Caso Macaco, verdades del paramilitarismo

En Colombia se aplican la ley del más fuerte y la del silencio. La primera explica la violencia, “la gran tragedia de la sociedad colombiana del último siglo” (Melo, 2017) y la segunda, la impunidad, por la que entre 1820 y 2001 se otorgaron 88 procesos de beneficios penales como la Ley 975 del Gobierno de Uribe en 2005, de Justicia y Paz, “que confirió ventajas jurídicas a los paramilitares” sin compensación a los afectados y al país (Revéiz, 2016).

Esa impunidad se amplió cuando la cúpula paramilitar fue extraditada a Estados Unidos, al prevalecer el delito de narcotráfico sobre crímenes atroces como desplazamientos, desapariciones y similares. Luego de diez años, “los paramilitares que pagan condenas en Estados Unidos por la misma razón, el promedio será 7 años y medio” (The New York Times). En mayo de 2008, Carlos Mario Jiménez, Macaco, fue el primero en ser condenado a 33 años en Estados Unidos por narcotráfico, que redujo a 11 por “colaboración con la justicia”, y volvió a Colombia en 2019.

Jiménez fue jefe de 7.603 miembros del Bloque Central Bolívar (BCB) (https://verdadabierta.com/los-tentaculos-del-bloque-central-bolivar/), controló “el Magdalena Medio… a través de la corrupción, la tortura, el secuestro y ejecuciones extrajudiciales” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951) y en marzo de 2021 “por la línea de mando” aceptó 162 hechos criminales (El Colombiano, 18/03/2021).

Luego de siete años, el Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA), en representación de familiares de una víctima del BCB, logró, el 28 de septiembre de 2021, que el magistrado Edwin G. Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida, decretara indemnización para sus clientes “que probablemente nunca podrán cobrar” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021). Fuera de la culpabilidad de Jiménez, el fallo es fundamental para precisar una narrativa veraz sobre el paramilitarismo en Colombia.

Torres acudió a la Torture Victim Protection Act (TVPA), que faculta la intervención de la justicia norteamericana cuando la tortura o la ejecución extrajudicial se cometen “bajo la autoridad real o con apariencia legal, de cualquier nación extranjera” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951) y “los perpetradores estén bajo autoridad jurisdiccional de Estados Unidos” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021).

Partió de que hubo “relación simbiótica” entre paramilitares y el Estado colombiano, al señalar que “utilizó a miembros paramilitares para luchar contra los grupos guerrilleros que causan disturbios civiles en áreas como la región fluvial del Magdalena Medio” y que “recibieron beneficios tangibles (…) como transporte y comunicaciones, y se financió a través de la producción, venta y tráfico de estupefacientes” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951).

Destacó “abundancia de evidencia (…) de que el BCB operaba (…) con actores estatales colombianos” intercambiando “inteligencia, armas y uniformes militares” y “también hicieron la vista gorda ante la presencia (…) y actos delictivos del grupo debidos a sobornos”, que “eran la misma entidad porque la organización controlaba las operaciones del Estado”. El BCB mantuvo “nómina para pagos a militares y policías” y actuó con apariencia de ley (ídem).

Se extiende así responsabilidad a Estados Unidos que, fuera de jerarquizar el delito de narcotráfico allá sobre la reparación de las víctimas aquí, intervenía en el Gobierno y la fuerza pública al tenor del Plan Colombia. En ese orden, se rememoran hechos como la sanción contra Chiquita Brands por pagar a los paramilitares, aunque “reportaron los pagos al gobierno de Estados Unidos” y porque “usaban a Chiquita para exportar droga e importar armas” (Kelsey Jost-Creegan, en IPC.org.co).

Eleva a verdad judicial el dicho de Myles Frechette, exembajador en Colombia, de que “Washington apoyó porque quería reducir la violencia” (El Espectador, mayo de 2017), reitera denuncias de Human Rights Watch sobre batallones antinarcóticos que coordinaron con paramilitares, “creados con asistencia y financiación de Estados Unidos y entrenados por militares estadounidenses”, a los que Clinton “firmó una exención de las condiciones relativas a derechos humanos” (“Sexta División”, HRW). Roxanna Altholz, de Berkeley, Center for Latin American Studies, dice: “Mire, donde mire, verá los Estados Unidos” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021).

El caso Macaco debe servir para acabar la burla a las víctimas, que, para la reparación, no tengan que ir a cortes extranjeras y también para que la Comisión de la Verdad incluya el sustento de la sentencia del magistrado Torres: el paramilitarismo como instrumento de Estado y, según, personalidades, ONG, grupos de análisis y abogados, asistido de cierta forma por Estados Unidos.