Opinión
Cero en la política envejecimiento
En mayo de 2022 se expidió, después de años de trabajo, por parte de los grupos interesados y estamentos académicos, la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez mediante el Decreto 681. Lastimosamente, después de un año de gobierno, la ejecución es prácticamente cero.
El envejecimiento es la dinámica demográfica más acelerada e inexorable en nuestra sociedad. No solo estamos aumentando el número de personas mayores, sino que cada vez la “tercera edad” se extiende más gracias a los avances en salud pública y el acceso acelerado a nuevas tecnologías y medicinas que hacen posible extender la vida de las personas.
El envejecimiento es un fenómeno complejo. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que los primeros signos de envejecimiento se pueden detectar desde los 34 años de edad, en un proceso que no es constante, sino que se produce con saltos, que se inician a esa edad y tienen otros dos momentos de quiebre alrededor de los 60 y los 78 años de edad, presionados por las disminuciones repentinas en los niveles de proteínas del cuerpo humano. Se identifican tres momentos en la vida de los seres humanos adultos: edad adulta temprana, edad media tardía y vejez. Estos cambios no se dan de igual manera en todos, depende de factores como la genética y el estilo de vida.
El envejecimiento de la población parecía un fenómeno de otros continentes, pero ya no es así. Según la Cepal, en 2021 América Latina dejó de ser una sociedad adulta joven y en 2053 alcanzará el estado de sociedad envejecida cuando la población mayor de 60 años supere la población de 40 a 59 años. Tres décadas son pocas y un suspiro -en términos de preparación de una sociedad- para asumir un cambio tan crítico y la realidad apunta a que no estamos haciendo la tarea.
En 1990 las personas mayores en Colombia sumaban 2,3 millones -alrededor del 5 % de la población-, para 2021 ya representaban el 13,5 % y en 2050 serán el 21 % de los colombianos. Hoy hay más de siete millones de colombianos mayores de 60 años: cinco millones y medio viven en áreas urbanas y más de millón y medio en zonas rurales. Hoy tenemos cerca de 250 mil nonagenarios y centenarios, de los cuales 60 % son mujeres. En siete departamentos del país, entre un 15 y 20 % de la población ya está conformada por personas mayores.
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El impacto del envejecimiento no deriva solamente del aumento de personas mayores, sino de los gastos que vienen asociados. El Banco Mundial estima que Colombia -en 2015- gastaba medio punto de su producto interno bruto en políticas orientadas al cuidado de las personas mayores, en ese mismo estudio se estimó que el país debe pasar a invertir el 2,3 % de su PIB en políticas de envejecimiento para 2045.
Los gastos en salud de las personas mayores son aspectos críticos para los que el país debería estar preparado. En 2020, el gasto en salud de una persona saludable mayor de 60 años era de 983,000 pesos, menos de los 1.377.000 pesos que se paga en promedio por la salud de una mujer colombiana adulta joven. Sin embargo, la sola presencia de una enfermedad crónica en un adulto mayor triplica ese costo promedio y un adulto mayor con cuatro comorbilidades lleva ese costo anual a más de 22 millones de pesos, en promedio. La gestión de los riesgos de salud, que es prácticamente eliminada en la reforma de salud, es la única herramienta masiva que puede asegurar el envejecimiento saludable de nuestra población.
Es indudable que el país necesita una reforma pensional que asegure -de alguna manera- el futuro de la población mayor. Es un imperante ineludible y debe hacerse de manera inmediata por parte del Congreso de la República. Pero aprobar la reforma no implica de manera alguna que se haya solucionado el futuro de la población colombiana que envejece. El asunto es mucho más complejo y requiere de la ejecución de la Política de Envejecimiento y Vejez como un asunto de Estado, estructural e intersectorial.
En ese sentido, vamos mal. En mayo de 2022 se expidió, después de años de trabajo por parte de los grupos interesados y estamentos académicos, la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez mediante el Decreto 681. Lastimosamente, después de un año de gobierno, la ejecución es prácticamente cero. Incluso fue abandonado el Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez que el Ministerio de Salud y Protección Social había montado para hacer seguimiento a los indicadores nacionales y territoriales.
¿Será que algún día tendremos de verdad trabajando el flamante Ministerio de la Igualdad en un tema tan crítico para millones de colombianos? Mientras tanto, ¿cuánta carga de enfermedad e inequidad estaremos agregando a nuestros adultos mayores?
