Cifras maquilladas en homicidios y seguridad

En materia de policía y seguridad ciudadana, existen dos tipos de servicios públicos: uno centralizado que se llama Servicio Público de Policía a cargo de la Policía Nacional y el otro descentralizado en las alcaldías o entidades territoriales que se denomina Seguridad y Convivencia Ciudadana. A la fecha, los alcaldes tienen la responsabilidad política y operativa de la seguridad y convivencia ciudadana en sus territorios, donde se hace necesaria la articulación institucional con las autoridades del orden nacional.

Este tema no es menor, entendiendo que hoy, por ausencia de una adecuada gestión pública de la seguridad, tanto de las entidades del orden nacional como de las gobernaciones y alcaldías, la responsabilidad se ha descargado por completo en el cuerpo policial. Se percibe gran incertidumbre cuando el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la DNP y hasta el mismo presidente dan lineamientos e instrucciones, cada quien en su entendimiento y comprensión sobre lo que hay que hacer en materia de seguridad, confirmando con ello que desde el Gobierno nacional hay una falta absoluta de compromiso político e institucional con la protección de los derechos y libertades ciudadanas.

Muestra de lo anterior fue el anuncio del presidente Petro durante la ceremonia de ascensos militares, cuando señaló que los indicadores de evaluación de los comandantes de Policía metropolitana y de departamento cambiarían por completo, la propuesta consiste en que las cifras no se midan por reducción de homicidios, sino “por salvar vidas”. Además, las cifras de denuncias se reemplazarían por la medición que hacen las encuestadoras en materia de percepción de seguridad ciudadana. Este tipo de mensajes, por demás eufemísticos, desconocen por completo la seriedad con la cual se deben asumir los problemas públicos relacionados con delincuencia, crimen organizado y convivencia ciudadana, tratando de ocultar a toda costa la cifra real de homicidios en nuestro país.

Veamos lo que sucede. En este año, a corte de 16 de diciembre de 2023, se contabilizan 12.780 homicidios en Colombia, de acuerdo con los registros de la Dijín de la Policía Nacional en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), cifra que va en aumento respecto a 2022 muy a pesar de los cambios metodológicos en la medición del homicidio que ordenó el Ministerio de Defensa a la Policía Nacional – Dijín a comienzos de 2023.

A diferencia del año anterior, este año sólo se mide el homicidio intencional o doloso; se excluye, entonces, la legítima defensa, las muertes accidentales y las muertes en procedimientos de la fuerza pública.

Es importante recalcar que la labor de determinar si frente a un homicidio existió o no, legítima defensa, muertes accidentales y/o dolosas, le corresponde a un juez de la República, con la información suministrada por el fiscal del caso, con el apoyo de policía judicial y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En tanto que la Policía desde su misión sólo puede señalar en sus registros administrativos que se trata de un homicidio.

Aunque la historia en registros administrativos de las entidades nacionales es más larga y vale la pena seguir teniendo claridad en los criterios de valoración para evitar subregistros y márgenes de error, el mensaje político no se puede quedar en un juego de números, metodologías y mal estructurados eufemismos. Es cierto que se requiere indicadores que contribuyan a mejorar la eficiencia y efectividad de las instituciones, en especial, la Policía Nacional; sin embargo, la preocupación principal en el caso del homicidio es tener más detalle, diagnóstico y análisis de información cualitativa y cuantitativa para intervenir sus causas y orígenes, tanto del homicidio ocurrido en asuntos de convivencia ciudadana o circunstancial, como del homicidio del crimen organizado o instrumental.

La Policía y las alcaldías requieren más y mejores capacidades institucionales, mejores sistemas de información, directivos y equipos de trabajo idóneos y diligentes y, sobre todo, el apoyo irrestricto de un Gobierno nacional más coordinado y coherente a la hora de dirigir la política pública de seguridad ciudadana y convivencia. No sigamos desmotivando a los comandantes de Policía y a los policías que hacen todo lo posible por salvar vidas; no sigamos apagando incendios, es momento de enfrentar una crisis real y creciente con acción y eficiencia.

Adenda: quizás un dato importante que en esta discusión les podría servir a los colombianos. La Ley 2179/21, actual estatuto de carrera de la Policía, establece en su artículo 117 que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deben implementar el uso de tecnologías que permitan el reporte en línea a los diferentes centros de análisis policiales de los eventos de delincuencia, indisciplina social, perturbación del orden público y satisfacción y valoración ciudadana como insumo para la planeación operativa y evaluación del servicio de policía.