Bonos de carbono y tarifas de energía

Algunos ambientalistas abusan de la retórica y carecen de pragmatismo pero sus posturas apasionadas no ofenden y, por el contrario, provocan simpatía. Para satisfacción de ellos y bien de la humanidad, sus prédicas líricas en favor de la conservación planetaria han adquirido racionalidad y realismo.

 

La promulgación de la ley internacional que rige la circulación de los bonos de carbono CER (Certificados de Emisiones Reducidas), como mecanismo financiero para promover la descontaminación y la disminución de las emisiones nocivas, materializa una vieja aspiración mundial que no admite dueños ni usurpadores.

 

Los CER vivifican las propuestas de la Conferencia de Estocolmo y del Protocolo de Kyoto y alientan la esperanza de detener el calentamiento global.

La creación de los CER se fundamenta en la noción jurídica que establece que la emisión de dióxido de carbono genera un valor adverso al medio ambiente, medible y negociable a precios de mercado. En consecuencia, quien contamine debe pagar por ello y quien descontamine puede obtener un ingreso. En esencia, el activo subyacente que respalda la emisión de los CER es el ahorro en términos de contaminación.

 

Para regular la emisión de los bonos de carbono, la disminución de la contaminación es medida en toneladas de dióxido de carbono y convertida a CER, a razón de un CER por cada Tonelada de CO2 que se deje de emitir.

Los CER se emiten en proporción a la reducción en la contaminación y son adquiridos por las empresas que insisten en aumentarla. Son fuentes de nuevos ingresos para las empresas que optan por los llamados procesos limpios de producción y de aumento de egresos para las contaminantes. Desde la perspectiva fiscal, los CER son un ingreso para unos o un costo para otros.

El emisor de los CER es la ONU, quien homologa los proyectos que demuestren disminución de emisiones, fomentando el establecimiento de procesos neutros para el medio ambiente y alentando la reposición de los obsoletos y contaminantes.

Este mecanismo financiero ofrece incentivos económicos a las empresas que coadyuven a los empeños estatales por regular las emisiones contaminantes y contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental.

Para contribuir a la nivelación de la economía mundial, las naciones industrializadas afectas al Protocolo de Kyoto, además de desplegar programas en favor de la reducción contaminante local, pueden financiar proyectos que busquen el abatimiento de emisiones en países en vías de desarrollo, lo que les acredita tales disminuciones como si fueran propias.

Reconforta que sean varias las empresas colombianas que están estructurando proyectos para acceder a este mecanismo financiero y siguiendo el ejemplo encomiable iniciado hace más de 30 años por empresas sensibles al crecimiento económico sostenible.

Seguramente, en breve tiempo el sector productivo será gravado con un nuevo tributo, proporcional a la capacidad contaminante y ponderada por una política ambiental global.

En menoscabo de este noble empeño, la generación de energía sigue siendo uno de los sectores más contaminantes. Si bien para muchos la electricidad es una energía limpia, su generación en centrales térmicas a partir de la quema de combustibles fósiles o en plantas nucleares, genera residuos contaminantes de muy difícil destrucción o reutilización.

Por fortuna algunas naciones han entendido la necesidad de promover la creación de nuevas fuentes de energías limpias, entre ellas, la eólica, la fotovoltaica y las termosolares. Dentro de estas naciones, merece reconocimiento España, que en medio de la aguda crisis que padece como consecuencia de los abusos y desmanes de su sistema financiero, no desfallece en prodigar esfuerzos y recursos en la ampliación de su sistema de generación de energías limpias, el que en la actualidad y para sorpresa de muchos supera el 40 por ciento del total generado.

En contraste Colombia se mantiene sujeta a la generación de energía hidráulica, la que a pesar de su bajo costo de producción es exageradamente onerosa para el consumidor, pues mientras que en Colombia un Kilovatio-Hora Industrial cuesta 10 centavos de dólar, en Estados Unidos cuesta 7, en la Unión Europea 8, en Chile 9 y en Perú 6.

Pero la diferencia de precios se vuelve dramática cuando se cotejan las tarifas residenciales, pues mientras en Colombia un Kilovatio-Hora en el estrato 3 cuesta 14 centavos, y 20 centavos en los estratos 5 y 6, en Estados Unidos cuesta 11 centavos y en la Unión Europea 12. Esta descomunal diferencia tarifaria genera justa inconformidad en la sociedad y explica la rentabilidad que obtienen los generadores y comercializadores de energía.

En suma, Colombia requiere de una matriz energética que consulte, la sostenibilidad ambiental; las distintas alternativas en materia de generación; y en especial, que articule una política que racionalice los costos de producción, interconexión y comercialización para reducir las abusivas tarifas que de manera resignada pagan los consumidores.

De seguro que en la agenda del actual gobierno no hay espacio para temas de tanta hondura que tan poco ayudan a la reelección.