Coincidencias que construyen democracia

En materia de reformas, es conveniente anotar, para bien de la democracia, que los maestros, estudiantes, trabajadores y empresarios, cada uno por su lado y sin proponérselo, han terminado coincidiendo en oponerse a las propuestas estatales de reformas a la educación y al trabajo.

En el caso de la reforma educativa, después de cantar victoria por haber llegado en una de las comisiones del Senado a un acuerdo político, por parte tanto de los parlamentarios afines como contrarios al gobierno del presidente Petro y a la ministra de Educación, a partir del pasado 13 de junio, miles de maestros y estudiantes han venido saliendo a las calles de las principales ciudades de Colombia para manifestar su rechazo al contenido de dicho proyecto, el cual ahora corre el peligro de no aprobarse en la plenaria del Senado de la República.

Igual ha pasado con el actual proyecto de reforma laboral que, a iniciativa del presidente de la República y la ministra de Trabajo, se presentó de manera unilateral al estudio y aprobación del Congreso de la República.

Debo anotar que, en repetidas ocasiones y de manera pública, los voceros de los gremios empresariales le solicitaron al Gobierno nacional que el proyecto de reforma laboral pasara, como debe ser, por un proceso de diálogo y concertación entre empresarios, trabajadores y Gobierno nacional.

Sin embargo, sucedió que, al aprobarse un proyecto de reforma laboral en el Congreso de la República, limitando derechos como la negociación colectiva y la huelga, los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales se han visto en la obligación de manifestar públicamente su oposición al mismo.

Los gobiernos, sean de derecha, centro o de izquierda, al igual que los empresarios y trabajadores, tienen el deber de respetar los mandatos y principios que dieron origen a la creación en 1919 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se basan en el diálogo social y en el respeto a los derechos de asociación, negociación colectiva y de huelga. Ellos constituyen los tres pilares fundamentales sobre los cuales está cimentada la OIT y el sistema laboral tripartito internacional.

Como exconstituyente del 91, y promotor del artículo 56 de la Constitución Nacional que mandata sobre la existencia de una Comisión Tripartita Permanente de Concertación Laboral, con todo respeto, considero que tanto el Gobierno nacional como el Congreso de la República han excedido sus funciones al no escuchar las opiniones y sugerencias de dos sectores fundamentales en las relaciones laborales como son los trabajadores y los empresarios.

Lo mismo ha sucedido con el proyecto de reforma a la educación, al desconocer las iniciativas que al respecto tienen dos integrantes fundamentales del sistema educativo colombiano, ya sea público o privado, como son los maestros y los estudiantes.

Como no se puede abusar de los respaldos políticos que en un momento determinado de la vida política colombiana les hayan dado las asociaciones de maestros, estudiantes, trabajadores o empresarios a los diversos gobiernos nacionales, regionales o locales, es bueno destacar que dichos respaldos políticos en ningún momento han hipotecado la autonomía de las mismas y menos el derecho a opinar de los maestros y estudiantes como constituyentes primarios en todos los temas relacionados con el presente y futuro de la educación colombiana.

Como demócrata, siempre considero que es mucho mejor para la democracia un gobierno que sabe escuchar y dialogar al que, por importante que sea, considera que gobernar es el arte de tener pleno derecho para hablar, descalificar, ordenar y mandar.

De modo que, como exvicepresidente de la República, en esta ocasión estoy con los maestros, los estudiantes, los trabajadores y los empresarios porque no solo les asiste la razón, sino que nos están enseñando que en materia de construcción de la democracia no está dicha ni escrita la última palabra.

En Colombia, con base en los mandatos de la Constitución Nacional, a diversos convenios internacionales adoptados y a numerosas leyes que desde hace varios años se han aprobado en el Congreso de la República, con una política permanente de diálogo social y concertación, promovida por el presidente de la República, hace rato hubiéramos podido ir construyendo verdaderos estatutos democráticos en favor del derecho a la educación y al trabajo de la población urbana y rural en Colombia.