Chuzados

El segundo peor escándalo del gobierno de Gustavo Petro explotó con las revelaciones que hizo la revista SEMANA en torno a la vulneración de al menos siete derechos fundamentales de Marelbys Meza, la niñera del hijo de la mujer más poderosa del Gobierno de la “potencia mundial de vida”, la jefa de su gabinete, Laura Sarabia.

La lista de escándalos la encabeza, por supuesto, el de los dineros de los narcos que habrían ingresado a la campaña presidencial a través del hijo del presidente, Nicolás Petro. Un escándalo que, con mucha habilidad, han sabido silenciar desde la Casa de Nariño.

Esta semana se destapó una novela digna de los guiones de Netflix. En principio, se creyó que lo peor era el abuso de poder en el que habría incurrido Laura Sarabia para atemorizar a la niñera de su hijo, la señora Marelbys Meza. Se supo que, en un carro oficial de la seguridad de Laura Sarabia, la recogieron en su casa, la llevaron a la Casa de Nariño y en el sótano de un edificio adjunto a la presidencia le practicaron una prueba de polígrafo. Una diligencia que tardó más de cuatro horas. Eso sí, para “curarse” en salud, le hicieron firmar un “consentimiento” que justificaba dicho procedimiento.

En efecto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director de la Policía salieron a decir que todo había sido legal y según lo establecido en los protocolos que se activan para proteger la vida y la seguridad del presidente, la vicepresidenta de la república y sus familias. Pero ¿qué tenía que ver la pérdida de una plata en efectivo de la casa de Laura Sarabia con la vida y seguridad de Petro y Márquez? ¿Por qué la Presidencia ejecuta procedimientos sin orden judicial y sin presencia de un abogado en contra de una civil que no desempeña ninguna función pública?

Poco a poco, los reflectores se fueron moviendo hacia la cantidad de plata cuyo supuesto robo se denunciaba. Según las denuncias y contradictorias declaraciones de la jefa de gabinete, aún no se ha podido establecer si eran 7.000 dólares o la cifra que mencionó la niñera a quien, a gritos, le preguntaban los personajes de civil que le hicieron el polígrafo: 150 millones de pesos. ¿De quién era esa plata?

Esta incómoda discusión del dinero dejó de ser el centro de atención cuando se supo que Laura Sarabia habría mandado chuzar no solo a la niñera, la señora Meza, sino también a su empleada de servicio, haciéndolas pasar por dos delincuentes del Clan del Golfo. Un juez de la república habría sido engañado para firmar la inclusión de los celulares de las dos humildes mujeres con el objetivo de ubicar las “platas” supuestamente robadas.

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, le anunció al país la terrible noticia de la chuzada a las dos vulnerables trabajadoras domésticas. Y si eso pasó con ellas, tan cercanas al Gobierno, ¿con quién más está sucediendo? ¿A quién más escucha, de forma ilegal y violando la Constitución y la ley, el nuevo DAS del “cambio”?

Este tema no es menor para el autollamado Gobierno de la “potencia mundial de vida” y del “cambio”. Los hechos parecen mostrar que cada semana aparece un nuevo escándalo que nos regresa 30 años en la historia ¿Está el Gobierno progre del cambio “chuzando” a la oposición y a los medios de comunicación? ¿Hay garantías para oponerse a las tortuosas políticas del cambio? ¿Está el Gobierno de la potencia mundial de vida soterrando la democracia mediante la concentración y el abuso de poder?

Y siguen las preguntas: ¿qué está pasando en entidades como el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) o la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF), en donde pueden conocer todos los movimientos que hacen las empresas y las personas en términos financieros? ¿Qué está pasando con la Unidad Nacional de Protección (UNP)? ¿Están esas entidades de inteligencia del Estado espiando a los colombianos que le caen mal al “cambio”? Porque después de los hechos ocurridos con las dos humildes mujeres que trabajaban en el hogar de Sarabia sí preocupa que, sin orden judicial y hasta con mentiras a los jueces, se estén realizando procedimientos de interrogatorio con polígrafo, interceptaciones telefónicas, investigaciones financieras, además de presiones y hostigamientos, a todas luces ilegales. ¿Está pasando eso en Colombia? ¿En contra de quién?, y ¿para qué?

No hay que olvidar que el presidente Petro entregó la dirección de esas entidades de inteligencia del Estado como la UNP, la DNI y Migración Colombia a exmiembros del M-19. Y hoy, después de lo sucedido con el escándalo de las chuzadas de Laura Sarabia, es difícil no pensar que el pasado oscuro del DAS revivió de formas aún más oscuras. ¿Deberían la Procuraduría y la Fiscalía hacer una revisión proactiva sobre lo que puede estar pasando en estas entidades y en general con la inteligencia al servicio del Gobierno, que parece operar fuera de la órbita de control de jueces y fiscales?

Con todo este desastre, ¿qué estarán pensando los magistrados de las altas cortes, que tienen que elegir fiscal, registrador o, incluso, el Congreso, un nuevo contralor, cuando parece que el Gobierno se dedica a “chuzar” los teléfonos de los colombianos sin orden judicial y solo por malquerencias personales?

¿Cuáles son las garantías para los periodistas, la oposición, los empresarios, los gremios y para los candidatos a las elecciones regionales luego de la revelación de estos graves hechos? Duele ver cómo el Gobierno de la “potencia mundial de la vida” impone el miedo, el resentimiento, la rabia y el odio. Pero, sobre todo, duele ver cómo, día a día, el “cambio” vulnera sin compasión los derechos y las garantías de una Constitución a la que costó tanto llegar. Una despedida indigna para la democracia de Colombia. ¡Qué dolor!