![JORGE HUMBERTO BOTERO](https://www.semana.com/resizer/v2/ANJRMCFCTFFQTMZNVXHB4VMYMY.jpg?auth=8ffa7e4234245eff31f6f50ee3328b557cb7a2de6b3a84f357b0f7277449a6ab&smart=true&quality=75&width=480)
Opinión
“Camino de servidumbre”
Nada impide expandir las inversiones forzosas a toda la economía.
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El título de esta columna es el de un célebre libro de Friedrich Hayek, premio nobel de economía, publicado en 1944 en Gran Bretaña; su objetivo era oponerse a las políticas de intervención económica en los países democráticos. Contiene una defensa del liberalismo extremo que prácticamente ningún país en la actualidad sigue; en la mayoría de ellos con el correr de los años se han introducido correctivos a la libertad de mercado para facilitar la intervención del Estado con propósitos redistributivos de la riqueza.
Tendencias
Esta es una realidad que los movimientos “progre” ignoran con el propósito de desprestigiar un modelo económico mixto, que fue establecido desde 1932, y que desde entonces se ha venido consolidando. Para Petro y los suyos cualquier política que involucre a actores privados es descalificada como “neoliberal”; consideran que el bien público es incompatible con cualquier actividad lucrativa. Por eso quieren estatizar la salud, las pensiones, los servicios públicos, Ecopetrol y, al menos en parte, la banca. Por ahora…
Las inversiones forzosas a los bancos anunciadas por el gobierno podrían ser vistas con ingenuo beneplácito por algunos: “Chévere que haya crédito barato suministrado por el gobierno y que se use para ese fin la plata de los bancos, que tanto nos explotan”. En realidad, los bancos no prestan “su plata”, sino la de los ahorradores y depositantes. Quizás estos piensen que es más seguro que la inviertan los bancos, no el gobierno. Y menos el actual, que, por ejemplo, no paga las deudas que tiene con el sistema de salud y las distribuidoras de electricidad. Y le roban el dinero, con inaudita facilidad y en cifras enormes, sus propios funcionarios.
Supongamos, sin embargo, y en contra de lo que pienso, que esas inversiones forzosas, son convenientes. De allí que quiera demostrar que podríamos expandir ese mecanismo a muchas otras actividades económicas. Por ejemplo, para subsidiar la provisión de alimentos básicos a la población que se encuentra bajo la línea de pobreza absoluta. Un objetivo laudable.
Hacerlo sería compatible con la Constitución. Esta, en su artículo 334, asigna al Estado la dirección general de la economía. Por tal motivo, previo mandato legal, el gobierno puede intervenir en la “producción, distribución y consumo de los bienes”, entre otras razones “para mejorar la calidad de vida de los habitantes”. Y aun de manera más precisa dispone que esa intervención estatal debe asegurar que “todas las personas, en particular, las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos”. Así de claro.
Además, como el financiamiento del programa que podríamos llamar “Plan Alimenticio Nacional”, PAN, no se financiaría con ingresos fiscales sino con emisión de papeles de deuda de obligatoria suscripción, no se requiere incorporar los recursos necesarios en el presupuesto nacional. Por lo tanto, no se violarían los límites de déficit y deuda pública que tanto preocupan a la tecnocracia privada (la estatal ya fue expulsada, en especial de Planeación Nacional). Usando técnicas heterodoxas (contabilidad creativa) es posible evitar que estos pasivos incrementen la deuda de la Nación.
Procedo, usando el aburrido lenguaje jurídico, a reseñar los principales hitos de esa ley:
- Todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, que se hallen en situación de pobreza absoluta, circunstancia debidamente acreditada en el registro que el gobierno disponga, podrán adquirir, en los “Centros de Hambre Cero”, huevos, leche y arroz a un precio que no podrá exceder del 30 % de su valor de mercado al detal certificado por el Dane, y hasta por un valor mensual igual al salario mínimo. Este valor aplicará para grupos familiares de cuatro personas, el cual se reducirá en forma proporcional si fueren menos sus integrantes.
- Los ingresos netos derivados de estas operaciones serán consignados en las cuentas que ordene el Ministerio de Hacienda.
- Para financiar este programa, todos los establecimientos abiertos al público que vendan alimentos, procesados o no, deberán suscribir “Bonos de Solidaridad Social” emitidos por la Tesorería General de la República por una cuantía igual al 5 % al valor de los alimentos vendidos durante periodos trimestrales. El Ministerio de la Igualdad establecerá la forma de recaudar y auditar el pago oportuno de estas obligaciones.
- La organización y puesta en marcha de los”Centros de Hambre Cero” será responsabilidad del Ministerio de la Igualdad, el cual podrá delegar su operación en juntas de acción comunal, comunidades organizadas, sindicatos y federaciones sindicales, comunidades energéticas, autoridades étnicas y personas que hagan parte de la economía popular. No se descarta incluir en esta lista a la UNGRAD.
- Los “Bonos de Solidaridad Social” tendrán un plazo de maduración de cinco años y devengarán un interés equivalente al 50 % del promedio de la tasa de interés de los Títulos Especiales de Tesorería, TES, del correspondiente periodo. El pago de los intereses se efectuará al momento de la redención del capital.
Desde luego, políticas como esta, aun cuando bien intencionadas, pueden ser una carga insoportable para los comerciantes formales de todos los tamaños, generar mercados negros, fenómenos de escasez artificial de alimentos y prácticas corruptas. Mecanismos parecidos han sido ampliamente utilizadas en Argentina y en Venezuela, países que fueron prósperos y que hoy están sumidos en la pobreza.
No se requiere mucha imaginación, y es idóneo el mismo fundamento legal, para establecer inversiones forzosas a los contribuyentes del impuesto de renta. Es como bañarse en agua fría: cuando finalmente te metes, el susto se supera.
La “Ruta de Servidumbre”, de la que hablaba Hayek hace tantos años, está disponible. No requiere asamblea constituyente, referendo constitucional y ni siquiera una reforma constitucional, como las que de manera rutinaria el Congreso aprueba. El abismo está ahí, presidente. Lo único que se requiere es que usted decida lanzarnos al vacío y que el Congreso, por mayoría simple, le respalde nuevos gravámenes, que no son tributos pero que a ellos equivalen.
Briznas poéticas. De Emily Dickinson: “Estar vivo es tener poder. / La existencia, por sí misma, / sin más aditamentos, / es un dominio suficiente. / Estar vivo y desear / es ser poderoso como un dios”.