Ciclo político y transición energética

La desaparición de los partidos, que tenían legados que cuidar, ha dejado los logros de antaño huérfanos de defensores. Sucede así con el sector eléctrico, el cual fue objeto de profundas reformas en 1994, y de ajustes posteriores que han preservado principios, normas e instituciones valiosos.

Aquella concepción postuló la conveniencia de que en las distintas fases del suministro de electricidad participaran entes estatales, privados y mixtos, reservándose el gobierno la potestad de regular con mayor rigor los segmentos de la transmisión y distribución, que suelen ser monopolios naturales. Aunque las tarifas a los usuarios finales de ordinario son reguladas, otros actores de la cadena pueden definir con libertad los precios a los que negocian la energía.

Otra importante característica es el denominado cargo por confiabilidad que aporta los incentivos para promover inversiones cuantiosas y de tardío rendimiento. El sistema es solidario a través de dos mecanismos: uno de subsidios cruzados -que requiere reformas para focalizarlos mejor-, y otro de naturaleza fiscal. Aunque su expedición es anterior al surgimiento de nuevas modalidades de energías renovables las acoge de antemano, y establece reglas para atender las preocupaciones ambientales, más apremiantes en la actualidad que años atrás.

Los resultados han sido positivos: la cobertura es del 97 % de la población, y la calidad del suministro adecuada salvo en ciertas zonas no interconectadas. Durante este cuatrienio se adoptaron medidas para resolver el fracaso de Electricaribe y se avanza en la incorporación de las energías eólica y solar. La confiabilidad del sistema, entendida como su capacidad para generar la energía que el país demanda aun en contextos de sequía, ha sido adecuada. Este factor debe preservarse en un contexto de ampliación de esas nuevas fuentes que, por su propia naturaleza, son intermitentes. A veces no hay viento, ni en las noches luz solar.

Los programas presidenciales reconocen que Colombia no puede ser ajena a la transición energética con el fin de alcanzar las metas de reducción de los gases causantes del cambio climático. Vislumbran la sustitución pronta de hidrocarburos en el movimiento vehicular y su reemplazo por energía eléctrica, un movimiento que ya ha comenzado, pero que impone afrontar el problema de la obsolescencia vehicular: el retiro obligatorio de automotores luego de un cierto número de años, medida complicada de adoptar por razones políticas.

Los candidatos apuestan por la generación descentralizada usando paneles solares y pequeños parques eólicos para reducir los costos de transmisión y mejorar la eficiencia energética. Hay que advertir, sin embargo, que ese loable anhelo no solo depende de los supuestos menores costos de generación y transporte de las nuevas fuentes, sino también de la amortización de las cuantiosas inversiones que la reconfiguración del sector impone. Como es natural en tiempos electorales, aspiran a reducir el precio de la electricidad.

Algunos parecen no percatarse de que las plantas hidroeléctricas, y las no convencionales en gran escala, deben construirse en donde existen las condiciones adecuadas, que pueden no darse cerca de los centros de consumo. Por estas razones pensar en que podemos olvidarnos de la expansión de la red de transporte sería equivocado.

Otros problemas requieren decisiones urgentes. Entre ellos cabe mencionar el déficit del Fondo de Compensación de Precios de los Combustibles, un mecanismo fiscal que cubre el diferencial entre el precio interno y el vigente en los mercados internacionales. El monto acumulado de ese faltante puede rondar 20 billones de pesos (1,8 % del PIB), cifra que es equivalente a una reforma tributaria promedio. Como el gobierno actual no ha puesto los recursos, se está acumulando una obligación insostenible a favor de Ecopetrol.

La política de gas natural requerirá definiciones tempranas por el gobierno entrante. Las reservas probadas son inferiores al consumo estimado de los próximos ocho años. El gobierno saliente asumió que, para evitar trastornos en el abastecimiento doméstico, sería preciso importar. Para esos efectos planteó la construcción de una planta regasificadora en Buenaventura y un gasoducto para llevar el gas hasta Yumbo.

Es grave que esa iniciativa haya fracasado. El gas natural es un energético más barato que la electricidad, utilizado por muchos hogares pobres para la cocción de los alimentos y para mover parte del transporte público urbano; es el combustible de respaldo del sistema hídrico. Una insuficiencia en su abastecimiento en los próximos años sería fatal para el país. Por eso llama tanto la atención que la plataforma de Petro nada diga.

Lo que sí dice es que “En nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Son propuestas alarmantes.

Veamos: existe un arduo debate sobre las explotaciones no convencionales de petróleo que no podemos dilucidar aquí. Sin embargo, no sería prudente suspender los proyectos piloto de fracking en curso. Sus resultados deberían aportar elementos de juicio que le permitan al país decidir con sólidos fundamentos técnicos en lugar de prejuicios ideológicos. De otro lado, resultaría inconveniente renunciar a explorar las eventuales reservas de hidrocarburos mar afuera, que son promisorias especialmente en gas.

Clausurar a mediano plazo la producción de hidrocarburos, sin tener en cuenta la disponibilidad y costo de otros combustibles, implica el riesgo de conducir el país hacia la pobreza. No hay razón para que un país pequeño como el nuestro pretenda abandonar los combustibles fósiles con mayor rapidez que el resto del mundo. No tenemos por qué asumir el liderazgo mundial en la noble causa de detener el cambio climático.

Prohibir la explotación de minería a cielo abierto implicaría afectar la de oro aluvional realizada por empresas que actúan dentro de la legalidad. Lo mismo pasaría con las minas de hierro y níquel, entre otras. Implementar esa política, cuando existen derechos adquiridos vigentes solo es posible, conforme a la Carta Política, mediante la indemnización plena de los damnificados. También se dice que “respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares”.

Se parte de suponer que las comunidades participantes en las consultas tienen un derecho de veto: solo podría hacerse lo que ellas permitan. Eso no es lo que dicen las normas constitucionales y los convenios internacionales. La verdad es otra. Las comunidades tienen derecho a ser oídas sobre los proyectos de infraestructura en su área de influencia. Esa prerrogativa impone la carga de dar respuestas razonadas a su inquietudes sobre los posibles efectos y la manera de compensarlos. Surtidas esas instancias, y si no hubiere acuerdo, el proyecto podrá seguir bajo ciertas condiciones. Por supuesto, la propuesta de Petro agravaría la parálisis que padecen los proyectos de infraestructura. Doy un ejemplo: la línea de transmisión necesaria para poder utilizar la energía eólica de la Guajira en el resto del país lleva dos años y medio de retraso. ¿Quién pagará los enormes perjuicios que padecen los inversionistas?

La plataforma petrista hace referencia a la “vinculación activa…de las comunidades, los pequeños productores, cooperativas y las ciudadanías en general…” en los procesos que van desde la producción hasta el consumo de la energía. Nada que objetar siempre que existan reglas claras y estables de acceso al mercado. En su ausencia, la inversión privada en energía, que ha liberado al gobierno cuantiosos recursos para otros propósitos, podría marchitarse.

Briznas poéticas. De Humberto Akabal, poeta de Guatemala: “El amanecer / es un animalito / que entra sin hacer ruido. / Es tan pequeño / que cabe debajo de la puerta”.