Cierres del congreso: de Colombia en 1949 al Perú en 2019

La situación planteada en el Perú, a raíz de que el presidente, acogiéndose a una disposición constitucional, cerró el congreso y convocó a elecciones, hace recordar la maniobra del presidente Fujimori en 1992, cuando hizo lo mismo, pero no basado en la citada disposición que en ese entonces no existía, sino que fue simplemente una decisión arbitraria y dictatorial. 

El mandatario peruano, ante el riesgo de que el Perú fuera excluido de la OEA, se vio obligado a presentarse ante la Asamblea General de la Organización que en ese momento se celebraba en Nassau, Bahamas, para dar explicaciones sobre su actitud y prometer la convocatoria a nuevas elecciones.  

Pero también se ha recordado el cierre del congreso en Colombia en el año 1949. El país había entrado en una etapa de aguda confrontación, derivada de la violencia política oficial emprendida después del asesinato de Gaitán. 

El gobierno utilizó a la politizada policía de ese entonces para reprimir las reacciones de inconformidad que se presentaban en diferentes regiones del país y en emprender una represión generalizada, en especial en el sur del Tolima y al norte del Huila, que generaría el surgimiento de un grupo armado al mando de Jacobo Frías Alape a quien apodaban “Charro Negro” que fue sucedido por  un tal Pedro Antonio Marín a. “Tiro Fijo”. 

El partido liberal había triunfado en las elecciones para congreso celebradas en junio de ese año. El 8 de noviembre de 1949 la bancada liberal designó una comisión de la cámara de representantes para estudiar una acusación ante el senado al presidente Mariano Ospina Pérez. 

Al día siguiente, el presidente de la Cámara, cándidamente pidió una cita con el ministro de guerra el general Rafael Sánchez Amaya, para solicitarle “que pusiera a disposición del parlamento la fuerza pública indispensable” para proteger al congreso durante sus deliberaciones sobre la acusación. Era como poner al ratón a cuidar el queso. 

La cita se celebró por la tarde. Dos horas después el presidente, mediante un decreto basado el artículo 121 de la constitución declaró turbado el orden público en todo el territorio nacional y procedió a cerrar el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales, modificó la Corte Suprema de Justicia, estableció la censura de prensa y prohibió las manifestaciones públicas. 

Acogiendo la ingenua solicitud que se le había formulado al ministro, el gobierno envió a la policía del régimen a ocupar el congreso, no propiamente para “proteger” a la comisión de la cámara en sus deliberaciones, sino para expulsar a los parlamentarios que se encontraban en el recinto de la corporación e impedir el acceso de los que pretendían ingresar.

Durante ocho años se gobernó sin congreso y por decreto: más de 10.000 se expidieron. La violencia se extendió por todo el país. 

Para las nuevas generaciones, no obstante la situación del congreso y de la justicia colombiana que preocupa a todos, hacer algo semejante ahora parecería un absurdo.  

No hay duda pues de que, con todos sus defectos y problemas, nuestra democracia se ha fortalecido. Incluso para permitir las frecuentes campañas de recolección de firmas para derogar al congreso y revocar a los magistrados de las altas cortes. 

(*) Decano de la facultad de Gobierno, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.