Carta abierta a Francisco Maltés, presidente de la CUT, y a Carlos Rivas, presidente de Fecode

El mundo del trabajo, con todas sus aristas, se agita hoy en la discusión pública. Los proyectos del Gobierno de Petro sobre régimen laboral y la seguridad social, en salud y en pensiones, lo pusieron al orden del día. Es razonable, además, porque hay otro aspecto a considerar: el desempleo y la informalidad cubren a cerca de 15 millones de personas, más que los ocupados formales.

No es raro que en estas reformas, avaladas e inspiradas por el Banco Mundial, el BID, el FMI y la Ocde, además de las instancias oficiales de los Estados Unidos, que vigilan los compromisos del capítulo 17 del TLC, haya perjuicios evidentes para los trabajadores en los articulados.

Como el viceministro Palma acusa que el proyecto laboral, incluidos artículos muy negativos, es fruto de acuerdos entre el Gobierno, las centrales obreras y los gremios, no es justificable aprobar que se deroguen ventajas en la estabilidad reforzada para los vulnerables, que se promueva la jornada flexible, que se fije el IPC como “ajuste” para hasta dos salarios mínimos, que se limite la seguridad social para operarios de plataformas y que se releguen los sindicatos menores tras la llamada unidad negocial.

De remate, en la ponencia presentada, la “recuperación” de los daños de la Ley 789 quedó a mitad de camino, con la jornada nocturna desde las siete de la noche y la gradualidad para el pago de recargo en festivos y dominicales, mientras la “tercerización” sigue campante, incluidos los contratos sindicales (artículos 13, 62 y parágrafo transitorio).

La reforma pensional contradice lo defendido por años. Las promesas, en un cálculo “despiporrado” de Petro sobre quienes no tenían pensión, quedaron abreviadas; se les suben las semanas requeridas a quienes pasarían de las AFP a Colpensiones; se deterioran las mesadas a grupos como los profesores universitarios y se condena a la juventud a una pensión ínfima. Jugarreta fiscal, aplaudida por el FMI, que proscribe el principio vigente desde 1942, de sumar recursos públicos a los aportes de empleados y empleadores.

A los trabajadores de la salud se les anunció un insólito “régimen especial”; al magisterio se le enreda la nivelación salarial y el derecho a sueldo profesional; el estatuto único docente; el reconocimiento a mayor remuneración a 8.000 maestros, ya ganado con efecto desde noviembre pasado; está congelado el escalafón y pendientes el acto legislativo del nuevo Sistema General de Participaciones (SGP) y el impropio aterrizaje de bachilleres voluntarios para suplir vacantes.

Pese a los malabares para calificar como “histórico” el alza a los trabajadores estatales de IPC más 1,5 por ciento, para conservar el poder adquisitivo real debería haber sido, según técnicos del Banco de la República, al menos de IPC más 2,4. Quedó plantado para otras negociaciones, como en Ecopetrol, donde la Unión Sindical Obrera (USO) pasó apuros para superarla.

Los voceros sindicales petroleros destacan que, por la vía del sistema de escalafón, vencieron dicha barrera para técnicos y operarios y pudieron extender beneficios a más de 19.000 contratistas, consignados en acta especial. La convención incluyó un capítulo de género, apoyos a comunidades y un mecanismo ante la OIT para tratar antiguos despidos. Ustedes bien saben cómo lo lograron.

Basta mirar las páginas de Facebook de las subdirectivas de la USO para ver las masivas movilizaciones y las parálisis, como en Barranca, donde centenares de trabajadores por contrato durmieron tres días en la refinería; o las protestas en Reficar o el cese de la producción en el Meta que, según varias fuentes, osciló entre 20.000 y 70.000 barriles al día. Estos hechos desconocidos por la opinión, tapados a propósito, comprueban que los logros no fueron por benevolencia de la administración Roa-Kattan, más reacia que las de Gutiérrez o Bayón, o por buenos oficios de ministros o viceministros. ¡Fue con resistencia civil! (ver en YouTube).

Las recientes elecciones sindicales para elegir directivas de la CUT ratifican que el camino no es ni el colaboracionismo, ni siquiera el de la mera “autonomía”, que aplica cualquiera sea el Gobierno. ¿No dice algo que solo 500.000 afiliados, de 900.000, cumplieron requisitos para votar y participaron apenas 250.000? ¿O que en Bogotá-Cundinamarca la abstención fuera del 45 por ciento y uno de cada 11 votos fue en blanco o nulo? ¿No hay desidia de buena parte de la base sindical, por fuera de núcleos políticos o clientelares?

Preocupado por el futuro del sindicalismo y de la clase trabajadora, les dejo estas reflexiones que podrían ser las de miles de sus compañeros abstencionistas o de quienes no marchan porque las “reformas” no reflejan sus intereses o porque lesionan sus derechos. Cordial saludo.