Ahogados en trámites

Mientras usted lee esta columna, el Ministerio de Comercio anuncia que ha llegado a los primeros 100 trámites racionalizados o eliminados en estos cuatro meses de gobierno con el propósito de simplificar la relación de los ciudadanos con el Estado. Si las cosas salen tan bien como lo promete el ministro José Manuel Restrepo, para el año 2019 deberán haber sido intervenidas más de 900 vueltas de esas que a un empresario o comerciante o a un parroquiano cualquiera le quitan meses de vida.

Y es que en este país, bueno es recordarlo, existe tal nivel de sobrerregulación en todas las actividades que desde el año 2000 se han emitido 95.000 normas; cada día se producen 3 decretos por parte de la rama ejecutiva; y quienes intentan crear nuevas empresas se ven obligados a presentar tantos requisitos que algunas de ellas se quedan a la mitad del camino. Las que logran superar las absurdas barreras de entrada tienen que seguir a lo largo del tiempo enredadas en la tramitología, que se volvió pan de cada día en Colombia.

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Como el ministro Restrepo ha dicho en distintos escenarios que está abierto a oír las sugerencias y quejas de los ciudadanos, aquí le van algunas ideas –y desahogos– para ver si su propósito de hacernos la vida más fácil termina de cuajar:

Ponga en cintura a las Cámaras de Comercio. Así como estas entidades les hacen bien en muchos temas a los empresarios, algunos trámites que se realizan ante ellas terminan siendo un impuesto oculto que tienen que pagar desde los más pequeños hasta los más grandes, sin ninguna proporcionalidad y con mucha injusticia. Ya lo decía Mario Hernández, el hombre de la marroquinería: “Es inconcebible que todas las empresas, sin importar su tamaño, tengan cada año que decir que están vigentes y renovar su permiso de funcionamiento, que aquí llamamos matrícula mercantil, en un trámite inoficioso, además de odioso y sin mucho fundamento técnico”. Todavía más absurdo es lo que, en su momento, señalaba el exsuperintendente de Sociedades Francisco Reyes: que las personas naturales que son comerciantes tengan que registrarse también y que, para colmo de males, no exista del todo un registro electrónico de sociedades en plena era dizque digital.

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¡No más fotocopias de la cédula ampliadas al 150 por ciento! ¿Quién se habrá inventado semejante bobada y, peor que eso, ¿por qué las entidades financieras o las empresas de telefonía móvil se empeñan en pedirlas? Esto sin contar la cantidad de huellas y firmas repetidas que hay que poner cuando uno quiere sacar una pinche tarjeta débito. La responsabilidad de esta vida tan enmarañada también es de los particulares que se volvieron fanáticos de la tramitología. ¿Cuánto tiempo nos ahorraríamos si reemplazáramos todo ello con la más elemental tecnología?

Me decía con razón en estos días el representante a la Cámara Mauricio Toro que no hay nada más tortuoso en materia de trámites que el cambio o traspaso de una EPS a otra. Tratándose de un tema tan sensible como la salud, no hay derecho a que existan ‘sábanas’ enteras que deben ser llenadas para que al final a uno le nieguen el paso de una prestadora de salud a otra y no quede camino distinto que recurrir a la tutela.

Quienes han estudiado por fuera y llegan a Colombia a convalidar su título ¡que se armen de valor y paciencia! porque en ese asunto el Ministerio de Educación está rajado por completo. ¿No habrá mejor manera de acelerar este proceso?

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Es importante que haya plazos que sí se cumplan. Que cada trámite frente al Estado tenga perentoriedad y, para eso, la propuesta de que aun los temas más complejos sean resueltos por el Estado antes de 15 días se hace indispensable, como propone el representante Reyes Kuri en un proyecto de ley que recién acaba de presentar al Congreso.

Si lo que este país quiere es transitar hacia la competitividad y la paz social entre quienes se encuentren de un lado y del otro de una ventanilla, hay que apostarle a la simplificación con hechos concretos y sin tanta carreta. Sería una buena herencia de este gobierno si se toma en serio la tarea. n