El reparto

Hay nuevos indicios de que el sistema judicial colombiano actuó de manera corrupta para favorecer los intereses del empresario Carlos Mattos en su pleito contra la compañía automotriz Hyundai. El tema es especialmente sensible. Primero, porque desborda los límites de un proceso civil para entrar en el campo criminal. Y segundo, porque el actual fiscal general, Néstor Humberto Martínez, era el abogado de Carlos Mattos en algunos aspectos de este pleito que se desarrolló en varios despachos judiciales.

Esta semana, la Fiscalía anunció la captura del ingeniero Edwin Enrique Angulo Martínez. De acuerdo con el comunicado oficial, el ingeniero Angulo “sería el autor material de las supuestas anomalías detectadas en el caso Hyundai”.

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En medio de las últimas festividades de Navidad y Año Nuevo, cuando tradicionalmente las noticias pasan desapercibidas, la Fiscalía informó que le imputaría cargos a tres funcionarios judiciales por “alterar el reparto de asignación de denuncias y demandas”.

Según el comunicado, los tres imputados son Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá; Edwin Fabián Macías Castañeda, quien también ha sido funcionario de ese despacho judicial; y otro empleado de la rama llamado Wilmar Andrey Casas Mendoza.

Las “supuestas anomalías” de las que habla la Fiscalía consistirían en la manipulación del sistema que maneja –en teoría aleatoriamente– la asignación de los casos a los diferentes jueces. En el caso concreto del pleito de Carlos Mattos contra Hyundai Corporation lo que investigan es cómo fue alterado el sistema para que el caso fuera asignado al Juzgado Sexto Civil del Circuito.

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Lo que pasó de ahí en adelante es muy llamativo y ha sido denunciado en esta misma columna. Los trámites que convenían a los intereses del señor Mattos transcurrían de manera sorprendentemente ágil y en cambio otros, que lo favorecían menos, iban a paso de tortuga. (vínculo: Sobre ruedas)

El martes 15 de marzo de 2016 fue radicada la demanda de la empresa de Mattos contra Hyundai por el abogado Juan Ignacio Gamboa. Al otro día el caso fue asignado al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, cuyo titular era el juez Reinaldo Huertas.

A pesar de la complejidad del proceso, al juez le bastaron dos días para estudiar y admitir la demanda. Así lo declaró en auto del viernes 18 de marzo.
Solo diez días hábiles después, el miércoles 6 de abril, el diligente juez Huertas decretó una medida cautelar que le ordenó a Hyundai vender sus carros en Colombia exclusivamente a través de la empresa del señor Carlos Mattos.

Las notificaciones marcharon a toda máquina, el 11 de abril estaba oficialmente informada la Superintendencia de Industria. Sin embargo, el juez –tan eficiente en otras cosas– olvidó la dirección de la demandada Hyundai y terminó enviando el oficio solo a Hyundai, Seúl, Corea, confiando en que la mala noticia les llegaría temprano o tarde.

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Al otro día, el laborioso juez fue a Alciautos con una tula llena de plata y se compró un bello Mazda 3, color rojo místico con asientos de cuero, que pagó con plata en efectivo: casi 73 millones de pesos, un billete sobre otro.

Un raro ataque de prosperidad que no correspondía ni con su asignación oficial, ni con las cuantiosas deudas de más de 277 millones a cuyo pago tenía que destinar más de la mitad de su sueldo mensual.

Cuando esta columna contó los hechos, el juez, que no había querido hablar conmigo, le explicó a La W que a él le gustaba manejar su plata en efectivo: libras esterlinas, dólares y pesos.

A pesar de las evidencias y la explicación, al juez Reinaldo Huertas, a diferencia de sus subalternos, no le han imputado cargos.

La Fiscalía tampoco ha llamado a preguntarle por estos hechos al poderoso empresario Carlos Mattos, beneficiario directo de la decisión del juez, y quien tuvo al hoy fiscal Néstor Humberto Martínez como uno de sus abogados en el pleito contra Hyundai.