A un flamante senador

Me gustaría preguntar al flamante senador, condenado a 36 años de prisión por masacrar un centenar de civiles indefensos, qué propuestas tiene para el pueblo que destrozó. Ya que le dieron curul por cárcel, algo tendrá que hacer para resarcir el terrible mal que causó.

Para comenzar, podría ayudar al Ejército a señalar los trayectos que seguro utilizan las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y el ELN para moverse frescos por el extenso municipio de Bojayá.

Nadie conoce mejor esos vericuetos fluviales y terrestres que Israel Zúñiga –conocido como Benkos Biohó, el seudónimo que usurpó y deshonró–, dado los largos años en que los recorrió con fusil al hombro.

Lo descorazonador es constatar que la espiral de violencia nunca acaba. Antes fueron las extintas Farc y AUC las que guerreaban por la plata, y ahora son AGC y ELN los que siembran el terror en el sufrido Bojayá. Lo incomprensible es que determinados sectores sociales hagan distingos entre unos y otros, como si existiesen diferencias.

Ambos están resueltos a conquistar una ruta de narcotráfico, en el Atrato Medio, que atraviesa Bojayá y desemboca en el Golfo de Urabá, y no les preocupa que en el fuego cruzado caigan civiles, ni que en el mismo territorio murieran asesinados un centenar de niños y adultos cuando despuntaba el siglo.

Cuando estuve en Bojayá a finales de noviembre, para conocer de primera mano las alertas que lanzaban las comunidades embera katíos, palpé el miedo que respiraban, pero sus denuncias apenas tuvieron eco.

Contaron que un grupo nutrido y armado hasta los dientes de las AGC había aparecido en sus caseríos del área del río Cuia en octubre, procedentes del área de Riosucio. Anunciaron que llegaban con la intención de sacar al ELN y matarían a cualquiera que colaborara con ellos. Impusieron restricciones horarias de movimiento y llegaron a amenazar con violar a las mujeres que incumplieran esas limitaciones.

Poco después, la zona fue escenario de enfrentamientos entre los recién llegados y el ELN, guerrilla que arribó a Bojayá en 2018 para ocupar la región que había sido feudo de las Farc por lustros.

También denunciaron las minas que siembran los elenos alrededor de sus caseríos, y pidieron a la propia guerrilla que dejara de hacerlo. Les contestaron que no pretenden afectarlos a ellos sino a las AGC, como si ese tipo de arma silenciosa distinguiera quién las pisa. De hecho, según contaron, en días anteriores hirieron gravemente a cinco militares que patrullaban la zona.

Las amenazas y las minas los obligaron a confinarse en sus poblados, pasando hambre por no poder recoger sus cultivos de pancoger de los alrededores. La cabecera Bellavista corre menos peligro que las dispersas, minúsculas y empobrecidas comunidades indígenas, situadas en las orillas de los ríos que bañan el extenso municipio.

Aunque el Ejército incremente su presencia, no será fácil pacificar la región. Requieren de la colaboración de los indígenas, pero si los embera cooperan con los uniformados, los pueden asesinar cualquiera de los dos bandos.

Pregunté a diferentes líderes qué puede hacer el Estado para protegerlos, y no supieron qué decir. Imposible permitir la presencia permanente del Ejército en sus territorios y si solo están de paso, los grupos se limitan a esperar que se vayan para regresar. Sería imperativo que empezaran el desminado, pero el ELN podría interpretarlo como colaboración con los militares y las AGC, lo que supondría ponerlos en el punto de mira. Sin dejar de lado la desconfianza que persiste entre pobladores y autoridades por la historia pasada y la corrupción actual.

Por tanto, el Gobierno debe empezar por seleccionar bien a sus mandos medios en el terreno para evitar alianzas criminales con las AGC. Para nadie es un secreto que sin manzanas podridas entre los uniformados, jueces y fiscales, nunca florecería el narcotráfico.

Todo ello sin dejar de lado que el ELN cuenta con menores de edad en sus filas, como pude constatar en otro viaje. Duque y la cúpula castrense deberán decidir si merece la pena actuar con contundencia asumiendo el riesgo de que haya niños entre las posibles bajas y, en caso de seguir adelante, cómo protegerán judicialmente al oficial que imparta las órdenes. Sería necesario alcanzar un consenso nacional porque es de hipócritas poner el grito en el cielo y exigir la actuación de las FFMM, y después acusarles de asesinos si mueren menores en la misión. Urge, en todo caso, una campaña para prevenir el reclutamiento y promover la deserción de los menores.

En suma, empezamos 2020 como terminamos 2019. Confiemos en que haya un cambio drástico en los próximos meses.