La corrupción en las calles rotas de Bogotá

En enero de 2014 una mujer de 26 años murió después de que la motocicleta que conducía cayera en un gigantesco hueco ubicado a 200 metros de la entrada a Monserrate, sobre la Avenida Circunvalar de Bogotá. Tuvieron que pasar dos años y el cambio de alcalde, de Petro a Peñalosa, para que el pasado fin de semana el Distrito asumiera el caso y tapara ese y otros 88 huecos peligrosos que había en los dos sentidos, en toda la extensión de la vía.

Mueren con frecuencia peatones, motociclistas y automovilistas en la capital del país por culpa de los huecos lo cual es insólito y condenable. Pero lo es, tanto y más, que cada uno de esos accidentes no hubiera provocado la reacción inmediata de las autoridades para efectuar la reparación y evitar nuevos casos.

El estado de la malla vial de Bogotá es calamitoso. Tan solo en las vías principales –la carrera séptima, la avenida 68, la avenida Boyacá- hay más de 7.000 huecos, algunos verdaderas trampas mortales. Usaquén, Fontibón y Puente Aranda son las localidades que concentran la mayor cantidad de huecos en sus calles.

Para mejorar la movilidad y la seguridad de conductores y peatones, la nueva administración se  comprometió a arreglar durante los primeros 100 días de gobierno 2.100 huecos en los puntos más deteriorados, en horarios nocturnos y con trabajadores y recursos de la Unidad de Mantenimiento Vial.

“Nada extraordinario, lo que se debe hacer”  pensaría cualquiera, pero en realidad es una de las primeras y grandes revoluciones  de la nueva alcaldía. Uno de los motivos fundamentales del deterioro de la malla vial es la pérdida de recursos por corrupción, ya que durante buena parte de los gobiernos que administraron a  Bogotá entre 2004 y 2016, las contrataciones de  la Unidad de Mantenimiento Vial eran controladas por los concejales Orlando  Parada, Andrés Camacho Casado e Hipólito Moreno, hecho del cual ya se ocupó la justicia.

El complemento perfecto para llevar la situación a los límites actuales lo aportó durante su administración el exalcalde Gustavo Petro a través de dos iniciativas que han sido tan cuestionadas como controvertidas: encomendar la reparación de las vías de los barrios a la Secretaría de Gobierno y la “máquina tapahuecos”.  

En junio de  2012 Petro y su entonces secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, obligaron a las alcaldías locales a destinar el 40% de su presupuesto a tapar los huecos en las calles de los barrios y atender temas de espacio público. Basados en malabarismos jurídicos les quitaron esa competencia para que supuestamente la Secretaría de Gobierno centralizara los recursos y lograra economías de escala en compra de insumos y contratos de mano de obra. Todo terminó en que la Secretaría suscribió el convenio 1292 de 2012 con la UMV por $168.000 millones para supervisar la intervención integral de la malla vial. La legalidad de ese convenio fue cuestionada porque eludieron el proceso de selección pública y porque la Secretaría de Gobierno no tenía competencia ni funciones para coordinar el convenio. Esto último fue subsanado con el decreto 219 de mayo de 2013 que devolvió la coordinación a la UMV. El resultado de esos desaciertos se resume en que a finales de 2015 y del convenio, la UMV reportó que apenas finalizaron 55% de las obras, que había 4,7% de obras en ejecución y 40,1% sin terminar, pero gastaron la totalidad de los recursos.

En diciembre de 2013 la Unidad de Mantenimiento Vial firmó un contrato directo por 11.822 millones de pesos, para tapar 200.000 huecos de Bogotá en seis meses, con Green Patcher Colombia S.A.S, una empresa constituida ese año, con 5 millones de pesos de  capital,  propiedad del actor de televisión Juan Pablo Posada. La Veeduría Distrital, la Procuraduría  General de la Nación y la Contraloría General de la República señalaron que el Distrito tenía que abrir una licitación pública para el arreglo de la malla vial. Sin embargo Petro obvió  la advertencia y el contrato se adjudicó por la UMV “a dedo” alegando que la máquina constituía un avance de ciencia y tecnología.  Lo que vendría resultó aún peor. Los primeros 730 huecos tapados con la máquina no fueron valorados ni pagados por incumplimientos y fallas de calidad. Tras  sanciones y controversias el Distrito renovó el contrato el 5 de septiembre del 2014, que terminó en diciembre pasado con el cumplimiento del 80% de la meta estipulada.  Green Patcher Colombia S.A.S., enfrenta cuatro procesos de incumplimiento –sin contar el final- y María Gilma Gómez Sánchez la exdirectora de UMV fue sancionada por 10 años por la Procuraduría por la suscripción del contrato.

Tráfico intenso, épocas invernales, capa freática son factores que figuran en la mayoría de los diagnósticos del deterioro de la malla vial en Bogotá. Las últimas experiencias nos enseñan que la corrupción, la ineficiencia, la improvisación y las malas decisiones son factores de depredación de mayor impacto y que, lamentablemente, también llegan a costar vidas humanas. Otro válido motivo para celebrar el cambio de rumbo y de estilo en el gobierno de la ciudad.