Bogotá necesita un POT, pero no uno de afán

La semana pasada se radicó en el Concejo de Bogotá el POT anunciado con bombos y platillos a finales de 2019, después de que se tumbó con mentiras, por varios opositores la versión presentada por Enrique Peñalosa. Un documento que llega con más preguntas que respuestas a las necesidades de la ciudad, cargado de inconformismos de los principales actores intervinientes especialmente con el tema de participación y socialización.

Para comenzar, presenta una nueva distribución de localidades llamadas Unidades de Planeamiento Local (UPL), que se entiende de manera positiva, pues la obligación de su creación queda en cabeza del Concejo a iniciativa del Alcalde Mayor y no cambia la autoridad que determina esa división, pero sí se ata a que el mecanismo de aprobación sea este proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial.

Y aunque es necesaria, no se aclara cómo se establecieron las delimitaciones, más allá del equilibrio poblacional que es una de las principales justificaciones en los documentos de POT, o cómo va a ser su funcionamiento y presupuesto, porque se corre el riesgo de que los recursos de los bogotanos se vayan a burocracia.

En segundo lugar, preocupa la falta de participación ciudadana, aunque fue promesa de campaña de la alcaldesa, y es reiterada como incidente, no se evidencia así en la realidad. Cifras del CTPD evidencian los aportes ciudadanos en la fase 2 eran tan solo 10.860 personas en una ciudad con más de 7.743.955 habitantes y en respuesta de Planeación al Concejo, señala que la participación fue de 21.675, mientras que en 2019 fue de 30.782. Se han tenido tres versiones diferentes, con cifras diferentes, con norma urbanística diferente, ¿qué fue entonces lo que se participó a las comunidades?

Otro aspecto es que, según el Dane, la ciudad requiere entre 2022-2035, 1.067.525 soluciones habitacionales, pero en 12 años de vigencia se generarán solo unas 589.000, por lo que le manifesté en su momento a la secretaria Jaramillo que esa propuesta condena a los bogotanos a ir a la sabana, en un POT que promete reverdecer Bogotá a costa de urbanizar suelos agrícolas o rurales y disparando la construcción informal.

Un cuarto punto que no está claro es el relacionado con las denominadas Actuaciones Estratégicas que en la versión entregada al CTPD son 32, divididas en 3 grupos priorizados. Preocupa porque ya se conoce el fracaso de las Operaciones Estratégicas en el POT vigente que después de 16 años no se reglamentó y ahora, con esta propuesta, el Distrito busca que se le entregue un cheque en blanco y que en últimas no se reglamente.

En quinto lugar, la visión de movilidad que habla de una red de metros, con similitudes con la versión cuestionada de 2019 por Claudia López, pues la primera línea, ya en ejecución, la extensión al norte por la Autopista y la segunda línea por Engativá y Suba ya se conocían, igual que el Regiotram de Occidente con capacidad de 13.000 pasajeros hora-sentido.

Las pequeñas diferencias están en el Regiotram Norte, que es de responsabilidad mayor de la Nación y Cundinamarca, y la tercera línea de metro que no tiene estudios, con un trazado dudoso que no parece tener viabilidad en el tiempo. Además, una reducción del tramo centro de la ALO, en el cruce con el Humedal Capellanía y la no continuidad en el tramo que cruza con el humedal Juan Amarillo, colapsando la calle 80 sin equilibrio entre movilidad y estructura ecológica. Lo más grave del “Reverdecer de Bogotá” es dejar sin continuidad la malla vial arterial de Bogotá que se ha tratado de construir desde hace más de 50 años, sin pensar en soluciones innovadoras y tecnológicas para cruzar elementos naturales.

Finalmente, pero no menos importantes, son los planteamientos a la propuesta ecológica, ya que no es nuevo que el POT 2021 proteja la RTVDH, cuando en la versión 2019 ya hacía parte de la categoría de Áreas Protegidas del Orden Nacional y Regional en el componente de la Estructura Ambiental y de Espacio Público. Así como criticaban que la ZMPA desaparecía, esta propuesta acude a determinantes para la gestión del Río Bogotá a resoluciones de la CAR que consideran la variación del ancho de esta área. Propone ampliar las áreas en la EEP de 94.925 ha a 120.290 ha, sin saber cómo garantizará la conectividad entre estas.

El afán de popularidad lleva a la Administración a ignorar la necesidad de los bogotanos que tendrán que convivir con un POT que ni para los curadores es claro. Quedan dudas alrededor de la financiación y en el aire el hecho de que las industrias tendrán que irse de Bogotá porque no van a poder regularizarse, o cómo la norma no respeta el principio de neutralidad, o cómo las altas cargas urbanísticas de los diferentes tratamientos urbanísticos van a eliminar el empleo de miles de personas. Es necesaria la discusión a detalle en el Concejo, para una decisión basada en argumentos técnicos, de manera responsable y no aprobando por aprobar.