Camino de cruces

Cada vez se conocen más favores cruzados del Procurador General de la Nación con los magistrados que lo nominaron a su reelección y los congresistas que lo van a reelegir. La última evidencia salió a la luz esta semana. Vino a conocerse por un derecho de petición del periodista Gonzalo Guillén al presidente de la Corte Suprema Javier Zapata Ortiz.

En la respuesta, el magistrado Zapata reconoce que su cuñada Olga Lucía Cadavid Castro fue nombrada en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, en septiembre del año pasado. El magistrado admite que tener ese pariente en la nómina del ministerio público le crea un conflicto de intereses.

El magistrado afirma en su carta: “por ese motivo y con fundamento en la causal “conflicto de intereses” (Artículo 40 de la ley 734 de 2002) me he declarado impedido para conocer de los asuntos disciplinarios contra el doctor Ordóñez Maldonado, en su calidad de Jefe del Ministerio Público”. (Ver carta de Javier Zapata.jpg)

Lo curioso es que el magistrado Zapata, que acepta que hay conflicto de interés para una eventual investigación disciplinaria a Ordóñez, votó para nominarlo a la reelección. La Corte no aceptó que el reconocido conflicto de intereses constituyera impedimento para que Zapata votara la postulación del empleador de su cuñada para ser reelegido.

Los cruces de favores han caracterizado la gestión de Alejandro Ordóñez. Hace unas semanas en una columna llamada “Los Tentáculos” enumeré algunos de los nombramientos efectuados por el procurador Ordóñez a familiares y allegados de los magistrados de las altas cortes. (Ver Columna)

En otra de estas páginas, bajo el título “A cualquier precio”, se mostraron algunos de los senadores que tienen cuota en la Procuraduría y que van a reelegir a Ordóñez, después de autolevantarse sus impedimentos al mejor estilo de la actual Corte Suprema. Entre estos congresistas hay varios con problemas penales y disciplinarios. (Ver Columna)

El procurador Ordóñez, vencido por las evidencias, comentó en entrevista a la agencia Colprensa “No voy a decir que yo nunca he recibido algún perfil político, si los he recibido. Si el señor Daniel Coronell ejerciera la función, Dios quiera que nunca, haría exactamente lo mismo”. (Ver entrevista al procurador.jpg)

Tengo que contradecirlo. No haría eso. Sólo en un escenario desquiciado y corrupto se considera aceptable que los senadores -que tienen la facultad de elegir al Procurador que los investiga- tengan cuotas de poder en la institución.

Un ejemplo ilustra el daño que esto causa a la justicia.

En el año 2008 cuando Alejandro Ordóñez fue elegido Procurador, Javier Cáceres Leal –hoy condenado por la parapolítica- era presidente de la Comisión primera del Senado. Uno de los hombres del senador Cáceres en esa célula legislativa era su asesor Fabio Yezid Castellanos Herrera.

Tan pronto Ordóñez entró al cargo nombró a Castellanos, el hombre de Cáceres, como Procurador Delegado para la moralidad pública. En reciprocidad, unas semanas después Ana Carolina Lineros Hernández, la sobrina política del Procurador Ordóñez, fue nombrada asistente senatorial de Cáceres.

El tema no paró en el palpable cruce de nombramientos.

A Javier Cáceres, procesado penalmente por concierto para delinquir con paramilitares y con proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por el tema de Etesa, le ha ido bien con la Procuraduría. Siempre ha contado con los conceptos favorables del ministerio público.

La procuradora delgada Sonia Sierra le pidió a la Corte Suprema que lo absolviera por sus vínculos con paramilitares. El procurador delegado Roberto Serrato, le pidió al Consejo de Estado que conservara la investidura del cuestionado senador Cáceres.

Las largas manos del procurador Ordóñez ampararon por mucho tiempo a su viejo elector.

La Constitución permite la reelección indefinida del Procurador General. En los hombros de sus investigados Alejandro Ordóñez se puede quedar en el puesto para siempre.