
OPINIÓN
Bonanza cafetera y elecciones
La bonanza cafetera trae muchos beneficios al país, pero también destapa falencias en las que Colombia debe trabajar.
Estamos ad portas de otra bonanza cafetera. Los precios del café en Nueva York ya están en alrededor de US$ 2,30 por libra, el doble que el precio al inicio de la pandemia. El incremento de precio no se debe a factores estructurales ni a mejoras en la productividad, ni a una estrategia sofisticada estilo OPEP del sector o del Gobierno para hacer subir los precios, sino a un fenómeno climático presente hace varias décadas, las heladas en el sur de Brasil. Fuera de los picos de 1977 y de 2011, en que el café estuvo cercano a los US$ 3 por libra, nunca los precios del café estuvieron tan altos.
Los precios a futuro, de acuerdo con las cotizaciones en bolsa, parecen mantenerse estables a los precios actuales por lo menos un par de años, después de que, por más de cinco años, estuvieron consistentemente por debajo de US$ 1,5 por libra. En conjunto con esta bonanza cafetera, los precios del carbón y del petróleo se han incrementado significativamente, de modo que, independientemente del déficit fiscal, pero sobre todo del enorme incremento del gasto público durante este Gobierno, el próximo presidente de Colombia no tendrá finanzas públicas tan deterioradas como se esperaba.
El incremento de los precios del café, a pesar de su innegable bondad también trae desbarajustes en la cadena de producción y exportación. Históricamente los precios del café colombiano han estado por encima de los precios del café de otros países, por su calidad, pero también por el trabajo que ha hecho la Federación de Cafeteros para hacer confiable el suministro. Un producto que se entrega a tiempo, con calidad controlada y con la marca del café colombiano, se vende más caro que el de nuestros competidores.
La producción de café en Colombia difiere de la de otros países, en la cual el negocio es propiedad de pocos. Los cultivadores colombianos son relativamente pequeños y por lo general están obligados a organizarse en cooperativas para vender su grano. Muchos de ellos emplean comercializadores que les compran el grano y lo venden consolidado en mayores cantidades. Los compradores finales en el extranjero normalmente compran su café a empresas exportadoras que les compran a los productores o comercializadores como Almacafé o Expocafé, esta última la exportadora de las cooperativas. Existen además múltiples empresas exportadoras de café privadas, que además de realizar la venta del grano en el exterior, proveen crédito de mayor importancia para los productores.
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Cuando un exportador se acerca a un productor o una cooperativa, compra el café para entrega en un mes definido en el futuro a un precio predeterminado. Para garantizar la entrega del café en las condiciones contractuales negociadas, en muchos casos giran un anticipo importante a los productores para que puedan producir el grano. Debido a condiciones no predecibles como una baja cosecha o la falta de mano de obra, los productores pueden quedar debiéndole café a los exportadores, y en la medida que haya buenas cosechas, reintegran el faltante.
El problema de hoy es que ante el incremento de los precios hay un incentivo perverso entre las cooperativas, los productores y los comercializadores para no entregar el café al que se comprometieron contractualmente. Al ser el precio de hoy superior al acordado, aproximadamente 15 % del grano está siendo vendido a terceros sin respetar los contratos previamente firmados.
Algunos dirán que, dadas las circunstancias, hay que proteger al productor de los grandes empresas exportadoras. Lo que hay que tener claro es que de los US$ 2,70 que se pagan por libra el exportador, después de gastos, el exportador solo se gana alrededor de US$ 0,09, cifra que puede subir a US$ 0,2 en el caso de cafés especiales.
El problema es que al incumplir los contratos, el premium de US$ 0,40 que recibe el café colombiano puede verse comprometido por el incumplimiento en las entregas a los compradores finales, que pueden decidir migrar sus compras a países menos conocidos como Costa Rica. Perder este premium a largo plazo sería mucho más nocivo para los productores colombianos que el beneficio que perciben algunos pocos por incumplir ilegalmente sus contratos y ganarse unos pesos adicionales.
El problema de fondo, como en muchos otros sectores productivos del país, es la ineficiencia de la justicia. Entrar en un proceso judicial para hacer cumplir los términos contractuales puede tomarles a los exportadores algo más de diez años en Colombia, por lo cual las partes afectadas muchas veces terminan exigiendo garantías que limitan el acceso del crédito al sector y, por lo tanto, el potencial exportador. Qué bueno sería que en la campaña presidencial que se viene, escojamos a un candidato con el perrenque necesario para meterle el diente a estos problemas estructurales, y no a quienes, detrás de discursos e ideologías, esconden su falta de capacidad para hacer de Colombia un país más próspero para los colombianos.