Opinión
Camino a la indignidad
Llamar “golpe blando” al funcionamiento normal de las instituciones es una conducta indigna.
Los integrantes de una comisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) han presentado un reporte que el pleno de ese organismo deberá discutir y eventualmente aprobar, en el cual se concluye que la campaña del actual presidente excedió los límites financieros.
Si el pleno de ese organismo acoge esa propuesta, puede imponer sanciones a los responsables de la campaña, y a esta como tal, que consisten en multas, congelación de giros y devolución de anticipos estatales. Se ha discutido si el propio candidato puede ser objeto de esas sanciones. Así es. El gerente de la campaña es el primer responsable. Sin embargo, el candidato presidencial es solidariamente responsable “por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas” (Ley 996/05).
No obstante, se ha dicho que el presidente en modo alguno puede ser procesado por el CNE en razón de que goza de fuero judicial. Esta afirmación es correcta, tratándose de su destitución por indignidad; establecerla es competencia exclusiva del Senado, si la Cámara decide acusarlo, luego de examinar el dictamen que le entregue la Comisión de Acusación. Lo es también que su responsabilidad penal, por actos realizados en el ejercicio del cargo, se determina en la Corte Suprema de Justicia.
Solo para estas dos modalidades de responsabilidad opera el fuero. No opera este, por ejemplo, si lo demandan por no pagar un préstamo o por delitos cometidos en la esfera de su vida privada.
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Por lo tanto, si el CNE concluye que hubo excesos de gasto en la campaña, puede imponer al presidente las sanciones atrás mencionadas, las cuales podrían ser cuestionadas ante el Consejo de Estado. Así las cosas, no tienen razón los investigadores designados en la Comisión de Acusación para pedir al CNE que le remita el expediente contra el presidente. Su competencia solo entra a operar cuando aquel culmine su tarea. Es lo que pronostico que va a pasar. Habrá ruido.
En el evento de un juicio político, una pregunta crucial será esta: ¿bastaría la demostración de que los topes fueron violados para que el presidente pierda el cargo, o se requiere, además, demostrar que su conducta fue intencional o culposa? Hay razones para pensar lo primero: (i) la Constitución, reformada en 2009, no hace referencia a ese elemento subjetivo; (ii) la norma vigente fue expedida para cerrar el camino a los argumentos “fue a mis espaldas” o “me acabo de enterar”; (iii) otro de los móviles del ajuste normativo fue “reducir las disparidades de recursos entre los partidos, movimientos o grupos, favoreciendo con ello la igualdad electoral” (sentencia C- 1152 de 2005). Esas diferencias son consecuencia de un resultado aritmético, no necesariamente de una acción deliberada.
El último de los raciocinios precedentes conduce a que pierdan la investidura los dos integrantes de la fórmula presidencial, Petro y Márquez. Es evidente que solo así se restituye la equidad en la carrera por la Presidencia.
Con su acostumbrado rigor, Vivian Morales ha demostrado que la práctica inveterada consiste en asumir que la remuneración de los testigos electorales computa para definir los topes de la campaña. Sin embargo, el presidente y su gerente sostienen lo contrario: que esos gastos se realizan el día de las elecciones, fecha para la cual la campaña ya ha terminado. Suena razonable.
No así la afirmación del presidente en el sentido de que las organizaciones sindicales que lo apoyaron en su campaña no pueden ser investigadas y sus aportes tenidos en cuenta. Está equivocado. No están al margen de la ley.
¿Tiene autonomía la Comisión de Acusación de la Cámara para definir la violación de topes o, por el contrario, está subordinada a las conclusiones del CNE? La distribución de competencias es clara: al CNE corresponde determinar el exceso de financiamiento; a la Comisión de Acusaciones, rendir ante la plenaria de la Cámara un dictamen de si el presidente debe ser, o no, sometido a juicio en el Senado. Por lo tanto, la tesis correcta es la segunda. “Cada loro en su estaca”, como dice el refrán.
Todos estos asuntos son discutibles. La definición del alcance de las normas, y su aplicación a situaciones concretas, puede dar lugar a diferencias de criterio que, en último término, los jueces deben dirimir. Es lo que acontece en las naciones civilizadas.
Por eso resultan inadmisibles las palabras agresivas e insultantes del presidente Petro contra las instituciones y contra quienes las encarnan. Los jóvenes podrán pensar que ese lenguaje soez es normal, puesto que lo utiliza quien nos gobierna y que, en consecuencia, está bien que ellos también lo usen. No es así. Lo que leemos y escuchamos es insólito.
Lo es igualmente la apelación al pueblo —al suyo— para que se movilice hacia las sedes de los organismos que lo investigan, una actitud claramente intimidatoria, como la que se desplegó para presionar el nombramiento de la fiscal general. La calificación como “golpe blando” de lo que es el funcionamiento normal de las instituciones carece de antecedentes. La recurrente invitación al ejercicio del poder constituyente, por fuera de los cauces constitucionales, representa una amenaza de golpe de Estado.
La palabra violenta es tan peligrosa como el arma que se empuña. El presidente está creando un clima de odio y desprecio que se puede salir de las manos, como ha sucedido con la errada política de paz.
Esas censurables conductas permiten afirmar que existe materia suficiente para iniciar un proceso de destitución del presidente por indignidad en el ejercicio del cargo, una causal diferente de la que deriva de la violación de topes electorales. No puede ser digno quien desprecia el Estado de derecho y la Constitución que juró cumplir, quien pasa por alto que, por su condición de jefe del Estado, a todos debe representarnos, y quien intenta con regularidad socavar la legitimidad de las instituciones.
Briznas poéticas. Doloroso poema de Horacio Benavides: “Les mostró las manos callosas / pero no lo escucharon / Les mostró los arpones, los peces / la carne de los animales muertos / Le gritaron que era auxiliador de los otros / que lo habían visto venderles cocos / Les señaló a sus hijos pequeños / a su mujer encinta / pero no lo escucharon”.