesgo la democracia y facilitan y premian el pillaje y la destrucción, buscando posiblemente un verdadero estallido social, similar y con peores consecuencias que los desafortunados sucesos del 9 de abril de 1948.

El agua escasea en la planicie cundinamarquesa y sus alrededores, afectando por lo menos a 10 millones de habitantes, no solo por causa de los fenómenos meteorológicos, sino porque el alcalde Petro parece que no tomó en su momento las decisiones de ampliar la capacidad de almacenamiento; hoy se suma otra perla a las penurias del país, como es la restricción del gas vehicular, afectando a miles de transportadores y —por ende— a la población en general. Estas son muestras claras de que la izquierda no tiene capacidad ni para administrar ni para gobernar.

Es difícil entender que después de dos años de desgobierno zurdo aún haya indiferentes que no reconocen la situación tan compleja que vive Colombia; estamos bajo los efectos de una dictadura blanda. Con la llegada de la izquierda al poder, al país le tocó vivir tal vez la más dura prueba de los dos últimos siglos, donde solo la unión de todos los ciudadanos, sin egos ni ambiciones personales, sino pensando en la patria y con un solo candidato que tenga visión de estadista, seguramente se podrá derrotar la ideología socialista, lo que puede ser el salvavidas para recomponernos de la destrucción a la que estamos siendo sometidos.

Los actos populistas del Gobierno, en que se observan movilizaciones irrisorias, probablemente compradas y pagadas con recursos de los impuestos de todos los colombianos, no son verdaderas movilizaciones ni tampoco les dan legitimidad a los caprichos ideológicos del gobernante; esto demuestra la intranquilidad del Ejecutivo, que ve cómo cada día pierde adeptos y busca, a punta de emparedados y discursos ‘20 julieros’, convencer a una parte de la población que cada día está más empobrecida por los errores, escándalos y corrupción de los progres.

El hecho de que los zurdos hayan podido llegar al poder es sin duda el resultado del rechazo a la inmoralidad de algunos políticos; es el momento para que los buenos, aquellos que no han vendido ni sus votos, ni sus conciencias, reflexionen sobre el futuro de Colombia y analicen el fondo de las nuevas propuestas del Gobierno.

Las cargas tributarias adicionales que plantea el Palacio de Nariño solo tratan de desocupar los bolsillos de los trabajadores y en especial de la clase media para volver a formar capital, pues las arcas del Estado las han vaciado inmisericordemente con la corrupción y con los subsidios para posiblemente comprar las elecciones de 2026.

Colombia tiene que volver a ser grande y todavía podemos recuperarla.