Chile: ¿ejemplo para Colombia?

Este domingo, Chile decidirá si aprueba o rechaza el plebiscito del presidente Boric por una nueva Constitución. Lo que desde ya está pasando y lo que suceda a partir del resultado, configura un escenario importante de reflexión para Colombia, en el contexto de cambio que apenas estamos iniciando con Gustavo Petro como mandatario.

Boric, a diferencia de Petro, ganó ―en gran medida― por su potente promesa pública de elaborar una nueva Carta Magna, apoyándose en la necesidad de dotar a su nación de un marco constitucional moderno que reemplace la visión pinochetista de Estado que aún sobrevive en aquel país.

Demostró que una gran parte de los problemas de Chile está asociada a la estructura de un Estado que, fruto de una dictadura, no ha sido eficaz en garantizar un desarrollo equitativo y sostenible.

Por ello, el proceso constituyente liderado por Boric ha contado con una gran legitimidad política y ha logrado configurar un órgano constituyente con representantes de todos los sectores de la sociedad.

El Gobierno chileno ha acertado en interpretar el deseo generalizado de su pueblo de querer construir una nueva Constitución, pero ha fallado en el proceso de materializarlo, al punto de que hoy ―a tres días de que los ciudadanos vayan a las urnas― la mayoría de las encuestas apuntan a que los chilenos rechazarán el articulado propuesto por Boric para un nuevo orden constitucional.

Hay varias razones que podrían explicar el posible fracaso. Boric propone un “Estado social de derecho” ―que en Colombia constitucionalmente ya tenemos―, con democracia representativa y abocado a la protección de los derechos individuales y sociales, a la protección de la naturaleza y a la descentralización del país.

Esta propuesta se concreta en decenas de artículos sobre nuevos derechos, que traerían consigo un nuevo sistema de judicialización para ser efectivo el cumplimiento de los derechos, generando resistencia de una parte de la ciudadanía que los considera excesivos, en extremo liberales y burocráticos.

En la propuesta se establece una nueva relación del Estado con los pueblos originarios, llevando a la conformación de un “Estado plurinacional” ―que en Colombia no tenemos―, lo que propiciaría un nuevo orden político, jurídico, social y cultural.

Este nuevo orden ha generado una gran controversia nacional porque miles de chilenos, particularmente los adultos mayores, ven en el Estado plurinacional una réplica del Estado boliviano, que, por cuenta de crear nuevos sistemas de protección de derechos indígenas, ha propiciado la confrontación de esta población contra los no indígenas.

Además, la sociedad chilena conservadora teme la pérdida de la “nación chilena”, como un solo cuerpo, que tanto orgullo les genera.

En términos prácticos, el Estado plurinacional llevaría a nuevos órganos políticos regionales, con sistemas de justicia únicos y con una nueva institucionalidad por cada pueblo originario, preocupando a miles de chilenos que ven a venir anarquía y fragmentación en la plurinacionalidad.

El planteamiento de Boric, además del necesario Estado social de derecho y del controvertido Estado plurinacional, se orienta hacia un “Estado solidario” que permitiría, entre otras cosas, hacer efectivos los derechos sociales, amparado por el principio de solidaridad que prevalece en los sistemas socialistas.

Estarían los chilenos entonces ante un Estado no subsidiario ―que actualmente tienen― que intervendría cuando las necesidades ciudadanas o de los seres sintientes no sean cubiertas eficazmente por privados en sectores como salud, educación o pensiones. Es un Estado que cambiaría progresivamente el modelo de desarrollo socioeconómico al punto de transformarse, a futuro, en un Estado de bienestar.

Para muchos opositores de la propuesta, ese modelo de Estado solidario se sustentaría en la restricción de las libertades que tanto le costó desarrollar al pueblo chileno a lo largo de las últimas décadas.

El nuevo Estado, en nombre de la solidaridad, participaría de forma más activa en la economía, desarrollando actividades económicas y ocupando espacios productivos que hoy ocupa el sector privado.

Chile podría estar ante un nuevo ordenamiento con restricciones moderadas, pero que hoy no existen, a la propiedad privada, con nuevos poderes exorbitantes del Estado sobre la misma. Por ejemplo, mediante la posibilidad de expropiar terrenos si el Estado los requiere y que serían pagados a un precio que el Congreso considere justo, sin tener en cuenta el valor de mercado.

Preocupa al sector productivo, también, la facilidad para convocar huelgas sin motivo, la dificultad de despedir empleados, así exista una causa justa, y los nuevos mecanismos de intervención de sectores productivos de capital privado.

Además, el texto definitivo propuesto tiene 11 capítulos, 388 artículos y 57 normas transitorias, con lo que se convertiría en una de las constituciones más extensas ―y más dogmáticas― del mundo, y consecuentemente, en una de las más difíciles de comunicar, lo que ha complicado su comprensión por parte del ciudadano común y corriente.

Y como si las anteriores preocupaciones fueran poco, Boric atraviesa un mal momento de gobernabilidad por cuenta de las inconformidades del pueblo mapuche, la inflación, la migración peruana y boliviana a territorio chileno, y la expansión del narcotráfico que se ha traducido en una fuerte comercialización y el aumento del microtráfico.

En medio de esta situación, Boric se dio cuenta de que necesitaba del apoyo de grupos políticos ajenos a su propia ideología para lograr las mayorías en el parlamento chileno, lo que le ha costado, en parte, el apoyo de los jóvenes y de los grupos antiestablecimiento que lo eligieron por su independencia.

Lo que sí parece seguro es que, pese a una eventual derrota de Boric este domingo, la decisión de construir una nueva Constitución se mantendrá, mediante nuevos mecanismos y tiempos.

El Gobierno entiende que el mandato de un nuevo ordenamiento le fue entregado con la elección del presidente, lo cual difiere radicalmente de la situación colombiana. Además, el tan anhelado Estado Social de Derecho que propone Boric, con aciertos y defectos, es el que estamos llamados, en estos tiempos de cambio, a defender todos los colombianos. No somos equiparables, pero sí comparables, constitucionalmente hablando.