¡Colombia no es Venezuela!

A Federico Gutiérrez le cayó una responsabilidad inmensa. No se trata solo de evitar que Colombia termine recorriendo la senda del fracasado modelo de la extrema izquierda que propone Gustavo Petro y su Pacto Histórico, sino contener el avance final en Latinoamérica de las dictaduras de Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua, Miguel Díaz-Canel en Cuba y de los aprendices de tiranos Gabriel Boric de Chile y Pedro Castillo de Perú. Hasta mediados del mes de marzo de este año, Petro se consideraba el vencedor. Con una estrategia consistentemente ejecutada desde el 8 de agosto de 2018, sembró durante cuatro años un discurso de odio, lucha de clases, estimuló la violencia social en las calles y se dedicó a repetir que Colombia, según él, está peor que Venezuela.

El senador Petro no solo está equivocado, sino que miente porque Colombia y Venezuela son muy distintas. Según el ranking de miseria mundial del profesor Steve Hanke, Venezuela y Cuba ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, mientras que Colombia ocupa el puesto 62 entre 156 países evaluados. En el índice de democracia mundial, elaborado por Economist Intelligence (EIU) para 2021 entre 167 naciones, Cuba ocupa el puesto 142, y Venezuela, el 151. En cambio, Colombia se encuentra en el lugar número 59. En términos del ranking de seguridad alimentaria del Economist Group, entre 102 países evaluados, Colombia se encuentra en el puesto 53, mientras que Venezuela, en el 102. Siempre se puede mejorar, pero el país está lejos de ser el desastre de las dictaduras que admira Petro.

En Venezuela, por cuenta de los populistas de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, se destruyó una de las economías más sólidas de América, y sus ciudadanos tuvieron que salir exiliados.

A nuestros hermanos venezolanos los dirigen desde hace más de 20 años gobernantes corruptos, violentos y narcotraficantes. No en vano, el propio Maduro está vinculado con el Cartel de los Soles, investigado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hace un poco más de dos décadas, en esa nación querían un cambio y, sin querer, optaron por la destrucción de la democracia, el tejido social y económico. Los venezolanos no escucharon a los cubanos y el riesgo que implicaba que un tirano llegara a gobernar. Hoy los chilenos y los peruanos recorren ese mismo camino con unos gobiernos de izquierda sin experiencia en gerencia pública, pero que supieron vender la idea a sus electores de ser la encarnación del cambio y del progreso que necesitaban.

Ahora le llegó el turno a Colombia. Gustavo Petro representa a la extrema izquierda latinoamericana en nuestro país y sus propuestas económicas han sido claras. Pretende expropiar la tierra a los ganaderos, tomarse las utilidades de las empresas, acabar con la exploración y explotación petrolera, imprimir billetes y expropiar el ahorro de más de 18 millones de colombianos que tienen sus pensiones en los fondos privados.

Colombia ha sido notificada de las intenciones de Petro, que, además, cuenta con una nómina de lujo para lograr sus propósitos.

En la hábil narrativa petrista, le vendieron la idea al país de que políticos como Piedad Córdoba representan el “cambio”. Sin embargo, esta senadora electa en la lista cerrada del Pacto Histórico, en los comicios del pasado mes de marzo, esta semana fue detenida en Honduras por llevar en su maleta de mano la cifra de 62.000 dólares en efectivo, sin que diera explicaciones satisfactorias del origen de ese dinero. Pero también se encuentra investigada por sus nexos con el dictador de Venezuela, su testaferro Álex Saab, y, como si fuera poco, su hermano está en la cárcel esperando ser extraditado por narcotráfico.

A Piedad la vendieron como la panacea, al lado de Roy Barreras (que también anda con fajos de billetes entre el morral), del gobernador imputado del Magdalena, Carlos Caicedo, y la cúpula de los exguerrilleros cabecillas de las Farc que nunca pagaron por sus delitos de lesa humanidad, pero que sí gozan de una curul regalada en el Congreso.

Ante la necesidad de juntar apoyos políticos, Petro logró aliarse con los peores corruptos condenados, en lo que se conoció como el Pacto de la Picota y que fue negociado a través de su hermano Juan Fernando Petro y los hermanos Samuel e Iván Moreno, condenados por el carrusel de la contratación en Bogotá.

Además de sus propuestas populistas, Petro ya demostró que no tenía idea de gerencia pública cuando fue alcalde de Bogotá. Quebró la EPS de la ciudad, casi acaba con el sistema de basuras, con el TransMilenio, que tanto desprecia, no estimuló el crecimiento económico de las empresas y tampoco combatió el crimen organizado. No hizo ni una sola obra de infraestructura importante y fue incapaz de cumplir con su promesa de construir 1.000 jardines infantiles, colegios y universidades.

Petro busca vengarse del sistema y, en caso de ganar, le dará una estocada a la Constitución de 1991. Restringirá las libertades individuales, la libertad de prensa, atentará contra la propiedad privada, el libre mercado, y, con seguridad, estas serán las últimas elecciones democráticas que vivirá el país para, ahí sí, quedar igual que Venezuela.

Pero no nos equivoquemos. Federico Gutiérrez no es el único responsable de la defensa del Estado de derecho que hasta ahora conocemos. Lo son también todos los ciudadanos que comprenden la necesidad imperiosa de que Colombia proteja la Constitución de 1991. Por eso le llegó la hora a las mayorías silenciosas para que defiendan la Colombia que Gustavo Petro quiere destruir. ¡A votar!