¿Carrotanques para pagar campañas?

Cada noticia sobre la compra de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira resulta siendo peor que la anterior. Lo que empezó como una denuncia de que estos vehículos, comprados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR), no servían para llevar agua a los municipios, se convirtió, con el pasar de los días, en una de las denuncias de corrupción más graves en lo que va de este Gobierno, que terminó con la renuncia de Olmedo López a la UNGR.

Son demasiadas las irregularidades en esta contratación. Empecemos por las cotizaciones que pidió la UNGR a tres empresas, todas relacionadas entre sí: Luket S. A. S., Brand S. A. S. e Impoamericana Roger S. A. S., que fue la que finalmente se quedó con el contrato. El representante legal de Luket es Luis Eduardo López Rosero; el de Brand S. A. S., su esposa, Sandra Liliana Brand Pantoja, y el de Impoamericana Roger S. A. S., Roger Alexánder Pastas, estudiante de veterinaria de 26 años, también representante legal suplente de dos empresas más de Luis Eduardo López Rosero: RML Constructora S. A. S. y Proyectos RML S. A. S. Todas fueron empresas creadas en Pasto, excepto Impoamericana Roger, que es de Cúcuta.

Estas empresas tienen un nombre en común: Luis Eduardo López Rosero, contratista frecuente del Estado. Por ejemplo, en 2016, se quedó con un contrato por 11.000 millones de pesos con el Dapre para la construcción de Zonas Veredales Transitorias de Normalización para guerrilleros de las Farc. Con las adiciones, el contrato terminó en 53.000 millones de pesos. Pero donde más se le conoce es en Nariño, allí contrató la compra de kits de ayuda humanitaria para atender la emergencia de covid-19, por 1.200 millones de pesos.

López Rosero no era extraño para Gestión del Riesgo. En 2020 contrató con esta entidad el suministro de 1.000 kits de alimentos en Nariño por 117 millones de pesos. Su esposa hizo lo mismo con Brand S. A. S., en la misma época, para el suministro también de 1.200 kits de alimentos, pero en Bolívar, por 140 millones de pesos.

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Por el contrato de Nariño, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en 2022. Pero eso no fue impedimento para que la UNGR les pidiera a estas empresas cotizar la compra de carrotanques para La Guajira.

Según los primeros cálculos de la Contraloría, este contrato de los carrotanques tendría un sobrecosto cercano a los 20.000 millones de pesos.La documentación que ha presentado Impoamericana parece ratificar que esta empresa solo existe en el papel. Facturó el negocio, cercano a los 50.000 millones de pesos, en el aplicativo gratuito que la Dian pone a disposición de los pequeños comerciantes, que no tienen cómo pagar un software electrónico. Como si fuera poco, la dirección comercial de la empresa corresponde a una casa desocupada hace más de un año en Cúcuta y en la que los vecinos jamás han escuchado que allí funcione una compañía.

Las explicaciones que dio Olmedo López al periodista Alfonso Ospina, de Caracol Radio, horas antes de su renuncia solo dejaron más certeza sobre la corrupción que ronda esta compra. Dijo Olmedo que todo no era más que un montaje del “cartel del agua” en La Guajira. Además, que todo este desprestigio a Gestión del Riesgo era por haberles quitado tierra a invasores del río Cauca.

Pero tan grotesca es esta contratación, que el mismo secretario para la Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, denunció a Olmedo López y demás funcionarios implicados.Son muchos los hilos que hay que jalar en este escándalo de carrotanques, empezando por la llegada de Olmedo López a la UNGR. Si se jalan estos hilos, seguro se llega a La Guajira.

De origen político en el Polo Democrático, Olmedo López fue el secretario de Ambiente del hoy senador conservador Carlos Andrés Trujillo, cuando fue alcalde de Itagüí, su fortín político. Es Olmedo el puente que acerca a Trujillo a la campaña de Gustavo Petro. Pero no hay que olvidar que donde está Trujillo siempre está Julián Bedoya, el cuestionado excongresista liberal que sacó su título de abogado en dos años. Antes de que estallara este escándalo, en julio de 2023, tres meses antes de elecciones regionales, cerca de 200.000 millones de pesos que iban para la Dian terminaron en la UNGR. El artífice de este desembolso fue el senador liberal Juan Diego Echavarría, la fórmula al Senado de Julián Bedoya, que completa el triunvirato Trujillo-Bedoya-Echavarría, que siempre salta en cada escándalo. Esos recursos se llevaron a la UNGR bajo la excusa de que se aproximaba el fenómeno de El Niño.

Para esas elecciones regionales, Trujillo ya era un barón electoral en La Guajira. Siendo paisa, en las anteriores elecciones al Congreso tuvo la segunda votación más alta del país en La Guajira, con 20.000 votos. Villanueva fue uno de sus fortines electorales. Para las regionales de 2023, su aliado en La Guajira fue Jaime Lacouture, hoy secretario de la Cámara de Representantes, también conservador, que precisamente sacó a su mamá, Cielomar Peñaloza de Lacouture, alcaldesa de Villanueva.

Trujillo trabajó muy fuerte en la campaña Petro presidente en La Guajira y es el responsable de llevar a los conservadores a la coalición de Gobierno al inicio del mandato Petro. Hoy es quien negocia los votos conservadores en el Congreso para apoyar las reformas del Gobierno, junto a Lacouture. Algunos dicen que ahí también está Alfredo Ape Cuello Baute.

¿No será que toda esta plata perdida en los carrotanques hay que buscarla más bien en los gastos de campaña y en sus financiadores?

Acuérdense lo que Day Vásquez escribió en X el 7 de diciembre: “¡Ojo con la UNGRD, todo se sabe!”. Y cuando se supo de la salida de Olmedo López dijo: “¡Ojo! Hay más”.